Ciudad de México, 23 de enero del 2015. A cuatro años de recurrir a las instancia jurídicas, la tribu yaqui, en Sonora, no cree más en el Estado de Derecho y han decidido apelar a las instancias internacionales para continuar con la defensa de su río sagrado, tras el anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde validó la operación del Acueducto Independencia y reconoció el derecho del gobierno del uso del agua de las cuencas del Río Yaqui y Sonora, Tomás Rojo, vocero de la Tribu Yaqui , considera que la Corte no va al fondo del asunto porque «el acueducto es una obra totalmente ilegal desde su construcción, sus derechos de agua, de operación hasta el manifiesto de impacto ambiental, no hay consulta a los pueblos, sin embargo está operando y ha manejado más de 30 millones de metros cúbicos de agua y a pesar de esto el gobierno se empeña en defenderla».

Dos yoeme, Mario Luna y Fernando Jiménez, actualmente están presos y dos más tienen orden de aprehensión, además el hostigamiento continua en los ochos pueblos que hace parte de la tribu yaqui, la policía hace rondas en las noches, varias personas han recibido llamadas de intimidación. «Sabemos que la fabricación de delitos es la única herramienta que tiene el gobierno para frenar la resistencia de los pueblos, pero está más que comprobado que no es así, al contrario, genera más rabia e indignación en la población y ese el ambiente que se siente en los pueblos».

Sobre la consulta el vocero yaqui, Tomas Rojo, explicó que no van a permitir que continúe sin las garantías suficientes para que se haga bajo los estándares internacionales y mientras no se libere a Luna y Jiménez seguirán intensificando las acciones sociales. Además informó que el próximo lunes iniciarán una campaña nacional e internacional junto con Amnistía Internacional, personalidades y organizaciones sociales, para recolectar firmas para exigir la libertad del secretario y vocero yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez.

Para el vocero yaqui es incomprensible que la SCJN permita que el acueducto continúe operando sin un manifiesto ambiental. El ocho de mayo del 2013 la corte ordenó al gobierno realizar una consulta a la tribu yaqui, que actualmente está detenida, porque no reúne las condiciones que exige la Organización Internacional del Trabajo (OI) en el convenio 169, donde deben ser previas, libres e informadas, «nada de eso se ha cumplido, el acueducto está funcionando, tenemos dos compañeros presos por oponerse al acueducto y la información a las comunidades sobre el proyecto ha sido totalmente falsa, creando simplemente ilusiones en la gente de que va a generar muchos empleos», manifiesta Rojo.

«Hay muchos intereses de políticos y empresarios de por medio, que aunque la ley nos dé la razón, no pasa nada», denunció el vocero yaqui, y anotó que ya son cuatro años en esta lucha jurídica, y ha sido suficiente para derrotar al gobierno del Estado, pero tiene un sabor amargo, porque esas victorias no se han reflejado en la realidad «esto nos hace creer cada vez menos en el Estado de Derecho».

A pesar de que los yaquis ganaron todos los recursos legales que interpusieron contra la obra, ésta se encuentra terminada casi en su totalidad, con dos de las cuatro bombas hidráulicas en funcionamiento. Los ocho amparos ganados, que legalmente llevan a la cancelación del Acueducto que abastecería a empresas instaladas en Hermosillo, no evitaron la amenaza al agonizante río Yaqui, parte fundamental de la cosmogonía y vida de la nación yoreme.

Esta obra es uno de los proyectos más ambiciosos del gobernador panista Guillermo Padrés Elías, quien anunció la construcción del acueducto en el 2010, que llevará las aguas, que por derecho ancestral les pertenece a la tribu, hacia Hermosillo, capital de Sonora, para nutrir a las industrias. La obra tendrá una longitud de 175 kilómetros con un volumen de 75 millones de metros cúbicos de terminará de secar el río Yaqui, que desde hace casi veinte años palidece por las tres presas construidas, una río arriba y dos abajo.

El ambiente en Vicam, epicentro de la lucha contra el acueducto, es de unión y tranquilidad, pues la gente, expresa Rojo, cada vez cree menos en el Estado. «El gobierno manda un mensaje de desconfianza, porque la corte no resuelve nada a pesar de que todas las batallas jurídicas la hemos ganado, la justicia nos ha dado siempre la razón, pero sus resoluciones son ambiguas, no resuelve los conflictos y terminan agudizándolos más».

Sin embargo, la tribu yaqui siempre ha guardado las esperanzas en esa justicia y manifiestan que seguirán ese camino porque están convencidos que tienen la razón. «Nosotros no dejaremos atrás la movilización social, porque ellos lo que quieren, con estas decisiones, es generar un ambiente de incertidumbre pero no nos queda de otra si es que queremos resolverlos por la vía legal», refiere Tomas Rojo y apunta que con todas las batallas jurídicas a su favor, la tribu yaqui tomó la decisión de remitirse a las instancias internacionales, como una de las siguientes acciones.

Los bloqueos en la carretera federal número 15 ha sido uno de los recursos sociales para presionar al gobierno de que desista de este proyecto, a raíz de esta lucha Mario Luna y Fernando Jiménez, secretario y vocero respectivamente, fueron apresados en septiembre del año pasado acusados de privación ilegal de la libertad y robo de auto.

Las pruebas contra los dos líderes yaquis presentadas por el fuero común ya se agotaron, indica Rojo ya se logró saltar esa parte, gracias a un amparo ahora deben de enfrentar a la justicia federal. «Sabemos que no existen los elementos procesales porque fueron fabricados, no van a tener argumentos para tenerlos apresados, así que esperamos que muy pronto puedan obtener su libertad».