México. Lo que demuestra la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa es el grado de imbricación entre la clase política, los empresarios y el crimen organizado, sostiene el analista Luis Hernández Navarro, experto en temas de educación y director de opinión del diario La Jornada. El mensaje del ataque “es para todos” en México, considera.

Los ataques de la policía municipal de Iguala a los estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, dejaron hasta el momento a seis personas asesinadas y 43 desparecidas, y se inscriben, de acuerdo con el analista político, en tres factores: un ambiente de ataque continuo a los normalistas; la impunidad de las agresiones contra luchadores sociales en Guerrero que hace pensar que quien cometa un crimen de este tipo no será castigado (por ejemplo, de los asesinatos de los estudiantes Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Hernández en 2011, así como de tres integrantes de Unidad Popular de Iguala en 2013, por no mencionar las masacres de Aguas Blancas en 1995 y de El Charco en 1998); y el clima delincuencial que domina amplias regiones del estado, con la absoluta imbricación entre el crimen organizado y la clase política.

“Esto da lugar a un crimen de Estado, liso y llano”, aclara Hernández Navarro, autor de No habrá recreo. Contra-reforma constitucional y desobediencia magisterial. Quienes produjeron seis muertos y 43 desaparecidos fueron policías que de día visten uniforme, y por la noche sirven a los cárteles, pues “son lo mismo”. El alcalde de Iguala, José Luis Abaraca, y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, se encuentran prófugos desde el 1 de octubre.

En analista llama la atención en la defensa que hizo el Partido de la Revolución Democrática –“específicamente la corriente Nueva Izquierda- del hoy prófugo alcalde: “Hasta el último momento. Y así están defendiendo a (el gobernador) Ángel Aguirre”, resalta. El presidente municipal fue acusado, el año anterior, de haber sido directamente el asesino del dirigente social Arturo Cardona, de Unidad Popular.

Los cárteles escisión de los Beltrán Leyva, como Guerreros Unidos, poseen políticos en todos los niveles de gobierno, y Guerrero es un territorio en disputa entre ellos, por lo que “pudieron sentir amenazado su poder” con la presencia de los normalistas, además de que “creen que tienen derecho a hacer lo que quieran con ellos”. A otra gente le ha pasado lo mismo, pero no lo habían podido hacer visible, sostiene.

El normalismo, bajo ataque

El analista puntualiza que no se puede hablar de un ataque planeado contra la Normal –pues no estaba planeado que los estudiantes fueran a Iguala-, pero advierte que en el país existe un clima de animadversión que permite los ataques contra los estudiantes, promovido por quienes ven afectados sus intereses –que en el caso de Guerrero pueden ser empresarios y dueños de autobuses, por ejemplo.

La campaña contra este tipo de educación se legitima en una leyenda negra: que son “semilleros” de guerrilleros, comunistas o radicales. Hernández Navarro señala que si bien en sus aulas estudiaron líderes como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, también de ellas egresaron políticos priistas y líderes sindicales corruptos.

“El que sus causas o métodos parezcan radicales es un indicio de la magnitud de la agresión que sufren”, escribió en 2010 la historiadora Tanalís Padilla para el diario La Jornada.

El normalista de Tiripetío, Michoacán, Camilo Ceja, explicó a Desinformémonos en octubre de 2012, que “las Normales rurales que hay en el país son importantes porque son una creación del pueblo y una exigencia de la misma sociedad a partir de la Revolución Mexicana. José Vasconcelos y Álvaro Obregón dan la apertura a la educación, retoman la Constitución de 1917 y se crean las 40 Normales para cubrir la necesidad de que haya más docentes, porque no había quienes dieran esa educación. En ese entonces la mayoría de las poblaciones eran rurales y ya hubo docentes para ir a los lugares más alejados”.

