París, Francia. Después de un año en el gobierno, la izquierda liberal en el poder no ha hecho más que acelerar las medidas de austeridad, con las consecuencias que ellas provocan sobre el nivel de vida de la población. De esta manera, le ha permitido al empresariado y a los accionistas quebrar aún más las prestaciones sociales de los trabajadores y el conjunto de los sistemas de solidaridad para una crisis de la cual los franceses no son responsables. Sólo sirve para enriquecer a los bancos con casi 50 millones de intereses que el Estado les revierte.

El gobierno ha previsto un plan de rigor de 60 millones de euros sobre cinco años. Y ha anunciado « que deberá encontrar de 4 a 5 millones  más el próximo año ». Estas restricciones han sido decididas para los hospitales y para las colectividades locales: serán 1.5 millón menos en el 2014 y 3 millones menos en el 2015. Lo que no presagia nada de bueno para los usuarios.

Para los agentes (escuelas, hospitales, colectividades territoriales), estas economías tendrán un impacto sobre las condiciones de trabajo, como el « congelamiento » de los salarios, el recurso a contratos precarios, la disminución de los efectivos y las privatizaciones galopantes.

Cierre de fábricas y  despidos masivos

Según la continuidad de las políticas antisociales llevadas estos últimos años por Sarkozy, el gobierno actual, llamado « socialista », permite al empresariado despedir a miles de trabajadores (PSA, Sanofi, Goodyear, etcétera) sin que esto le cause algún problema. Por el contrario, ya que ha aceptado el cierre de la planta siderúrgica de Florange (en el noroeste de Francia). Los asalariados en lucha contra los cierres de sus fábricas sólo tienen su fuerza y la solidaridad de los demás trabajadores para oponerse a la voracidad de los capitalistas. Los trabajadores  de Citroën, en Aulnay, lo han entendido muy bien luego de 15 semanas de lucha.

En los periodos de « crisis », los grandes financieros intensifican la lucha de clases al destruír las condiciones de vida de los trabajadores, bajo la benevolencia del gobierno actual, que les atribuye una ayuda de 20 millones de euros por año a nombre de la competitividad.

La última medida: la ley de aseguramiento del trabajo

Esta ley pasó casi desapercibida: el debate sobre las bodas gay y los asuntos de Jérôme Cahuzac (diputado corrupto), de manera muy afortunada retuvieron la atención de los medios. Sin embargo, aquella ley tendrá consecuencias graves para los trabajadores. Le dará al empresariado la posibilidad de facilitar las formas de despidos, de modular el tiempo de trabajo para mucho más flexibilidad, de bajar los salarios y, al fin, imponer la movilidad.

Cesantía y jubilaciones

Las próximas negociaciones de la Unedic, abocadas a definir las reglas de la indemnización de cesantía para los próximos años. se anuncian preocupantes. Lo mismo para las jubilaciones complementarias hoy, y el régimen general mañana. Aunque nada sea oficial por el momento, la voluntad del gobierno es aumentar el tiempo de cotización necesaria para recibir una jubilación completa. Esto estima que el abismo de las jubilaciones aumentará a 20 millones de euros en el 2020. Y es justo el mismo importe que el gobierno le ha ofrecido al empresariado.

El pasado 11 de enero del 2013, las organizaciones sindicales empresariales (MEDEF, CGP, UPA) y algunas  de « asalariados » (CFDF, CFE-CGC, CFDT) llegaron a un Acuerdo Nacional Interprofesional (ANI) llamado de « aseguramiento del empleo ». Este acuerdo es un prejuicio tremendo a los derechos de los trabajadores y pone en tela de juicio las prestaciones sociales, al imponer siempre más flexibilidad a los asalariados y así facilitar los recursos de despidos. Para que sea aplicado, este acuerdo debe ser traducido en ley. Las declaraciones recientes de Laurence Parisot del MEDEF (sindicato empresarial) que exige que este acuerdo « sea respetado a la letra » y la voluntad del presidente de la república François Hollande que anuncia querer « transcribir fielmente este acuerdo en ley » con el propósito de ser « leal frente a los firmantes », no presagia nada bueno para los trabajadores.

El empleador tendrá la posibilidad de imponer una reducción del tiempo de trabajo o una disminución del salario dentro del marco de « los acuerdos de mantenimiento del empleo ». Si el asalariado la rechaza, este se verá despedido por motivo « económico » y este motivo será inatacable.

El empleador podrá también despedir por motivo « personal » cualquier asalariado que rechace un traslado a otro rincón de Francia, aquí, se trata de un chantaje al empleo. Las disposiciones que tienen que ver con los despidos económicos serán más flexibles. El acuerdo prevé dos recursos. El primero relega a las instancias representativas de la plantilla firmar con el empleador un « acuerdo de método ». Sin embargo, los plazos se verán acortados, con una limitación del derecho de alerta del Comité de la empresa.

Los elegidos al Comité de empresa no podrán informar, como se debe, a los asalariados de los despidos previstos, ya que en adelante esta « confidencialidad » estará dictada por los ejecutivos. ¿El propósito? Evitar cualquier movilización y réplica colectivas por parte de los asalariados. El empresariado y sus aliados buscan con estas medidas quebrar y recortar aún un poco más el código del trabajo: un acuerdo de empresa podrá ganar sobre la ley.

La segunda medida de este ANI, al facilitar los despidos económicos, atribuye el poder de control a la administración del trabajo (Inspección del Trabajo) – la cual no tendrá realmente los medios de ejercerlos – ya que el plazo atribuido es demasiado corto; y porque hoy en día no logra ejercerlo plenamente debido a que se encuentra ya frente a un sub-efectivo y una infradotación presupuestaria.

Para colmo de los males, los plazos de prescripción se ven reducidos: los dos años para acudir a un juez han sido acortados a un año dentro del cuadro de despido colectivo y económico. En cuanto a las notificaciones de los salarios y las horas extras, el plazo pasará de 5 años a 3 años.

A pesar de las movilizaciones poco seguidas los días 5 de marzo y 9 de abril, la ley fue votada en la Asamblea Nacional el 26 de abril y ratificada por el Senado el 21 de mayo, con el uso del recurso llamado « voto bloqueado », para impedir el voto de las enmiendas depositadas una tras otra, y sólo favorecer un voto global del proyecto de ley.

Según análisis y panfletos de la CNT

Publicado el 27 de mayo de 2013