Roma, Italia. “¿Cómo puedo renunciar a un derecho?“, se preguntó Ilaria, una trabajadora del sector público de 30 de edad, cuando le pidieron que firmara un papel en el que renunciaba “expresamente a cualquier derecho o pretensión derivado de la actividad desarrollada en la institución y con el término de la misma”. Se trata de un documento similar a muchos otros firmados cotidianamente por personas que, como Ilaria, deben pelear todos los días por conservar su empleo en una Italia que camina su cuarto año de crisis económica. Y es que a estas alturas, tal como declaró Elsa Fornero, ministro del Trabajo, “el empleo no es un derecho, sino algo que debe ser ganado incluso a través del sacrificio”.
El documento no tiene sellos ni nada que lo haga parecer oficial. En él se especifica la presencia de un representante sindical que ella jamás vio, y de un subdirector de área que desconoce. A este tipo de texto le llaman “el verbal” (verbalino, en italiano), y es obligatorio para poder firmar el contrato que le permitirá a Ilaria trabajar un par de meses más. “La primera vez que lo firmé sentí mucha vergüenza. Yo quería rebelarme, gritarles algo, pero no pude y firmé. Fue la primera vez. Ahora lo he firmado tantas veces que me lo tomo con humor. Cada dos meses renuncio a mis derechos”.
En los últimos meses, el gobierno ha puesto en la mesa de discusión una serie de reformas para flexibilizar aún más el mercado de trabajo. En un contexto de deterioro constante de la calidad de vida de los italianos, la generación de Ilaria es una de las más afectadas por la crisis, pues además de no conocer la estabilidad laboral, es incapaz de llegar a fin de mes con el salario que percibe (entre 400 y 700 euros). Ilaria, al igual que la mayoría de sus coetáneos, vive con la ayuda de sus padres porque “con las actuales condiciones de trabajo es difícil que los jóvenes de entre 20 y 35 años puedan independizarse por completo”.
Pero no sólo es el salario y las condiciones de estabilidad las que definen la precariedad en el empleo, las empresas y el sector público se las han ingeniado para hacer que la gente trabaje incluso sin percibir remuneración alguna, basta con la promesa de que un buen desempeño puede ser premiado con un contrato “verdadero”. Le llaman stage o tirocinio formativo, que sería normal dentro de un periodo razonable de prácticas y aprendizaje luego de terminar la universidad, pero que aquí, tal como señala Nicola, de 31 años de edad, se ha convertido en una forma de explotación con cero garantías.
Nicola explica que el gobierno incentiva a las empresas que ofrecen puestos para hacer el stage. Los empresarios, añade, “únicamente deben demostrar -sin ninguna obligación de cumplir- que existe la posibilidad de que quien hace las prácticas puede llegar a ser contratado; además, deben demostrar que el stagista aprendió algo. Pero con el tiempo esta práctica se ha convertido en un trabajo más, una manera de hacer que mano de obra calificada haga trabajos no calificados. Algo muy cómodo para las empresas. Yo terminé de estudiar en 2007, tengo experiencia y ya no debería estar haciendo prácticas, sin embargo no tengo trabajo y debo probar alternativas”.
La particularidad del stage en el que participa Nicola es que paga por aprender mientras trabaja. Las prácticas son parte de un curso de formación en el sector del web marketing. “Yo no tenía experiencia y es algo que quería aprender, sin embargo hay gente que tiene experiencia y no tiene necesidad de hacer prácticas, pero como te abren una posibilidad mínima de que te quedes a trabajar en la empresa, pues lo aceptas”.
El stage es una modalidad de exploración pura, reitera Nicola, quien lleva un año desempleado a pesar de contar con una licenciatura en Historia y un master en Derechos Humanos. Sus “prácticas” consisten en redactar dos o tres artículos al día sobre varios temas, que se publican en un famoso portal de internet, las ganancias del portal se basan en la publicidad vinculada a los contenidos redactados por los stagistas. Nicola sonríe mientras comenta: “El otro día vi un anuncio en el que se buscaba un stagista con tres años de experiencia en el sector del web marketing, obviamente sin sueldo, me impresionó tanto que lo colgué en Facebook”.
La precariedad laboral es una dura realidad en Italia desde hace más de diez años, pero el fenómeno se ha recrudecido con la última crisis económica, que azota con particular fuerza a toda Europa. Actualmente existen por lo menos 43 tipologías de contrato que separan artificialmente (por remuneración, tiempo y expectativas), a categorías similares de trabajadores. La precariedad y el desempleo afectan principalmente a los jóvenes, de hecho, según el ISTAT (Instituto Nacional de Estadística), el desempleo alcanza a 31 por ciento de las personas entre 15 y 24 años (algunos medios locales manejan cifras hasta del 35 por ciento). Por otro lado, de cada cien contratos que se firman en este país, 86 son precarios.