Las Normales nacen para responder a dos ideas de la Revolución Mexicana, explica Hernández Navarro: a la necesidad de crear los profesionales propios del Estado para impartir la educación pública, laica y gratuita, y a la de realizar una gran cruzada educativa. “Los maestros rurales tuvieron un papel muy importante en la lucha contra el fanatismo religioso. Fueron perseguidos por los cristeros, hoy refuncionalizados en organizaciones como Mexicanos Primero”, relata. También jugaron un papel fundamental en la promoción de la reforma agraria durante el cardenismo, y en la integración del Partido Comunista.

El analista John M. Ackerman escribió que en el sexenio de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, “la cantidad de estas instituciones se multiplicó exponencialmente y se fortaleció su carácter cooperativo y social. Desde hace casi un siglo, dichos planteles han abierto simultáneamente importantes oportunidades educativas y laborales para los jóvenes de las zonas más marginadas, y han sido esenciales para garantizar una educación pública humanista, crítica y de calidad”.

Sin embargo, la mitad de las Normales desaparecieron en 1968, bajo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz; para 2012 quedaban abiertas 16 de ellas. En la década de los sesenta se les calificó de nido de guerrilleros, pues de sus aulas salieron quienes asaltaron el cuartel Madera –episodio fundacional de la guerrilla mexicana. En la década de los noventa comenzaron las reducciones de matrícula, con lo que aumentaron las acciones de protesta de los estudiantes, como tomas de autobuses y bloqueos carreteros.

Las normales, resumen Luis Hernández, están permanentemente hostilizadas.

Un ejemplo de la dinámica de cierre de una Normal se puede ver en el caso de la del Mexe, en Hidalgo. En el año 2000, en el transcurso de una huelga de hambre estudiantil en la que fueron apresados los jóvenes, ocurrió un ataque de la policía estatal al plantel; alumnos y padres de familia respondieron, tomaron presos a los elementos de seguridad, los pasearon desnudos y, finalmente, los intercambiaron por los chicos detenidos. En 2003, las autoridades determinaron desaparecer el régimen de internado, bajo el argumento del “autogobierno” de los estudiantes, y de supuestos abusos hacia los más jóvenes. Se envió a los estudiantes a tomar clases a otras sedes, y paulatinamente se redujo la matrícula hasta llegar a su cierre, en el año 2008.

La exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, hoy presa bajo acusaciones como delincuencia organizada, insistió en el año 2010 en el desmantelamiento de estas escuelas, surgidas del régimen revolucionario: “No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, pero si no hacemos esto (el cierre) van a seguir con lo mismo”.

La historiadora Tanalís Padilla explicó, también en 2010, que las Normales fueron concebidas para que los profesores fueran líderes de sus comunidades, con elementos para oponerse al poder de hacendados y el clero. Si se suma eso al origen humilde de los alumnos y a la experiencia de vida colectiva con estudiantes provenientes de condiciones similares, se explica “esa particular sensibilidad de los normalistas rurales hacia la injusticia”.

En el año 2012, los normalistas de Michoacán fueron atacados en sus escuelas en el transcurso de una protesta contra la reforma educativa estatal; en 2011, en Guerrero, dos estudiantes de Ayotzinapa fueron ejecutados por funcionarios estatales durante un bloqueo en la Autopista del Sol. Los autores intelectuales, acusan los jóvenes y centros de derechos humanos, siguen impunes. Los jóvenes tienen ya bastante experiencia de ser reprimidos, encarcelados y desaparecidos. “No hay más que hacer el recuento, Tiripetío, Zacatecas, otra vez Ayotzinapa”, señala el analista. “es una estrategia gubernamental de confrontación violenta”.

Las normales, explica Luis Hernández, “son tan necesarias como siempre”, pues hay 28 millones de mexicanos viviendo en el campo y 20 millones en pobreza extrema. “Es ahí donde está el mayor nivel de analfabetismo y de falta de educación terminal, y es en esos lugares –donde los otros maestros no quieren trabajar- a donde van los normalistas rurales. Sí hay una misión”, concluye.