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Soy la hermana Henriqueta Cavalcante, tengo 50 años y coordino la Comisión Justicia y Paz en la Regional Norte de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), que comprende los estados de Pará y de Amapá. Por enfrentarse a la explotación sexual y a la trata de personas, que forman parte de una cruel realidad en esta región, la Comisión ha ganado mucha credibilidad y reconocimiento. Éstos son dos crímenes cometidos por redes bien organizadas y muy fortalecidas y que están relacionadas con otros dos sistemas: el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Mi trabajo supone mucho riesgo, porque se trata de enfrentar esas redes y hace más de dos años que recibo amenazas de muerte por ello.

Lo que encontramos es una realidad muy dura y cruel, una situación de abandono y de miseria, un gran número de niños y niñas violentados sexualmente por las redes de traficantes. Descubrimos muchas irregularidades que son causadas por los propios funcionarios de esos municipios y por la absurda inexistencia de políticas públicas: no existe control de los recursos que entran ni del servicio que deben brindar los funcionarios. No queda duda alguna de que ello también fortalece la entrada de niños, niñas y adultos en la dinámica, en la arquitectura de esas redes de criminalidad, porque la miseria es muy grande. La desigualdad social hace que sean los propios niños y niñas quienes busquen un modo de sustento. Ésa es una realidad.

Es una gran afrenta para las redes criminales el trabajo preventivo que hacemos con los talleres y con las campañas de divulgación de materiales que ayudan a las personas a encaminar sus denuncias. El resultado de todo esto también es peligroso. Es un trabajo que nos deja en una situación de vulnerabilidad muy grande, tanto a las familias que denuncian, como a nosotros, defensores de derechos humanos. Es justamente lo que pasa hoy en mi vida.

Comencé a recibir amenazas en el 2009, como respuesta a nuestra lucha contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La Comisión es un espacio abierto para acoger denuncias y encaminarlas, y esto acabó por incomodar. Incomodó a personas grandes, poderosas del estado de Pará, y trajo para mí una situación de riesgo y de peligro. Empecé a ser amenazada.

Recibo amenazas de muerte directamente por teléfono, o indirectamente. Los amenazadores crean una manera de eliminarnos, son inteligentes y tienen estrategias. Utilizan diferentes maniobras: mandan decir que los estoy incomodando; me envían recados de diversos modos, pero siempre nos enteramos.

No cabe duda, estas redes del crimen tienen un gran deseo de que, de algún modo, yo sea responsabilizada y, para ellos, eso significa que yo pague por haberlos denunciado.

Evidentemente las amenazas se dan en respuesta a los resultados satisfactorios que hemos tenido con nuestro trabajo. Por ejemplo, la condena a 21 años de prisión de una persona influyente de Pará, un ex diputado. Lamentablemente él fue condenado, pero está suelto porque esa es la cultura de la impunidad en que estamos. Aquí, la justicia sólo se aplica a aquellos que no tienen dinero. Los que lo tienen nunca van a la prisión.

Fue un caso muy emblemático, pensábamos que varias de las autoridades estaban fortaleciendo el derecho de los niños, niñas y adolescentes, pero todo lo contrario, estaban fortaleciendo las redes de criminalidad. En específico tenemos un caso muy representativo, una persona poderosa en el estado de Pará que llegó a prestar testimonio y la justicia constató con todas las pruebas y con todo el resultado del inquisitorio policial, el involucramiento de esa autoridad en la red de explotación sexual. Fue con eso que mi situación de seguridad en relación con la red criminal comenzó a estar comprometida.

Lamentablemente desde entonces ya no tengo la libertad de moverme con tranquilidad, sé que puedo ser sorprendida por alguien que ellos enviaron. Mi caso lo hemos hecho público y la prensa le dio visibilidad, pero ya no quiero dar detalles porque no me siento tranquila para hablar de ello. Cuando tuve la valentía de llevar adelante esta denuncia ante la «justicia» del estado, para que una de las personas que me había amenazado pudiera ser interrogada e investigada el caso fue ocultado, así que prefiero no decir nada más.

Lo que me da fuerza para seguir, es la búsqueda incesante de las familias que vienen a pedir socorro. Porque aquí todavía es un espacio de confianza, donde ofrecemos credibilidad para las familias. Es posible mirar la desesperación de la madre que está al otro lado del teléfono, en otra ciudad y que te está contando como el juez no condenó al pedófilo que violentó a su hija porque ella es una persona con discapacidad mental. Esas madres me llaman para pedir ayuda, preguntando qué deben hacer. Y hay que encontrar un modo. Creo que es la propia situación de abandono que viven muchas de esas familias, ¡eso es lo que nos da fuerza!

