Ciudad de México | Desinformémonos. Un diagnóstico interseccional realizado por la organización Sin Fronteras destacó que los migrantes y la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual (LGBTTTI) son los grupos más vulnerables en la Ciudad de México, pues sufren desempleo, violencia de género, desconocimiento sobre documentos de identidad para extranjeros, falta de registro e información cuantitativa y trato digno, así como no tienen acceso a los servicios de salud o justicia.
El estudio se realizó para ampliar programas sociales dirigidos a al sector migrante de la población, principalmente porque los proyectos actuales se dirigen a los repatriados y deja “un vacío en el acceso a derechos de las personas migrantes”.
“El tema de la inclusión tiene que ser visto desde una perspectiva mucho más amplia. Las respuestas que se han impulsado son insuficientes. No se han implementado para que transformen el fondo de la vida de los migrantes”, dijo el integrante de Sin Fronteras, Irazú Gómez Vargas.
El documento fue dividido en tres ejes para facilitar la detección y realización de recomendaciones a las autoridades. En el grupo de mujeres la organización concluyó que no hay avances significativos sobre el conocimiento de documentos de identidad para extranjeros en instituciones públicas y privadas, además de que sufren violencia de género y no tienen acceso a los servicios de salud, particularmente psicológica.
Por otro lado, en el eje de los niños y adolescentes el documento apunta que carecen de información para llevar a cabo los procesos migratorios y de atención institucional con enfoque de género, así como no reciben un trato digno e incluso se han detectado deportaciones de posibles casos de asilo no identificados.
En cuanto a la comunidad LGBTTTI, sufren exclusión social, marginación económica, violencia sistemática generalizada, discriminación por parte de los mismos funcionarios y falta de acceso a a la vivienda de calidad, a servicios de salud pública, en especial a la salud sexual, a la educación y a la recreación y a la asistencia jurídica especializada, lo que la convierte en el sector más afectado.