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Mato Grosso do Sul,Brasil.Otros dos grupos de guaraní-kaiowá se cansaron de esperar la acción del gobierno brasileño y toman la justicia y la tierra con sus manos. Como si no bastara la espera por las decenas de áreas cuya demarcación aguardan desde hace años, incluso en áreas cuyos decretos de homologación ya fueron firmados por el presidente de la república continúan ocupadas por los hacendados. Esto sucede por la lentitud del Poder Judicial cuando se trata de garantizar los derechos indígenas, y por la rapidez de ciertos jueces para conceder medidas a favor de los colonos blancos.

Los dos grupos que ocuparon tierras en las últimas semanas son de la región de Paranhos (Mato Grosso do Sul), en plena zona fronteriza con el Paraguay. Históricamente, la región tiene fama de ser violenta y peligrosa debido a la impunidad de la que gozan una cantidad indeterminada de asesinos a sueldo desparramados en esta zona fronteriza sin control. Además, hay un gran flujo de armas de fuego debido a la presencia del narcotráfico – existen enormes plantaciones de marihuana destinadas a abastecer las grandes ciudades brasileñas de São Paulo y Río de Janeiro que están en las proximidades del lado paraguayo.

El 10 de agosto tocó el turno al grupo de Arroio Korá, también en Paranhos. En diciembre de 2009, las 7 mil 100 hectáreas de esa tierra indígena fueron homologadas por el entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. A pesar de ello, pocos días después, uno de los ministros más conservadores del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedió una medida cautelar que impidió al gobierno completar el proceso de concesión de las tierras a los indígenas y entregarles la posesión del área.

El día de la recuperación de las tierras, las más de 400 personas reunidas allí divulgaron la siguiente nota a través de la Aty Guasu, organización política de los kaiowá y guaraní:

“Mientras esperamos la demarcación y devolución de nuestros territorios (tekoha guasu), cada día nuestros niños y líderes mueren en las orillas de las carreteras de Brasil y en los campamentos. Esos hechos no los aguantamos más, no vamos a aguardar más a la orilla de las carreteras y en los pequeños campamentos aislados. Por eso, hoy, 10 de agosto de 2012, comenzamos a reivindicar el desalojo de los hacendados que invadieron  nuestros territorios tradicionales. Sabemos que hay varios territorios tradicionales que ya fueron totalmente demarcados y reconocidos por el gobierno y la Justicia Federal. Incluso así, a nosotros, guaraní y kaiowá, nos impiden la reocupación de nuestro tekoha guasu, mientras que los hacendados siguen ocupando y destruyendo nuestro territorio. Sólo por esta razón, iniciamos la manifestación pacífica y reivindicamos la devolución inmediata de todos nuestros territorios antiguos que nos pertenecen (…). Sabemos que los pistoleros de las haciendas van a matarnos pero, incluso así, nuestra manifestación pacífica comienza hoy.”

El grupo de Arroio Korá esperó pacientemente la justicia de los karaí, como llaman a los blancos, por más de tres años. Permanecieron alojados en una pequeña fracción de tierra pero, frente a la falta de perspectivas de ver su problema resuelto, más de 400 personas, según información de la Aty Guasu, ocuparon ahora una parte mayor a fin de ampliar el espacio disponible para sus plantaciones y viviendas.

Lo indignante es que los kaiowá y guaraní no llegaron ayer a la región. Durante la dictadura militar (1964-1985), el gobierno justificaba el hecho de no garantizarles tierras en esa misma región con el argumento de que serían “indios nómadas”. Nada más falso: existen abundantes registros de la presencia de estos indígenas desde el siglo dieciocho en esa área, en las proximidades del antiguo Fuerte de Iguatemi, marco de la ocupación militar de los portugueses, que disputaron estas tierras con España.

Los de Arroio Korá fueron atacados por hombres armados el mismo día 10, y un hombre de cerca de 50 años desapareció durante la agresión de los paramilitares, allí llamados “pistoleros”. Cuatro días después, un niño de dos años murió como resultado del trauma provocado por el ataque, informaron los indígenas.

