Leonor Villa Ortuño, supuesta suegra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Hernández, aseguró que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue patrocinado por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

En un presunto interrogatorio, la suegra del alcalde de Iguala asegura que sus hijos pertenecen al crimen organizado y su yerno protege al grupo criminal Guerreros Unidos.

Mario Pineda Villa y Alberto “El Borrado Mario Pineda, operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y hermanos de la esposa del edil fueron ejecutados en 2009 por traicionar a Arturo Beltrán Leyva.

En el video del interrogatorio difundido por el periódico Reforma, se le pregunta a la madre de los hermanos Pineda si conoce al gobernador Ángel Aguirre Rivero; responde: “Sí lo conozco, porque mis hijos patrocinaron su campaña de diputado a gobernador”.

Asegura también que su yerno protege al cártel de Guerreros Unidos a cambio de una cuota mensual de dos millones de pesos: “Maneja a su antojo a todos los comandantes y policía municipal de Iguala”.

– ¿Quién dio la orden de patrocinar la campaña del gobernador Ángel Aguirre Rivero? –le preguntan a la mujer.

– Arturo Beltrán Leyva.

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Desde octubre del año pasado, la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN) entregó al gobierno federal y al PRD testimonios que involucraban al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Hernández, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con el narcotráfico.

Miembros de IDN entregaron al gobierno federal el testimonio de un sobreviviente de las torturas y ejecuciones ordenadas por el edil.

Nicolás Mendoza, testigo de la ejecución del líder social Arturo Hernández Cardona, aseguró que le propio edil mató al líder perredista de un escopetazo en la cara y otro en el pecho y posteriormente fue abandonado en una fosa. Este testimonio, certificado ante notario, fue entregado a las autoridades.

René Bejarano, líder de IDN, compartió con el periódico Reforma sus notas sobre los antecedentes criminales de Albarca Hernández y su esposa.

Narró que denunció ante el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los antecedentes delictivos del edil de Iguala, sin que ninguno tomara medidas al respecto.

De acuerdo con el testimonio de sobrevivientes, el centro comercial Plaza Tamarindos de Iguala es propiedad de Albarca, donde tiene locales de venta de oro, y se presume que en el lugar se realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El diario detalla la forma en que fue ejecutado Arturo Hernández Cardona, quien también fuera militante del PRD.

Todo inició con un mitin en protesta contra el edil, que por la tarde se dispersó. Un sector de la dirección política de la Unidad Popular abordó una camioneta modelo 2010 color blanca con placas de circulación del Distrito Federal, propiedad de Arturo Hernández Cardona. Tenían la intención de dirigirse a sus oficinas, ubicadas en el número 70 de Aldama.

Entre los tripulantes se encontraban: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, dirigente de la organización Lucio Cabañas, Ángel Román Ramírez, de Patria es Primero, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa, de la Unión Campesina Emiliano Zapata y Jimmy Castrejón, del equipo Tierra y Libertad:

“Llamó su atención que muy cerca de la caseta de cobro de la autopista, estacionada, se encontraba una camioneta sin placas de circulación marca Ford modelo Ranger, doble cabina de color roja con salpicaderas de color crema a bordo de la cual se alcanzaban a distinguir cuatro ocupantes de sexo masculino y una mujer sentada en el asiento del volante, quien tan luego Arturo emprendió el trayecto por la carretera hizo una llamada telefónica y puso en marcha su camioneta para seguir a la Pilot Honda.

“Héctor y Efraín, dos de los cinco sobrevivientes de la tragedia, dedujeron que eran ‘Los Halcones’ que avisarían a los secuestradores que las víctimas avanzaban por la planta asfáltica, pues dando vuelta a la primer curva después de la caseta, tan solo aproximadamente a 600 metros de iniciado su trayecto fueron interceptados por cinco sujetos armados con pistolas quienes iban a bordo de una camioneta gris marca Dodge.

“Obligados a bajar de la camioneta, los líderes sorprendidos se mostraban atónitos. Arturo Hernández Cardona forcejeó con uno de los hombres armados, lo que propició que recibiera una herida de bala en su pierna derecha. Ese momento de confusión fue aprovechado por Jimmy Castrejón quien huyó del lugar sin que pudieran detenerlo los agresores. En su huida, Jimmy saltó por una cerca de alambre, se le desprendió una prótesis de un brazo que se quedó ahí sin que su propietario pudiera recuperarla.

