Número 115    octubre2013
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Guatemala exige justicia

En Guatemala, dos procesos actuales dan esperanza a miles de familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante la época de la guerra que arrasó el país durante más de 36 años. El ex general Efraín Ríos Montt está bajo proceso por genocidio, y este lunes 21 de enero continúan las audiencias en su contra.

Susana Norman
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Nuestros muertos jamás nos los pueden regresar, pero es necesario que sus asesinos sean sentenciados. También necesitamos respuestas, ¿qué les pasó, dónde fueron a parar, y donde están sus restos?

Paulina Chiguil

 

El Diario Militar y la Condena del CIDH

En el mes de mayo de 1984 una gran parte de la dirigencia de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), fue desaparecida por el régimen militar encabezado por el General Oscar Humberto Mejía Víctores. En el año 1999, nombres de decenas de los líderes estudiantiles, a la par de nombres de otras personas civiles que desparecieron en los ochentas, aparecen en  el Diario Militar, filtrado desde las fuerzas castrenses por individuos anónimos. El documento contenía fichas de 183 individuos que fueron desaparecidos entre agosto 1983 y marzo de 1985. La mayoría de las fichas aparecen marcadas como “código 300”, que significaba que la persona ya había sido asesinada; en muchos casos después de meses en el cautiverio militar. El hallazgo del Diario Militar es único porque permitió documentar  el último paradero de más de un centenar de miles de víctimas de la desaparición forzosa durante la guerra. Además prueba la existencia de un minucioso sistema de exterminio de aquellas voces que el Estado consideraba los enemigos del orden establecido y obstáculos para los intereses económicos y políticos de los oligarquías en el país.

Paulo René Estrada Vázquez es hijo de Otto René Estrada Illescas, quien fue secuestrado el 15 de mayo del 1984. Su ficha contiene el código 300. “El hallazgo del Diario Militar fue la evidencia de que no estábamos locos, y de que efectivamente el secuestro de mi padre fue como nosotros decíamos.  A mi papá lo secuestran en el centro de la capital el 15 de mayo del 1984, y lo ejecutan el  1 de agosto del mismo año, lo que quiere decir que lo tuvieron durante varios meses, saber bajo qué torturas”. Paulo forma parte de una asociación de 28 familias que han promovido el caso del Diario Militar ante la CIDH. Recibieron la noticia sobre la sentencia de la CIDH con satisfacción, pero a los pocos días, por acuerdo gubernamental, Guatemala decidió no reconocer las sentencias sobre casos que ocurrieron antes de que Guatemala se adhiriera al sistema interamericano de justicia, que fue en 1987. A pesar de que el acuerdo fue derogado solo unos días después, presuntamente por presiones internacionales, el hecho muestra la falta de voluntad del Estado guatemalteco de reconocer su responsabilidad sobre los crímenes de guerra y acercarse a una justicia para los y las víctimas.

El genocidio ayer y hoy

Los acuerdos de paz se firmaron entre el estado guatemalteco y la dirección de la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) en 1996. Guatemala procuraba salir de una guerra que entre el golpe de estado del 1954 y los Acuerdos de Paz en 1996 dejó más de 200 mil asesinados, más de 45 mil desaparecidos, millón y medio de desplazados internos, y comunidades enteras arrasadas por las fuerzas castrenses. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de la Naciones Unidas, el 93 por ciento de las atrocidades cometidas en contra de la población fueron realizadas por las fuerzas del Estado, regulares e irregulares. La misma comisión confirmó que entre los años 1981 y 1983 el Estado guatemalteco identificó a grupos del pueblo maya como el enemigo interno, y que cometió genocidio en contra de los cuatro grupos lingüísticos Maya-Q’anjob’al y Maya-Chuj, en Barillas, Nentón y San Mateo Ixtatán del Norte de Huehuetenango; Maya-Ixil, en Nebaj, Cotzal y Chajul, Quiché; Maya-K’iche’ en Joyabaj, Zacualpa y Chiché, Quiché; y Maya-Achi en Rabinal, Baja Verapaz[1].

A pesar de una lucha incansable de miles de sobrevivientes de torturas y masacres, familiares de asesinados, y organismos de lucha social, Guatemala ha dado pocos pasos hacia lograr justicia y poner fin a la impunidad que día tras día ata el país a su pasado. Las estructuras militares y oligarcas se mantienen intactas, y los sistemas de justicia son débiles o corruptos.  Las causas sociales y económicas que dieron origen a la guerra siguen permitiendo el despojo, la explotación  y el desprecio a la mayoría de la población.  Los megaproyectos de minería, hidroeléctricas y monocultivos siguen condenando a la muerte la población maya y rural; o a aguantar descargas de represión si deciden hacer uso de su derecho a la consulta y a la vida. El 4 de octubre pasado ocurrió la primera masacre perpetrada por el ejército contra indígenas en tiempos de “paz”.  Siete indígenas del departamento Totonicapan, que participaron en una manifestación pacífica en contra de las altas tarifas de luz eléctrica, cayeron muertos después de que sus cuerpos recibieron múltiples balas de armamento militar.  La condena internacional es casi ausente. Las embajadas que en los ochentas también fueron blancos de guerra, hoy cuidan sus intereses económicos en el país, muchas veces ligados al sector extractivo.

Pocos militares han sido sentenciados por las atrocidades cometidas durante la guerra, y hasta ahora ninguno de ellos por genocidio.  El capítulo más oscuro de la guerra fue entre 1981 y 1983, durante los periodos presidenciales de Romeo Lucas García y del General Efraín Ríos Montt. Doctrinas militares ocultadas ante la sociedad, que con los años fueron filtradas, como Victoria 82, Firmeza 83, y Plan Sofía visibilizan y documentan la planificación y la ejecución de la estrategia contrainsurgente y de tierra arrasada en los territorios indígenas del occidente altiplano guatemalteco. Como miembro del Congreso, el ex General  Efraín Ríos Montt ha gozado de inmunidad, y hasta enero del 2012, cuando dejó su puesto después de 12 años en el Congreso, se logró iniciar el juicio por genocidio en su contra.