En una nota divulgada poco después de la confrontación, el grupo relató la forma en que  los pistoleros les lanzaban ofensas y amenazas:

“Oímos a aquellos hombres – los pistoleros- , que reían, se reían mucho de nosotros y hablaban gritando: ‘¡Ustedes, indios de mierda! ¡Ya están todos muertos ahí! ¡Hoy ningún indio va a salir vivo de aquí!’”.

A lo largo de agosto, la presencia constante de autoridades federales no impidió que los hacendados continuaran intimidando a los indígenas con tiros hacia lo alto y amenazas constantes. Un hacendado llegó a declarar, alto y fuerte, a un reportero de la prensa regional que:

“Si el gobierno quiere guerra, va a tener guerra. Si ellos pueden invadir, entonces nosotros también podemos. No podemos tener miedo de los indios. Nosotros vamos a ir a la guerra y va a ser la semana que viene. El peligro es que sobren algunos de esos indios ahí. Lo que no sobre, se lo vamos a dar a los puercos para que se lo coman. (…) La mayoría de los hacendados está comigo. Para tener un arma sólo tienen que pedirla. Yo armo a los hacendados de la frontera rapidito, porque el Paraguay está ahí enseguida, y en la guerra no hay bandido”.

Suceden reiteradamente nuevos ataques contra los de Arroio Korá. Los hombres armados, después de la confrontación del 10 de agosto, no produjeron más víctimas, pero en otra ocasión destruyeron pertenencias de los indígenas y, con tiros durante el día, llevan a cabo su estrategia de mantener el terror constante.

La desconfianza en la capacidad que tenga el poder judicial para resolver la disputa en Arroio Korá está fundada en casos semejantes, como el de Nhanderu Marangatu (Antonio João, en el mismo estado), donde los kaiowá esperan desde 2005 el juicio de solicitud de acción pública promovido por hacendados, después de haber sido desalojados en decisión  preliminar. Recientemente, los pataxó hã-hã-hãe, del estado de Bahía, ganaron una disputa con hacendados en el Supremo Tribunal Federal, cuyo trámite en el poder judicial se demoró casi 30 años.

Potrero

El 3 de septiembre, también en Paranhos, fue el grupo de Potrero Guasu el que se cansó de esperar; ellos ocupaban mil hectáreas, de 4 mil ya demarcadas desde hace varios años. Frente a la falta de acción del gobierno para retirar a los blancos del área y pagarles indemnizaciones (finalmente, fue el propio Estado brasileño el que, décadas atrás, invitó a millares de colonos a dirigirse a la región a fin de “proteger” las fronteras del país), los guaraní de Potrero ya avisaron que permanecerán en sus tierras. “¡No vamos a correr! ¡Vivos o muertos, estaremos aquí en Potrero Guasu!”, afirmó una líder del grupo, según informe del Consejo de la Aty Guasu.

Existe una creciente movilización en la sociedad civil brasileña en relación a la situación de los kaiowá y guaraní y la incapacidad que el gobierno federal demuestra al atender las reivindicaciones indígenas.

En julio, el gobierno federal publicó el decreto 303 que suspende la posibilidad de aumentar las tierras indígenas. Con ello dificulta incluso los casos en los que hubo enormes injusticias en el  pasado, como con los kaiowá y guaraní, que hoy son cerca de 44 mil personas ocupando tan solo 42 mil hectáreas divididas en cerca de 30 fraccionamientos.

El decreto 303 está suspendido actualmente después de protestas de indígenas por todo el país frente a la posibilidad, también abierta, de autorizar proyectos de explotación minera y realizar grandes obras -como hidroeléctricas y carreteras- en sus tierras sin realizar una consulta a los grupos ni concederles indemnizaciones. Las protestas indígenas en Brasil no paran; por el contrario, crecen frente a la insensibilidad de la presidenta Dilma Rousseff.

Publicado el 24 de septiembre 2012