“Los agresores obligaron a subir apilados en los asientos traseros de la camioneta de Arturo a los siete secuestrados. Héctor Arroyo fue sometido boca abajo en el piso del vehículo. Erróneamente pensó, lo dice con ironía, que eran policías judiciales los atacantes que los habían detenido y que los conducirían hacia alguna dependencia gubernamental y que posteriormente recuperarían su libertad. Nada de eso aconteció”.

Los secuestrados fueron vendados de los ojos, les taparon los oídos, los ataron de pies y manos, sufrieron golpes en el abdomen y en las piernas, mientras eran interrogados sobre por qué protestaban contra el presidente municipal.

“La medianoche del pasado sábado, Bejarano habló del tema en el Consejo Nacional del PRD. Su discurso fue un balde de agua helada. Narró cómo José Luis Abarca, el acalde perredista apoyado por la corriente Nueva Izquierda, asesinó personalmente a compañeros de su partido incluido Arturo Hernández e informó que los hechos habían sido denunciados ante Murillo y Osorio. ¿Por qué no actuó el Gobierno federal?”, pregunta Bejarano ahora”, refiere la nota de Reforma.

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“Son puras mamadas, esos cabrones ya se fueron pa’ la sierra”, expresa un policía estatal mientras observa un impresionante convoy de patrullas y tanquetas artilladas que transporta a cerca de 400 agentes federales que arribaron para asumir el control de la seguridad en esta ciudad colapsada por la narcoviolencia.

El operativo federal se implementó a más de una semana de que policías municipales y sicarios actuaron en contubernio para detener, ejecutar y desaparecer a normalistas de Ayotzinapa, y a unas horas de que el grupo delictivo Guerreros Unidos colocó dos mantas en diferentes puntos de la ciudad, donde emplazó a las autoridades federales y estatales a liberar a los uniformados detenidos por estos hechos violentos; de lo contrario, el narco revelará los nombres de políticos coludidos con la delincuencia.

Al respecto, el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, informó que cerca de 400 policías de las divisiones de Gendarmería y Operaciones Especiales permanecerán en Iguala hasta que se aclaren los hechos de violencia y se restablezca la seguridad en esta ciudad de la zona norte de la entidad.

En declaraciones al término de una reunión con autoridades municipales y estatales en la sede del ayuntamiento igualteco, Galindo Ceballos dijo que la presencia federal en este lugar pretende evitar que vuelvan a ocurrir hechos de violencia.

Ello después de que la semana pasada 23 personas fueron asesinadas, 24 más resultaron heridas y al menos 26 normalistas desaparecidos en diferentes ataques realizados por policías y sicarios en contra de estudiantes, deportistas y civiles.

Los agentes federales arribaron a las 16:00 horas y coparon los hoteles de Iguala; luego salieron a recorrer las calles en medio de un impresionante despliegue que provocó asombro y reproches entre la ciudadanía y policías estatales que desplazaron a las autoridades municipales.

“Hubieran llegado antes, ahora ya para qué”, expresa una mujer que asegura que en este momento Iguala se ha convertido en “la ciudad más segura” de la entidad.

Un policía estatal expresa su molestia ante lo que califica como “espectáculo mediático”, al argumentar que los jefes del grupo delictivo Guerreros Unidos huyeron de la ciudad y se refugian en la parte serrana de la franja de Mezcala.

“El Ejército que se encuentra asentado en Iguala nunca hizo nada para frenar a esos cabrones y la Federal menos”, indica el agente que se retira del lugar a prisa y lanzando gritos a sus compañeros para que detengan a un joven que estuvo tomando fotografías con su teléfono móvil a los policías federales que desfilaban por el centro de la ciudad y a reporteros que documentaban afanosamente la acción tardía de las autoridades federales.

Por su parte, Guerreros Unidos deja constancia de su presencia en este lugar, considerado como su bastión, al lanzar amenazas a los gobiernos federal y estatal por lo que consideran una traición y emplazaron a las autoridades a liberar a los 22 policías detenidos por los hechos violentos.

De lo contrario, advirtieron que van a revelar los nombres de los políticos que fueron beneficiados por esta organización criminal dirigida por Salomón Pineda Villa, El Molón, señalado por autoridades federales como cuñado del alcalde perredista con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien se encuentra prófugo junto a los jefes policiacos que dieron la orden de detener y entregar a los normalistas de Ayotzinapa a sicarios.

Por su parte, este día se suspendieron las labores de búsqueda de cadáveres en el predio de Pueblo Viejo, donde oficialmente fueron exhumados 28 cuerpos, entre ellos dos mujeres, de cinco narcofosas ubicadas en este lugar, considerado como un cementerio clandestino utilizado desde hace cuatro años por Guerreros Unidos.