Durante la visita de la Misión de Observación en Zacualpan, Colima, para documentar las afectaciones de la vida comunitaria y cultural de la población indígenas debido a los proyectos estractivistas, destacó que prevalece el contubernio, la impunidad y la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno del estado y federal.

En el documento el grupo señaló que alrededor del 44 por ciento del territorio de esta entidad está concesionado a diferentes empresas privadas de capital nacional y extranjero para la extracción de minerales con un total de 360 concesiones, siendo el estado con más territorio dado a las mineras en el país.

Los habitantes de Zacualpan, han resistido a la imposición de una minera de oro a cielo abierto de la empresa Gabfer SA, propiedad del empresario Rogoberto Verduzco Rodríguez, quien se ha encargado de aplicar la estrategia de debilitar el tejido social para dividir a la comunidad y facilitar su trabajo para la extracción del mineral.

La criminalización, persecución y amenazas contra las y los defensores de los derechos humanos, se ha concretado en las amenazas de muerte mediante mantas y carteles en el pueblo, señalando de manera directa contra miembros de la organización Bios Iguana.

Territorio libre de mineras

Este pueblo nahua se ha caracterizado por importantes triunfos tanto en el terreno político como jurídico. A finales del año pasado la comunidad logró nombrar un comisariado ejidal ajeno a los intereses de las empresas y los partidos políticos, la votación se dio en un contexto de militarización de su territorio, amenazas de muerte y hostigamientos.

Por medio de una asamblea los pobladores lograron destituir al anterior comisariado, por razones de corrupción, y declararon a Zacualpan territorio libre de minería. El Tribunal Agrario Unitario dictó una sentencia reconociendo la legitimidad de esa asamblea.

A pesar de esa victoria legal, el balneario Ojo de Agua, de propiedad ejidal, estuvo administrado durante años por personas de filiación priista y ante la sentencia del Tribunal, fue ocupado violentamente por este grupo.

Represión arma para detener la resistencia

En el mes de septiembre del 2014, la Comisión Permanente del Congreso local exhortó al gobierno de Colima para que usaran la fuerza pública contra personas ajenas a la comunidad que intentaran alterar el orden, en referencia a varios colectivos que apoyaban la lucha de los indígenas.

La mina a cielo abierto se pretendía construir a un kilómetro de un manantial de agua que afectaría de manera directa al Ojo de Agua e implicaría la afectación de especies en peligro de extinción.

Debido a los severos conflictos en este pueblo del estado de Colima, un grupo conformado por académicos; organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientales, abogados, medios de comunicación tanto nacional como internacional  crearon la Misión de observación con el objetivo de escuchar y documentar los dos partes en conflicto y resaltar las causas del problema, sin embargo no obtuvieron respuesta del gobierno.

Las organizaciones que hicieron parte de la misión hacen responsable al gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, de cualquier acto de violencia hacia la población por la falta de oficio político para resolver los conflictos generados por la extracción minera.

Los diferentes colectivos y organizaciones estarán alertas ante cualquier agresión del gobierno y de la empresa a los indígenas y señalaron que establecerán una Comisión de Verificación para exigir a los funcionarios públicos municipales, estatales y federales que cumplan con sus compromisos, para seguir complementando la información.