Las llamadas “medidas correctivas” para el mercado del trabajo, implantadas por el gobierno de Mario Monti y operadas por la ministro del trabajo, Elsa Fornero, han terminado por poner a los trabajadores contra la pared. Ello a pesar de ser presentadas como reformas para “acabar con los abusos hacia los precarios”, y para combatir el desempleo, que alcanza al 9.5 por ciento de la población económicamente activa ( 2 millones 500 mil personas), según datos oficiales.
En particular, la reforma al artículo 18, aprobada el 26 de junio pasado por el Parlamento italiano, supone un cambio radical con respecto a la manera en que se ha venido regulado el mundo del trabajo en los últimos 40 años. En esencia, la también llamada “ley Fornero” se basa en tres grandes ejes: facilidad de salida; facilidad de entrada, y amortiguadores sociales. Según la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL, por sus siglas en italiano), mientras en el primero de estos ejes se estaría hablando de “despidos fáciles”, el segundo y el tercero significan la “normalización” de la precariedad, por un lado, y la eliminación de una serie de normas que protegen económicamente al trabajador ante una eventual suspensión de la producción, sin que el patrón tenga que recurrir al despido, una particularidad del antiguo sistema de protección social italiano.
El otro lado de la crisis son los recortes al gasto público. El pasado 4 de julio, el gobierno decretó la reducción del presupuesto destinado a la salud (4 mil millones de euros), la educación (200 millones de euros) y se está por instrumentar una nueva reducción del personal que trabaja en el sector público (10 por ciento trabajadores, 20 por ciento de dirigentes). Refiriéndose al último rubro del también llamado “spending review”, Elsa Fornero declaró en la Universidad de Turín que el recorte será “durísimo”, pues “el de los empleados públicos no es un mercado, y tiene reglas distintas”.
Lucía, de 30 años de edad, sabe muy bien de lo que habla la ministro. Su historia, además de incluir una “infinita serie de renovaciones del contrato que llega hasta el días de hoy”, es la de muchos empleados que han padecido la desaparición o “fusión” de los organismos públicos públicos en los que trabajan, como parte de la sínteses administrativa que se impulsa desde los tiempos de Silvio Berlusconi.
“En el último año del gobierno de Berlusconi se dio una campaña agresiva contra el trabajo público a partir de la corrupción del sistema. Hace dos años esta campaña llevo a la supresión de muchos institutos públicos de investigación, entre ellos el mío, que es el Instituto de Investigación sobre la Seguridad en el Trabajo, que terminó por unirse al Instituto de Aseguraciones, creando un evidente conflicto de intereses”.
“Por eso la mía –agrega Lucía- es también una historia que se vincula a la disminución del gasto público a los servicios sociales -me ocupo, irónicamente, de la seguridad en el trabajo-; pero también con la corrupción que existe en este país. Yo no me había dado cuenta de las irregularidades en mi trabajo, hasta que empezaron a ser cada vez más los trabajadores contratados por el dirigente del instituto sin ningún concurso público de por medio. Como precarios, decidimos denunciar tanto nuestra situación laboral como las irregularidades al interno del instituto, todo ello lo hicimos por fuera del sindicato, porque ellos no nos defienden. Nos amenazaron porque presentamos nuestra denuncia en una reunión intersindical. Hoy trabajamos bajo niveles de acoso insoportables.”
Con el nuevo gobierno de Monti, señala Lucía, “no mejoraron las cosas. La situación general es que hay pocas posibilidades para los jóvenes, se ha creado un embudo dentro del sector público, ya que se han bloqueado las contrataciones de personal que sustituye a los trabajadores que se jubilan. La perspectiva es buscar más allá de la administración pública, pero en el sector privado las cosas no están mejor, además de que cuando trabajas en el público es difícil que se te contrate en el privado.”
Lucía, visiblemente conmovida, afirma que “si el sector público no puede mantener a los precarios, entonces muchos de nosotros estaremos seguramente desempleados el año que entra. Por otro lado, con la lógica corrupta del público, las futuras contrataciones no serán las mejores porque, al menos por lo que he visto, los concursos no son transparentes”.
Hoy son los jóvenes y los pensionados los que más resienten la crisis. Massimo, de 69 años de edad, trabajó 33 años como chofer del servicio urbano y diez años más como técnico metal mecánico. Ahora lleva diez años con una pensión que ha sido reducida. “Para nosotros ni este año ni el próximo se adecuará el monto de la pensión al costo de la vida. Si ya de por sí es muy baja la pensión, ahora queda en nada. Antes nos jubilábamos a los 60 años, ahora a los 67. Y para las mujeres es peor, pues se les carga el peso del sostenimiento de la casa. Antes ellas se jubilaban a los 55 años, luego a los 60 y ahora también a los 67. Los hombres tienen que cumplir 42 años y tres meses trabajando y las mujeres 41 años y tres meses”. Por eso, advierte, “lo que sigue es continuar la lucha y organizarnos junto a los trabajadores precarios”.
Publicado el 9 de julio 2012
