Tiene doce lunares negros de distinto tamaño en su cara. Tiene un lunar tipo mancha roja bajo el ojo derecho. Tiene un tatuaje en el brazo derecho del sagrado corazón. Los retratos acompañan las descripciones de esos detalles que permiten identificarlos, que los hacen únicos.

La marea de madres brilla bajo el sol del mediodía en la ciudad de México. Una marea blanca coloreada por los retratos de los que faltan, por los relatos de sus detalles únicos que llevan frente al pecho.

Es el quinto año que las madres mexicanas y la gran gama de organizaciones de búsqueda de personas secuestradas y desaparecidas convierte el día de la madre en un día de lucha. No de festejo.

Araceli Salcedo viene marchando con la manta que luce el retrato de su hija Fernanda Rubí, de 21 años, secuestrada en un bar de Orizaba, en que se encontraba con sus amigas. El 7 de setiembre de 2012, 4 hombres entraron al local y se llevaron a la jovencita, sin que nadie intermediara.

Araceli es también esa misma madre que a fines de Octubre del año pasado, cuando el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se encontraba visitando esa ciudad, lo increpó delante de las cámaras de El Mundo de Orizaba, que difundió el video. Y sobre todo, permitió ver la sonrisa imperturbable del mandatario ante las siguientes palabras: “Usted viene aquí con su familia y las nuestra ¿dónde está? Sus fiscalías no sirven de nada, no nos ayudan en nada, señor. Aquí está su pueblo mágico, dónde nos desaparecen a nuestros hijos”

Araceli también integró la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, que en dos semanas de trabajo en campo en el municipio de Amatlán, en Veracruz, encontró 15 fosas clandestinas con cientos de fragmentos humanos que quedaron en manos de la División Científica de la Policía Federal, que colabora con el Equipo Pericial y de Investigación de la Procuraduría local, encargada de desenterrar el hallazgo de las familias de la Brigada.

Uno de los reclamos que la marcha de las madres en lucha hace este 10 de Mayo, es que los casos sean investigados por las autoridades federales, ya que las procuradurías estatales sólo brindan impunidad. Según publicó el reportero Paris Martínez, para Animal Político, desde el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México sostienen que la Procuraduría General de la República se ha negado sistemáticamente a que la nueva ley de Desaparición Forzada les asigne esa tarea.

“Colapsaría”, se rumorea por lo bajo. Pero la desconfianza en los representantes locales del Poder Judicial es tal, que ese es un dato menor.

“Las omisiones, la corrupción, las diligencias mal hechas son tales que ya no tenemos ninguna confianza en ellos. La respuesta que me dieron en el caso de mi hija, Fernanda Rubí, fue que la mandó a levantar algún jefe de plaza, porque es bonita, tal como le gusta a los narcos, ¿es esa una respuesta válida de parte de la justicia?”

Si en algún momento dudaron en que la desconfianza estuviese generalizada, lo confirmaron durante el trabajo en Amatlán. Además de las fosas encontradas, recibieron al menos 100 relatos de casos de secuestros sin denuncia penal.

“Fue muy duro todo eso. Un día llega una señora a dónde estábamos trabajando con la Brigada y me dice que le habían indicado que hablara conmigo, que yo podía ayudarla a encontrar a su hijo. Es mucha responsabilidad.”

Es, sin embargo, una satisfacción la búsqueda. Y sobre todo, los hallazgos.

“A pesar de que encontramos restos muy deteriorados, sí son rescatables. Nosotros que no somos expertos, ni gente preparada específicamente ni tenemos los recursos del estado para buscar, los hallamos. Vamos directo a la búsqueda, sin intermediarios. A pesar de que yo la busco con vida a mi hija, los distintos colectivos locales vamos a continuar con el trabajo en el terreno iniciado por la Brigada. Entiendo que esto funciona así, por réplicas, que lo que yo hoy hago en Veracruz puede ayudar a alguien en cualquier parte de la República y tengo fé que esa ayuda va a volver a llegar a mí de alguien más”

La clave en esto es que, así como el crimen ya no tiene una localización geográfica precisa, la ubicación de sus seres queridos tampoco tiene por qué guardar relación alguna con el lugar en que fueron arrancados de las vidas que llevaban.

Lo maravilloso de los grupos de los grupos de familiares en los distintos puntos del país fue que crearon un método de búsqueda en campo que es eficiente. Y se dedicaron a pasar ese conocimiento a todo el que estuviese dispuesto a aprenderlo.

