El 12 de junio pasado se anunció el fin de unos procedimientos contra líderes Mapuches tras meses de cárcel en algunos casos y persecución en otros en el marco de lo que se conoció con la operación Huracán, sin embargo continúan la criminalización del pueblo Mapuche y la prisión política, además de la militarización de su territorio.

La economía chilena está basada en el despojo de las tierras Mapuche para actividades extractivas, y el Estado no cesa de reprimir ese pueblo originario que defiende su territorio. Ese jueves 28 de junio la policía estaba desalojando Lof Michillanka en Valdivia, Chile que lleva años en proceso de recuperación de tierras usurpadas.

La operación Huracán fue caracterizada por su componente mediático, en todo el mundo se anunciaron las capturas de “terroristas”, como ha pasado en otras partes del mundo, rápidamente se fue desbaratando la versión oficial, de lo que terminó siendo un montaje judicial que está haciendo caer a varios oficiales chilenos.

El montaje alcanzó el absurdo de pretender haber desarrollado un software que permitió obtener como pruebas conversaciones de whatsapp, mientras los acusados no usaban celulares. Ese fracaso llevó a la renuncia de parte del servicio de inteligencia, el grupo llamado a asumir la cabeza de la nueva unidad antiterrorista se está formando en Colombia.

Para entender lo sucedido en el caso, Colombia Informa hablo con Javier Pineda, abogado de la Corporación 4 de Agosto, vinculada a la defensa de los comuneros.

¿Qué fue la Operación Huracán y su desenlace?

La Operación Huracán es el nombre con que el Gobierno de Michelle Bachelet desarrolló una operación en conjunto a Carabineros de Chile, el Ministerio Público que es la Fiscalía Nacional, y el Poder Judicial, en la cual pretendían tomar detenidos a 10 de los principales líderes del pueblo Mapuche. Esto ocurrió el 24 de septiembre de 2017. El contexto de esta operación es el alza de las acciones de resistencia desde el pueblo Mapuche, que se ha traducido en recuperaciones territoriales y en acciones de sabotaje a las empresas forestales. Ante ello el empresariado nacional, y principalmente el que está ubicado en el Wallmapu, es decir, en territorio reivindicado por el pueblo Mapuche, presionó al Gobierno para que las labores de inteligencia de la Policía, llamada Carabineros de Chile, tuvieran resultados concretos. Esto dio origen a la Operación Huracán en la cual tomaron detenidos finalmente a ocho comuneros Mapuches, acusándolos del delito de asociación ilícita terrorista y a dos de ellos los acusaron del delito de incendio de carácter terrorista por la quema de 29 camiones.

Desde un comienzo el caso se caracterizó por su alto impacto mediático. Todos los canales de televisión cubrirían la noticia, los allanamientos a las viviendas de los comuneros e irían revelando la información sobre la cual se sustentaría la acusación de asociación ilícita terrorista. Incluso harían reportajes diciendo que existía tráfico de armas desde Argentina y vínculos con organizaciones Mapuches al otro lado de la frontera. Pero a partir de ello comenzaron las primeras sospechas: las únicas pruebas que incriminarían a los comuneros Mapuches serían unas conversaciones de whatsapp que nadie sabía cómo se habían obtenido.

A través de declaraciones de Carabineros se supo que un funcionario civil que trabajaba con ellos habría desarrollado un software que ni la CIA ni el FBI tenían hasta el momento, el cual permitía decodificar las conversaciones realizadas por whatsapp y telegram. Sin embargo, los comuneros, sus familias y diversas organizaciones de Derechos Humanos comenzamos a denunciar que se trataba de un montaje, puesto que algunos de los comuneros ni siquiera utilizaban whatsapp. Y, además, resultaba imposible dicha intervención técnicamente. A pesar de ello, el juzgado de garantía de Temuco, ciudad en la que fueron formalizados, decretó la prisión preventiva de los 8 comuneros. La defensa de estos interpuso un recurso de amparo – habeas corpus – el cual fue rechazado por la corte de Apelaciones de Temuco, sin embargo, fue acogido por la Corte Suprema semanas después de la detención.

Y aquí el montaje comenzó a caerse. La Corte Suprema determinó que la resolución que estableció la prisión preventiva no estaba fundamentada, por lo cual ordenó la liberación de los comuneros mientras se desarrollaba la investigación. Carabineros de Chile y la Fiscalía no tenían más pruebas. Y la alianza que estas instituciones públicas habían tenido en otros casos de criminalización de líderes y lideresas del pueblo Mapuche se cortó. Carabineros denunció que la Fiscalía estaría entregando información a uno de los comuneros Mapuche. La Fiscalía se defendió diciendo que las conversaciones de whatsapp serían falsas. Y aquí comienza el otro episodio de este caso: el montaje es denunciado por los propios acusadores.

