Ciudad de México, 27 de enero del 2015. La impunidad, el despojo, el desplazamiento forzado y ahora un proyecto carretero, que atravesará siete municipios en el estado de Chiapas, entre ellos al poblado de Banavil, Tenejapa, donde el cuatro de diciembre del 2011 un grupo aproximadamente de 50 hombres miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asesinaron, desaparecieron y despojaron de su territorio a tzeltales simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), amenaza a los tzeltales quienes continúan fuera de sus territorios en condiciones de extrema pobreza y sin ninguna garantía de respeto a sus derechos humanos, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El caso de Banavil se ubica dentro de la guerra insurgente que se mantiene en el sureste mexicano, mencionó Azalia Hernández, encargada de comunicaciones del Frayba y anotó que en esta entidad son miles de campesinos e indígenas que han sido desplazados por los conflictos armados internos y por los megaproyectos de infraestructura y estractivistas que continuamente amenazan no sólo sus territorios, sino también sus tradiciones y la vida comunitaria, con la siempre estrategia gubernamental de la división y debilitamiento del tejido social, que en muchos casos son contra pueblos base y simpatizantes del EZLN o aquellos pueblos que le han apostado a un proyecto de autonomía.

Hace cuatro años en el poblado de Banavil, fueron desplazadas 13 personas y amenazadas con armas de fuego, por grupos priistas y donde el tzeltal, Alonso López Luna, fue desaparecido y posteriormente el gobierno le entregó a su familia el brazo que correspondía a este hombre, sin ninguna investigación a fondo y tres años después aun se desconoce su paradero o lo que supuestamente le sucedió, por eso para su familia una de las exigencia continúa siendo la presentación con vida de López Luna, manifestó el Frayba.

Carretera San Cristóbal – Palenque

No sólo el poblado de Banavil se verá afectado por este proyecto vial que tendrá una inversión de más de 10 mil millones de pesos y cuyo objetivo será el de ahorrarle a los turistas al menos dos horas de camino de la ciudad San Cristóbal a Palenque, pero que afectará a varios ejidos, sitios sagrados como la Laguna del Suyul, además de la flora y fauna, informó la comunicadora del Frayba.

El gobierno de Manuel Velazco Coello, ha asegurado en diferentes ocasiones que ha realizado una amplia consulta con las comunidades indígenas, sin embargo el centro de derechos humanos, que acompaña en la denuncia de la violación de los derechos humanos que viven estas mismas comunidades, expresó que la información del gobierno ha sido nula y lo único que ha hecho es dividir a la población ofreciendo proyectos a cambio de la autorización de los pueblos para que la carretera pase por sus tierras y en el caso de las comunidades base de apoyo del EZLN, que no dialogan con ninguna institución gubernamental, la carretera se desviará para no afectarlos, informó el gobierno de esta entidad en una conferencia de prensa pasada.

Las condiciones de los desplazados, continua siendo precaria, actualmente viven en San Cristóbal de las Casas, sin acceso a la salud, vivienda, educación o trabajo, asimismo les han negado el derecho a la tierra y el territorio, donde han roto el vínculo con su comunidad, denunció el centro de derechos humanos.
Campaña “Rostros del Despojo”

El poblado de Banavil, junto con San Marcos Avilés y el ejido Viejo Velasco, han padecido el despojo de sus territorios, es por esto que el Centro de Derechos Humanos Frayba, lanzó una campaña para visibilizar estos casos, además de alertar a los ciudadanos y organizaciones nacionales e internacionales, de las múltiples amenazas que persisten para las familias y para que estas violaciones a los derechos humanos no continúen en este estado, refirió la comunicadora Hernández.

El gobierno del estado de Chiapas ha negado la condición de desplazamiento forzado interno, los indígenas han hecho varias denuncias y han logrado documentar de manera muy amplia sus casos, pero la respuesta de la Fiscalía Indígena ha sido proteger a los agresores, acusó el Frayba.

Estas trece personas que no han podido retornar a su territorio le exigen al gobierno que presente con vida a López Luna, además de la cancelación de las órdenes de aprensión contra dos tzeltales acusados de portación de armas de fuego y castigo a los verdaderos responsables, demandan el retorno a sus tierras y la no repetición de estas violaciones.

El centro de derechos humanos continuará la campaña hasta el mes de abril, con diferentes actividades para visibilizar este caso y poder alertar de las políticas contrainsurgentes y de despojo del actual gobierno de esta entidad.