Desde la otra punta de la República, Sandra Ruelas, integrante de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, relata cómo ya llevan documentados 250 casos en ese estado, a partir del 2008, en que decidieron organizarse tras el secuestro de su hijo.

Revisando la información de los casos pudieron llegar a notar ciertos patrones que se repetían en los crímenes: la ola de secuestros se dio fuertemente durante los años 2007 y 2008, en su mayoría de hombres jóvenes. La evidencia recolectada por el colectivo señala, en muchos casos, a las mismas personas o grupos como responsables de las desapariciones.

Ellos también apelaron, y lograron, que algunos de estos casos investigados por la justicia de “fuero común”, fueran atraídos por el ámbito federal. “Fuimos nosotros quienes acercamos la información que cosechábamos para forzar la participación de la justicia federal. Sin embargo, eso tampoco te da la seguridad de que el caso se resuelva. Lo que es claro es que todos perdimos la confianza en las procuradurías estatales.”

Fernando Oceguedas Ruelas, su hijo, tenía 23 años cuando un grupo armado entró a su casa y se lo llevó, frente a la mirada de su propia madre: “A mi casa entraron encapuchados, vistiendo uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones, – que funcionó durante dos años como el brazo operativo de la guerra contra el narco, iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón – que era parte de la PGR. Cuando fuimos a reclamar a estas instancias, nos dijeron que no tenían registro de ese operativo. Era el método usual por el que detenían a personas sospechosas, para traerlas a interrogar a la Ciudad de México. ¿Cómo podía saber yo que eso no era un operativo si venían de uniforme?”

Es doloroso, pero Sandra suelta por lo bajo que a su hijo ya no lo busca vivo. ¿En qué momento sucedió ese cambio? ¿Cuándo empezó a buscarlo muerto?
“Con el tiempo empiezas a escuchar cosas, te hacen saber qué pasó, te llega aunque no puedas confirmarlo. Sigue siendo muy difícil y todo apuesta a que te canses de este sistema al que no le interesa su propia gente. Lo pierdes todo, porque además lo dejas todo. Empieza hasta a afectarte económicamente.”

El no tener un acta de defunción de una persona, por ejemplo, hace que las deudas que haya contraído no cesen. “¿Cómo pruebas que tu hijo no se fugó del estado para no pagar y que fue secuestrado hace años? ¿Cómo consiguen las madres de nuestro estado fronterizo, a quien le arrebataron al padre de sus hijos, un permiso para sacarlos del país cuando migración pide la firma de él y ella no tiene como probar qué fue lo que le pasó?”

Al no constatarse la participación de algún agente de las fuerzas estatales en el secuestro o la detención, se pierde la posibilidad de investigar el delito como una “desaparición forzada”. Eso es lo que reclaman las familias, que lo que sufren no existe como un delito.

En un momento, la palabra con la que se lo identificaba era la de “levantón”, que proviene de la jerga narco – policial. “El levantón no existe como un delito, la figura de privación ilegal de la libertad sólo la aplican cuando hubo alguna llamada extorsivo, pero en muchos casos, como el mío, las familias nunca recibimos nada.”

El delito no existe. Si no hay cuerpo, no hay prueba del crimen. Lo que sucede en México desafía las propias reglas del sistema penal.

“Estamos viviendo una guerra en la que no pedimos estar. Creo que para ellos cambiar la ley de desaparición forzada e incluir nuestros casos es aceptar que esto existe y que ellos son culpables de que suceda.”

Entonces, lo que se está gestando es una nueva forma particular de hallar justicia, que no pasa por las instituciones pero sí por una práctica, conjunta y común, que tiene a las víctimas como protagonistas en la búsqueda de la verdad. Y que es eso lo que les permite continuar.

“Las madres unidas hoy no festejamos. Como siempre decimos, mientras nos falte un pedacito, seguiremos. La lucha es por un hijo y una madre nunca olvida. Lo que sí nos queda claro es que en México no hay justicia. Por eso nosotros ya dejamos de reclamarla. La gente que se acercaba a la Brigada nos pedía para participar de los análisis de adn, pero sin hacer denuncias judiciales. Nosotros ya renunciamos al castigo a los culpables, sólo queremos que nos digan dónde están, encontrarlos, que regresen con nosotros. Donde quiera que esté mi hija Rubí, me gustaría que sepa que siempre la traigo presente.”

Foto: V Marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus hijos, hijas, verdad, justicia, en la ciudad de México // Eliana Gilet