Estas acusaciones cruzadas provocaron que el alto mando de Carabineros tuviera que respaldar a la Unidad de Inteligencia de su organización. La Fiscalía pide probar el software que supuestamente intervenía conversaciones de whatsapp, al cual habían llamado antorcha. Sin embargo, el supuesto informático creador del software jamás pudo probar su funcionamiento. Porque simplemente no existía. Y aquí quedó en evidencia que todas estas conversaciones habían sido inventadas por Carabineros, con complicidad – si es que no orden directa – desde el alto mando, incluyendo al Director de la Unidad de Inteligencia de Carabineros y al Director General de Carabineros, quienes tuvieron que renunciar.

Pero no solo renunciaron, sino que los comuneros Mapuches, la Fiscalía e incluso el Estado de Chile se querellaron en contra de gran parte de los miembros de la Unidad de Inteligencia de Carabineros, quienes semanas atrás eran los héroes por haber atrapado a los supuestos Mapuches terroristas. Aun con estas pruebas el Estado de Chile mantenía su querella en contra de los comuneros y sólo este 12 de junio se declaró el sobreseimiento definitivo de los ocho comuneros, lo cual significa que ya no hay investigación en su contra y no pueden ser acusados de asociación ilícita terrorista bajo la misma prueba presentada en el caso.

¿Cuál es el estado actual del caso y de los procesos de criminalización? 

Actualmente el caso sigue en contra de los carabineros de Chile para determinar quiénes son los responsables. Aunque de seguro terminarán sacrificando a los peones y protegiendo a las altas jerarquías, que llegan incluso a personas del Gobierno de Bachelet, como lo fue el subsecretario del Interior, quien tuvo un rol activo a principios de esta causa.

Este caso es interesante porque demuestra el montaje realizado por toda la institucionalidad del Estado para criminalizar a líderes del pueblo Mapuche. Pero lamentablemente este no es el único caso. En este año han existido dos condenas graves a comuneros Mapuches en los denominados Caso Iglesias y Caso Luchsinger Mackay. En el primero de ellos dos comuneros -sin ninguna prueba más que el testimonio de testigos sin rostros – fueron condenados a 10 años de presidio por la supuesta quema de un templo evangélico. Mientras que en el otro caso, dos comuneros fueron condenados a presidio perpetuo por el delito de incendio con resultado de muerte con carácter terrorista en un juicio donde la única prueba para condenarlos fue un testimonio obtenido bajo tortura a otro comunero que también es parte de la causa. Esto nos tiene bastante movilizados exigiendo la inocencia de Luis y José Tralcal, pues esta sentencia aun tiene que ser revisada por la Corte Suprema.

La criminalización del pueblo Mapuche y la prisión política, además de la militarización del territorio Mapuche, han sido los mecanismos utilizados por el Estado de Chile para atemorizar al pueblo Mapuche y desactivar su justa lucha por la autonomía y por la construcción de un proyecto de liberación nacional que viene en alza desde los años 1990 a la fecha.

¿Cuál es la relación entre los Estados colombiano y chilenos en estos procesos de criminalización, que denomina lucha contra el terrorismo?

El caso Huracán provocó la eliminación de toda la Unidad de Inteligencia, la cual en la práctica quedará en desuso pero Sebastián Piñera, Presidente del país, anunció la creación de una Unidad Antiterrorista al interior de Carabineros de Chile para combatir al pueblo Mapuche. Y aquí es donde entra Colombia. Los primeros 40 efectivos que pertenecerán a dicha unidad, actualmente se están preparando con la Policía Colombiana, dada su experiencia en reprimir a su pueblo y criminalizar a quien se le cruce en el camino. Esto de seguro provocará un aumento de la criminalización al pueblo Mapuche y un aumento de la militarización del Wallmapu.

Pero como contraparte los procesos de resistencia siguen en aumento a lo largo de todo el territorio Mapuche. Las recuperaciones de territorios, el desarrollo de la cultura y cosmovisión Mapuche continúan. Asimismo, las articulaciones del pueblo Mapuche con el pueblo chileno se han intensificado. Como siempre, lo único claro que tenemos es que el futuro será de lucha.

*Fotografía por Felipe Duran en País Mapuche

Este material se comparte con autorización de Colombia Informa