Especial para Desinformémonos.

El Alto, Bolivia.  El pasado 19 de noviembre, durante la masacre perpetrada a la población del distrito 8 del barrio de Senkata de esta ciudad,  tres de los cuatro hijos de la indígena aymara Leucaria Pongo Vargas, fueron detenidos. Desde temprano, las fuerzas militares y policiales se habían instalado en la zona de la ex tranca en el distrito 8 del barrio de Senkata. En helicópteros y tanques, agentes en tierra se coordinaban para reprimir a la población indígena de esta ciudad, que desde el 11 de noviembre y  días posteriores ya había sufrido muertos, heridos y detenidos. El motivo por el que el Ejército resguardaría las cisternas de la planta de combustibles de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) , provino de la fuerte presión al gobierno de facto de algunos sectores de la población urbana de La Paz, desabastecidas de algunos alimentos, gas residencial y gasolina. La protesta de alteños en los bloqueos y que impedía pasar los carburantes a la capital y provincias fue por la imposición del gobierno de facto, después de la renuncia del ex presidente Evo Morales el 10 de noviembre.

Militares en Planta de YPFB, Senkata, El Alto. Por Guide Choquetanga.

Según algunos testimonios de heridos y testigos señalan que incluso los militares habían metido dos cuerpos de indígenas a la planta de YPFB. En su afán por recuperar a sus muertos, los pobladores destruyeron algunas partes de la barda perimetral de concreto sobre la carretera La Paz-Oruro. Ese fue el motivo suficiente para que el Ejército comenzara con la masacre.

Militares en carretera La Paz-Oruro, Planta de YPFB Senkata por Guide Choquetanga.

“Le han cortado el cabello, fue pateado y cuando lo he visto hasta el miércoles (dos días después) lo he encontrado con cara y manos hinchadas”, señala sobre su hijo Igor de 18 años durante una conversación en la Iglesia de San Francisco, mientras se limpia las lágrimas que le corren por el rostro. Se trata de la visita que ella y su esposo Luis le hicieron donde además lo encontraron “demacrado, con la cabeza golpeada y sus pertenencias (fueron) robadas”.

Entre testigos de la masacre. Segunda de izquierda a derecha, Leucaria Pongo Vargas. Por Juan Trujillo.

Igor se encontraba en el teleférico morado de la Ceja, próximo a la principal zona de acceso a La Paz. Para asegurar la detención: “sus brazos y manos habían sido asegurados con alambres de metal”, además según narra Leucaria su cabello fue cortado, fue pateado para después encerrarlo en prisión. Con cara hinchada y con sus manos visiblemente lastimadas por los alambres pudo conversar desde el juzgado con su familia. Su otro hijo, Edgar y también detenido, tiene un trastorno mental, los policías lo habían amenazaron con llevarlo a la cárcel al centro de detención de menores de Cala Cala.

Después de la Masacre de Senkata, Militares ocupan la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, El Alto. 19/11/2019. Video por Harold Céspedes.

El pasado martes 17 de diciembre, el tribunal de justicia de El Alto, llevó a cabo la audiencia del menor Igor y otro joven de 15 años Kevin Calle Frauz. El juzgado determinó la “terminación anticipada” y los dejó en libertad de acuerdo a la ley 548 y le código “niño-niña adolescente”. Los menores salieron  de la cárcel después de un mes encerrados sin que se probara los delitos imputados. A Igor lo habían acusado del delito de “proxenetismo, trata y tráfico” y a Kevin por robo agravado, destrucción o deterioro de bienes del Estado, tenencia, porte o portación de (arma) ilícita”. A ambos, se le determinó en audiencia la culminación de su detención, por lo que pudieron salir definitivamente en libertad.

La madre de Rubén Hidalgo Mejía, chofer y herido en la masacre de Senkata del 19 de noviembre, quien prefiere no difundir su nombre, narra su testimonio sobre esa mañana afuera del Hospital Holandés: “Como perro nos hacen matar, ahí le han disparado en la cabeza, (una persona) ha quedado muerto en un ratito, mirando al helicóptero le entró la bala y ha muerto, al ratito. No podíamos escapar. Hemos visto en vida, hemos visto un caballero dijo mátenme a mí, no a mis hijos, le han gaseado”.

