Este domingo 31 de agosto, dio por concluido el XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Más de 600 personas se reunieron en el Municipio de Olintla, Puebla. Destacaron comunidades y organizaciones de los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Coahuila; así como de Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Alemania, Francia, Italia, Grecia y España.
En los foros de discusión y las exposiciones de los conflictos que viven las comunidades en el país, se resaltó que después de las reformas estructurales aprobadas por el gobierno del presidente Enrique Peña nieto, México ya no es el mismo. Nos enfrentamos a un minucioso y sistemático desmantelamiento de todos los mecanismos legales a los cuales los pueblos acudían para la defensa de su territorio. El derecho a la consulta, la propiedad social de la tierra, el municipio libre, ya de por sí débiles, normas ambientales: todo ha sido debilitado para abrir la puerta a inversiones de megaproyectos, enfatizaron los asistentes del encuentro.
Indicaron que entre los megaproyectos que los ha ido despojando de su territorio se encuentran hidroeléctricas que proveen electricidad a proyectos de extracción minera e hidrocarburos; carreteras y puertos que facilitan el despojo; acueductos que trasvasan cuencas para beneficiar complejos industriales, ciudades rurales que se encargan de lidiar con el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas, entre otros.
Además de comentar la nueva reforma del campo que intenta despojarlos de sus territorios, hablaron sobre las técnicas de extracción que ha ido dañando las reservas naturales: Es el caso de aguas profundas, las arenas bituminosas y, por supuesto, el fracking que amenaza con devastar una amplia franja de territorio en el norte y oriente de la república mexicana. Tras la reforma energética, el totonacapan y las huastecas (amplias zonas de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas) enfrentan la amenaza de la destrucción y contaminación de sus fuentes de agua, a partir de la proliferación de proyectos de fractura hidráulica para la extracción de gas lutita.
La detención de Marco Antonio Suástegui del CECOP, así como el levantamiento de órdenes de aprehensión a decenas de defensores integrantes del MAPDER, fueron ejemplos para demostrar que además también existe una estrategia de guerra y represión para debilitar la lucha social y al defensa de la tierra.
Por todo lo anterior los integrantes del XI encuentro exigen: la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos y las concesiones mineras en la Sierra Norte y todo el Estado de Puebla. Exigimos la cancelación de la instalación del gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como la central de generación de energía eléctrica en Huesca Morelos, proyecto que representa un riesgo mayor al estar en la zona de peligro eruptivo del volcán Popocatepetl. Rechazamos los proyectos para extracción de hidrocarburos que se tienen planeados en la Sierra Norte de Puebla. Exigimos el esclarecimiento y justicia del asesinato de Antonio Esteban Cruz, miembro de la CNPA-MN opositor a la Presa Cuamono. Exigimos la libertad de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solis y Abraham Cordero Calderón, presos políticos por resistir la imposición del Proyecto Integral Morelos y de la autopista arco Poniente, en la región Izta Popo.
Así mismo acordaron: Nos declaramos en pie de lucha, en defensa de nuestro territorio y en rechazo total las contrarreformas estructurales, convocamos a la unidad nacional en defensa de la vida y nuestros territorios, nos sumamos a las acciones unitarias en contra del despojo convocadas en todo el país, refrendamos la convocatoria para celebrar los 100 años del ingreso de los ejércitos campesinos revolucionarios (La División del Norte y Ejercito Zapatista) a la Ciudad de México el 6 de diciembre, exigimos la reparación integral de los daños ocasionados por la minera Cananea a los ríos del estado de Sonora y la cancelación definitiva de esta mina propiedad del Grupo México, exigimos el cese inmediato de la represión y la criminalización de quienes luchamos en defensa del territorio y de la vida, seguiremos impulsado nuestros propios modos de vida comunitarios y pugnamos por un proyecto alternativo energético en México y Latinoamericano.