Los niños y niñas me dan fuerza. Las propias víctimas adultas me dan fuerza, cuando ellas se desesperan por encontrar justicia. Pero no cabe duda que la fuerza mayor viene de Dios. Dios es el sustento, es él en quien creo, en quién encuentro respuestas para seguir luchando y creer que todo lo que nosotros hacemos no es en vano, que es un trabajo necesario y que un día vamos a ver resultados. Porque en la justicia de Pará no se puede creer más.

Nosotros recibimos diariamente denuncias, ¡diario! No hay un solo día en que no recibimos una denuncia de explotación sexual, en muchos casos relacionadas a la trata de personas. En Pará la incidencia de la trata de personas con fines de explotación sexual es enorme, una de las más grandes del país.

Sin embargo, no existe un referente estadístico sobre este delito (la trata de personas), porque muchas familias aún no denuncian y muchas víctimas siguen silenciadas por el miedo. Si denuncian ¿cómo se quedan después? ¿Quiénes les darán protección en contra de estas redes tan poderosas y organizadas? También sucede que muchas veces la familia sabe lo que está ocurriendo y no lo consideran un crimen.

Muchas personas, víctimas de trata, son engañadas con falsas promesas de empleo y de crecimiento económico; cuando llegan al lugar “de trabajo” se dan cuenta de que la realidad es distinta, que es otro el escenario. Muchas veces, para aumentar su sorpresa, incluso el pasaporte y el boleto, que les había llegado con mucha facilidad, se convierte en deuda. Tienen que trabajar, trabajar y trabajar para poder pagar esa deuda, la cual, en vez de disminuir crece ya que les hace falta pagar para dormir y comer. La deuda de esas personas no tiene fin. Además de haber sido víctimas de trata, pasan a vivir bajo la condición de trabajo esclavo y así el sufrimiento de estos hombres y mujeres pasa a ser todavía peor.

Aquí, en esta región del Pará y Amapá, la mayor cantidad de tráfico de personas se hace hacia fuera de Brasil y tiene por fin la explotación sexual. Las víctimas son llevadas principalmente para Surinam y Cayena (capital de la Guayana Francesa). Estuve en Surinam y me quedé sorprendida, la mayoría de las personas que habían sido víctimas eran del Pará. En Amapá hay una ruta todavía más fácil, casi todas las jovencitas salen por el Oiapoque y ya de ahí es mucho más fácil llegar a Cayena. También muchas de ellas van hacia otros países: Holanda, Francia, etcétera.

La trata de personas con fines de explotación sexual, el tráfico de drogas y el tráfico de armas, son crímenes relacionados entre sí y tienen una muy fuerte presencia aquí en Pará. Nuestro trabajo ha sido intensivo sobre todo en la promoción de la prevención. Hemos invertido mucho en la región del Archipiélago de Marajó, en los 16 municipios, con un trabajo informativo intenso en el que involucramos a diversos sectores.

La sociedad civil tiene un potencial enorme para contribuir a combatir esas redes, pero necesitamos también de la participación de los órganos institucionales competentes; necesitamos de un Estado que cumpla con su papel, con sus competencias y responsabilidades.

Eso sí, lo que no podemos hacer es quedarnos como una sociedad que tolera. La tolerancia es peligrosa. La mejor manera de adelgazar los sistemas de criminales es logar que nadie entre a formar parte de ellos, que nadie responda a sus deseos. Creo que cuando las personas están informadas y tienen claridad, ellas mismas pueden contribuir a adelgazar esas estructuras del crimen.

Para esto realizamos campañas de información. Nosotros queremos fomentar acciones de prevención, pero también de represión del crimen. Necesitamos lograr que los delincuentes sean responsabilizados de sus acciones. Tenemos denuncias aquí de redes de criminalidad que esta ganando mucho dinero. Según datos de la ONU, la trata de personas es la segunda actividad, después del tráfico de drogas, que más ganancias aporta, a estos sistemas de delincuencia organizada.

Mi consciencia no me permite estar callada ante un crimen como este, en el cual la vida de las personas se convierte en una mercancía barata. El cuerpo de la gente es tratado como una cosa. Pareciera que las vidas humanas están en los estantes de los supermercados y con un valor muy bajo, o peor aún, sin ningún valor.

Publicado el 01 de Enero de 2012