Madrid, Estado Español. En la tarde del martes 22 de julio, la Audiencia Provincial de Granada ordenó la puesta en libertad de Carlos Cano, 25 años, licenciado en Medicina y miembro del 15M de Granada. Tan sólo nueve días antes, Carlos había ingresado en prisión para cumplir una condena de tres años de reclusión. Su presentación de forma voluntaria se dio después de que el Juzgado de lo Penal de esa ciudad dictara ejecución de sentencia. Carmen Bajo, 56 años, en paro y con un hijo adolescente a su cargo, también fue sentenciada al mismo tiempo de privación de libertad, tenía una prórroga para ingresar en prisión hasta finales de este mes de julio. La libertad de Carlos es provisional, a la espera de la resolución de una petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.

Carmen y Carlos formaban parte de un piquete informativo que recorrió varios puntos de su ciudad durante la Huelga General que tuvo lugar en el Estado Español el 29 de marzo de 2012, convocada por sindicatos y movimientos sociales (entre ellos, el 15M), en contra de la Reforma Laboral impuesta por el gobierno del Partido Popular. En la legislación española, los piquetes informativos constituyen un instrumento de carácter legal que sirven para impedir (o tratar de impedir) que los empresarios dificulten el derecho a la huelga. Formados por grupos de trabajadores, su misión es informar a otros trabajadores de los motivos de la misma para que, así, se unan a ella. Los piquetes recorren los diferentes centros de trabajo, reparten en sus puertas información escrita, explican los motivos o gritan consignas, lemas o reivindicaciones. Son, en definitiva, un instrumento tanto para informar y aclarar dudas a los trabajadores sobre la huelga, como para neutralizar en la medida de lo posible, las presiones de los empresarios, a veces no muy sutiles, para que no la realicen.

Los piquetes informativos siempre han estado en el punto de mira de los empresarios aún en aquellas épocas en que ninguno de ellos se atrevía a poner en duda o querer restringir el derecho de huelga, algo que ha empezado a cambiar en los últimos años¹; pese a que el Tribunal Constitucional ha confirmado en numerosas sentencias la legalidad de los piquetes, empresarios, policías e incluso algunos jueces y fiscales traten de hacer ver que los piquetes, lejos de ser informativos, son coactivos y violentos.

En el caso de Carmen y Carlos, formaban parte de un piquete de unas 200 personas que recorrió varias calles de la capital granadina; después de haber sido identificados por la policía, la propietaria de un bar dijo reconocerles como autores de coacciones y amenazas y la denuncia terminó en un juicio penal en el que el fiscal pidió un año de cárcel y una multa de más de 3.500 euros. Los acusados admitieron que formaron parte del piquete, pero negaron que amenazaran a la dueña o que hubieran hecho pintadas o causado daños en el local y la única prueba que se presentó contra ellos fue el testimonio de la mencionada dueña, ya que ni la Policía se personó en el juicio ratificando esa versión ni acudieron los clientes del bar a testificar en contra de los acusados; aun así, el juez estimó no sólo que eran culpables, sino que la pena pedida por el fiscal era muy leve y en su sentencia les condenó a tres años de cárcel, además de la multa. Cabe señalar que, según la legislación española, si la sentencia condenatoria es inferior a dos años y no hay antecedentes penales, es posible evitar la entrada en prisión, hecho que el juez ha querido impedir al imponer una pena tan desproporcionada.

Carlos y Carmen han recurrido sus sentencias, pero estas han sido ratificadas por los distintos estamentos judiciales; también han solicitado el y se han dirigido al Tribunal Constitucional; y están dispuestos a llevar esta injusticia a Tribunales Internacionales, para que se considere que la condena es fruto de un intento de reprimir el derecho de huelga.

Con ser esta situación extraordinariamente llamativa, en el Estado Español hay casi 300 personas, sindicalistas en su mayoría, con causas abiertas por denuncias de la policía durante el ejercicio del derecho a la información (darla y recibirla), en diferentes huelgas y conflictos, con penas que, sumadas, juntarían más de 125 años de cárcel; decisiones como la del juez de Carmen y Carlos se repiten, con demasiada frecuencia últimamente, como en el caso de Ana y Tamara, dos trabajadoras gallegas acusadas de tirar pintura y jabón líquido a una piscina, que enfrentaron un juicio en el que el fiscal pedía 6 meses de cárcel y la Audiencia Provincial de Pontevedra aumentó a tres años de prisión y que en estos momentos también están a la espera de un indulto que evite su entrada en prisión.

Más allá de querer eliminar el derecho fundamental a la huelga, el gobierno, la policía y algunos estamentos judiciales, están empeñados en dificultar todo tipo de protestas e incluso en impedirlas, usando para ello el miedo; en esta línea van tanto los proyectos de reforma del Código Penal como la nueva Ley Ciudadana de Seguridad, más conocida como la “Ley Mordaza”, que, con una evidente falta de respeto por los valores democráticos, pretenden criminalizar cualquier acto de protesta con el objetivo de hacer desaparecer los espacios de participación política que se dan en los espacios públicos, que las protestas desaparezcan de las calles y que, mediante la imposición de fuertes multas y penas de cárcel, se silencien las voces críticas y quede la sensación de que la ciudadanía está conforme con lo que el gobierno impone.

Pero los movimientos sociales siguen en la calle y no están dispuestos a salir de ella y esconderse, pese a la amenaza de unas multas que podrían llegar a los 600 mil euros. El 15M sigue manteniendo sus Asambleas y Grupos de Trabajo en muchos barrios, las Mareas (Blanca de Sanidad, Verde de Educación, Naranja en defensa de los Servicios Sociales, Roja, por la ciencia y Granate, de los emigrantes), sigue estando en la calle; la Plataforma de Afectados por las Hipotecas continúa con su trabajo al que se han unido Oficinas de Vivienda vecinales que funcionan de forma totalmente autónoma y autoorganizada en numerosos barrios, etcétera… Y a todas estas iniciativas se están sumando en las últimas semanas un incipiente movimiento municipalista que comenzando por Barcelona (Guanyem Barcelona) y siguiendo por Madrid (Ganemos Madrid), se está extendiendo a algunas ciudades más del país (Valladolid, Zaragoza y varias poblaciones al sur de Madrid, entre otras), con unas características que, apostando por un asalto institucional, ponen el énfasis en desbordarlo, no en administrarlo, para que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes decidan cómo debe de ser la ciudad en la que viven y para que quien acceda a los ayuntamientos estén al servicio de lo que decidan los ciudadanos, rindiendo cuentas ante ellos y llevando adelante un programa no elaborado en los despachos o en reuniones de dirigentes políticos, sino fruto de la consulta y decisión ciudadana a través de encuentros y asambleas, para lo cual, lo importante y urgente no es la construcción de acuerdos electorales ni la confección de candidaturas que simplifiquen la “sopa de letras” de las fuerzas presumiblemente de izquierdas, sino la creación y consolidación de un potente movimiento ciudadano cuyas bases se han venido construyendo desde hace años.

¹ Recientemente la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) además de una nueva reforma laboral, recomienda una ley orgánica de huelga muy restrictiva a la hora de su convocatoria, además de haber emprendido una ofensiva en el plano internacional, para que sea suprimida como derecho por la limitación de derecho, sino por la supresión como tal de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). http://www.publico.es/dinero/529190/ofensiva-de-los-empresarios-para-que-la-huelga-no-sea-un-derecho

28 de julio 2014