Gobierno electo- estado militarizado

En 2012 asumió el poder el Partido Patriota, encabezado por el ex General Otto Pérez Molina, quien tuvo a su cargo la región Ixil durante los años sangrientos de Ríos Montt. El pueblo de Ixil sufrió los costos más altos por la campaña miliar de tierra arrasada durante los ochentas, y el CEH confirma que entre 70 y 90 por ciento de las comunidades de la región fueron exterminados, ya que el gobierno consideraba que los Ixiles tenían “un carácter subversivo”. Hoy, las atrocidades cometidas en contra de los Ixiles forman parte del expediente en contra de Ríos Montt, y el interés del presidente actual en trabar el juicio parecería evidente.  A mediados del 2012 el gobierno de Pérez Molina desmanteló los Archivos de Paz, una de las instituciones creadas a partir de los acuerdos de paz de 1996 para promover la paz, la verdad y la reconciliación en el país. Los archivos fueron fundados hasta el año 2008, pero durante el breve tiempo que funcionó se habían logrado digitalizar alrededor de dos millones de documentos gubernamentales relacionados a la guerra en contra del pueblo de Guatemala. En días recientes su gobierno decretó restringir la información sobre la organización y equipo del ejército de 1982 por siete años, decisión que muchos consideran como parte de la estrategia encaminada a obstaculizar los procesos de justicia y verdad en el país, y cerrar las puertas necesarias para que él y sus colegas evadan la justicia.

María, de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), Guatemala,  explica: “tenemos un Estado militarizado, no sólo por el hecho de que el presidente actual es un militar kaibil, sino porque en este gobierno, todas las Secretarias del Estado tienen a un militar metido. Con los gobiernos pasados tampoco hubo mucha voluntad, pero por los menos eran civiles; y algunos pasos, por chiquitos que fueran, se lograron dar. Pero ya no nos importa que los militares kaibiles intenten ocultar esta información, tenemos suficiente ya para documentar el genocidio y la responsabilidad del actual presidente en las masacres”.

¿Amnistía para las genocidas?

A pesar de que el juicio contra Efraín Ríos Montt lleva ya un año, sus abogados hacen lo posible por trabar el proceso.  Una negación de los hechos carecería de credibilidad, y su defensa hasta ahora ha consistido en utilizar el recurso del amparo por amnistía para que su cliente quede impune.

El martes 22 de enero la Corte de Constitucionalidad resolverá si validan la amnistía o no. La propuesta de los abogados de Ríos Montt parece ser posponer lo que con sentido común debería de ser inevitable y necesario; una condena al ex general Efraín Ríos Montt por genocidio. “Los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra no pueden ser amnistiados y Guatemala debe cumplir su compromiso internacional de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de esos casos”, afirmaron los abogados del organismo de derechos humanos CALDH, que acompañaron a las víctimas en una audiencia la semana pasada.

El actual juicio en contra del ex General es fruto de muchos años de lucha de amplios sectores de la sociedad civil en Guatemala. La lucha por la justicia no es fácil, y las personas que han decidido ser parte de ella, saben que la determinación de luchar puede tener costos muy altos. Muchos y muchas han sido asesinados durante esta búsqueda.  La Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), fundada por 22 comunidades de cinco regiones del país donde se cometió genocidio, lleva el caso en contra del ex General. Si los jueces resuelven a favor de otorgar amnistía a Ríos Montt, los víctimas y sobrevivientes de la guerra deberán presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual significaría esperar otros años más antes de obtener la justicia. Ante la pregunta de para qué sirve una sentencia, si Ríos Montt y otros generales sentenciados alegan que por su avanzada edad no podrán permanecer en la cárcel, María explica: “Yo creo que para mucha gente lo más importante quizás no es la encarcelación, o no sólo eso. Es más bien poder sentarnos en frente de los que nos asesinaron, verlos y pronunciar ante la Corte qué nos hicieron, y nombrarlos por lo que son:  genocidas. Y que quede grabado en la historia de Guatemala, para sus hijos y sus nietos que ellos son los genocidas que masacraron a muchos pueblos en Guatemala”.


[1] http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/conc2.html

Testimonio de la familia de Carlos Guillermo Ramírez Gálvez

Carlos Guillermo Ramírez Gálvez era joven y estudiante cuando fue desaparecido por el ejército guatemalteco en el año 1984. El nombre de su padre apareció en el Diario Militar en el 1999, junto con 182 nombres más. Su familia forma parte de una asosiación de 28 familias de los y las desaparecidos, que han promovido el caso ante la CIDH.

Testimonio de Samuel Villatoro

Samuel Villatoro es hijo de Amancio Samuel Villatoro , quien fue desaparecido por el ejército guatemalteco en los años ochenta. El nombre de su padre apareció en el Diario Militar en el 1999, junto con 182 nombres más. Samuel forma parte de una asosiación de 28 familias de los y las desaparecidos, que han promovido el caso ante la CIDH.

Testimonio de Paulo René Estrada

Paulo René Estrada Vazquez es hijo de Otto René Estrada Illescas, quien fue desaparecido por el ejército guatemalteco en el año 1984. El nombre de su padre apareció en el Diario Militar en el 1999, junto con 182 nombres más. Paulo forma parte de una asosiación de 28 familias de los y las desaparecidos, que han promovido el caso ante la CIDH.

 

Publicado el 21 de enero de 2013



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