Carretera La Paz-Oruro, frente Planta de YPFB, barrio Senkata, sector 8. Por Guide Choquetanga

Ella estaba a escasas seis cuadras mientras el ataque se ensañaba contra la población civil. El helicóptero estaba ahí. “Como 5 horas a sangre fría, sin respeto han baleado a sangre fría, bala arriba y del suelo (disparaban) el gas. Han baleado con metralladora”.

Durante los días de intervención quirúrgica y recuperación de su hijo Rubén, su madre se ha dedicado a apoyarlo junto a su esposa Marlén: “A un joven lo han llevado (del hospital), con grandes clavos su mano, a otro con la quijada (destrozada)”. Hace unos días las víctimas mortales rechazaron la indemnización oficial el decreto 4100 del 5 de diciembre por considerar que la vida de un ser humano no cuesta 7 mil dólares que el gobierno ha intentado ofrecerles. Por lo contrario, demandan justicia para al menos 10 fallecidos durante la masacre del 19 de noviembre, sin embargo, todavía está pendiente nombrar a esos otros seis caídos cuyas familias han permanecido en silencio.

Mujeres indígenas aymara en Senkata, El Alto, 19 Noviembre 2019. Por Guide Choquetanga

Actualmente, el actuar de la policía de Bolivia a nivel nacional se coordina no solo con los centros regionales anti terroristas, sino con jóvenes mestizos, algunos originarios de Santa Cruz, miembros de los comités cívicos políticamente radicalizados. Ejemplo de ello, fue la noche del pasado 29 de noviembre en la plaza San Francisco de La Paz, un evento en la que al menos un grupo de estos comités se encontraban realizando un evento con la policía nacional, de tránsito, el cuerpo de atimotines, la Policía Internacional (Interpol) y hasta miembros de autoridades de migración. Hacia las 20 horas, algunas personas que se encontraban entre la gente que convivía con sus familiares y mirando a los uniformados les gritaron “traidores”, “fuera” y “vendidos”. Eso fue suficiente para comenzar a hacer sonar las sirenas de las patrullas y que una columna de policías  se desplegara por órdenes de mandos superiores para amedrentar y detener a personas sin probarles alguna falta o delito público. Ahí, un agente antimotines vestido de negro detuvieron a quien esto escribe intentando exhibir alguna falta, de un extranjero, ante los ojos de la gente que se sorprendió por la acción represiva. Durante al menos 20 minutos, sin que ninguna acción lo justificara me interrogaron, recabaron mis datos personales, huellas dactilares y motivos de mi visita en el país.

Video del acto de la Policía en la Plaza de San Francisco, La Paz y detención del antropólogo y periodista Juan Trujillo Limones. 29 de noviembre de 2019.

Minutos después , y a pesar de no hacer caso a mi intención de llamar a mi representación consular me llevaron en una camioneta sin placas, sin sellos o identificación oficial y junto a seis policías notoriamente estresados. Me trasladaron a la oficina de migración en la céntrica calle de Camacho. Después de 25 minutos y de haberme hecho firmar una “conminatoria” , con la que me comprometía a regularizar mi situación laboral en el país me dejaron en libertad. Pude identificar claramente al menos tres jóvenes mestizos y de tez blanca que se coordinaban con los policías nacionales y de migración. Incluso en ocasiones, los policías aceptaban sus órdenes y decisiones. En esa detención arbitraria se constató el paulatino nivel de imposición de la ley policial en el espacio público. La  plaza de San Francisco es uno de los principales lugares de encuentro público en la capital boliviana. Esa noche se había convertido en territorio donde la bota del policía y gobierno de facto impusieron su voluntad, fuerza y ley sobre ciudadanos pacíficos nacionales e internacionales. Una muestra más de como el régimen opta por acciones fascistas, para la demostración de su frágil fuerza y legitimidad popular.