Ciudad de México | Desinformémonos. Después de 21 años de lucha, la comunidad coca de Mezcala, Jalisco, obtuvo la victoria para recuperar las tierras invadidas por Guillermo Moreno Ibarra y el prestanombres Crescenciano Santana, a quienes el Tribunal Superior Agrario ordenó la restitución de las más de 20 hectáreas ocupadas.

Este 28 de octubre, el pleno del Tribunal Superior Agrario negó el amparo promovido por Moreno Ibarra y ratificó la sentencia que en 2019 emitió el Tribunal Unitario Agrario de distrito XV, condenando a Moreno Ibarra y a Santana a restituir las tierras «que ilegalmente ocupan en la comunidad de Mezcala», explicaron defensores de la comunidad.

Ahora, el Tribunal Superior deberá mandar el expediente al Tribunal Unitario con Sede en Guadalajara para instruir la ejecución, con la que las tierras invadidas por Moreno serán de nuevo de uso común para lo que decida la comunidad coca del municipio de Poncitlán.

«Los 21 años que duró el proceso agrario para poder restituir las tierras comunales ha llegado a su fin. Por ahora sólo hace falta que las autoridades se comprometan para ir a ejecutar la sentencia y así el empresario tapatío pueda abandonar las tierras usurpadas», señalaron los defensores y pobladores de Mezcala tras la resolución.

Las autoridades agrarias de la comunidad anunciaron que ya se tiene un proyecto de una universidad de uso comunitario en las tierras recuperadas.

Desde 1999, la comunidad de Mezcala denunció que el empresario Guillermo Moreno Ibarra invadió 12 hectáreas del territorio coca, y que con los años se apropió de más extensión de terreno para convertirlo en áreas de descanso y confort, «donde la clase pudiente de la ciudad de Guadalajara acudía a descansar», entre otros usos no avalados por el pueblo.

A continuación el comunicado completo:

Ratifica Tribunal Superior Agrario sentencia favorable para la comunidad indígena de Mezcala

Ahora el Tribunal Superior deberá mandar el expediente al Tribunal Unitario con Sede en Guadalajara para instruir la ejecución

Manuel Jacobo .- El pasado 28 de octubre sesionó el pleno del Tribunal Superior Agrario, en el que se niega el amparo 121/2019 promovido por Guillermoi Moreno Ibarra y ratifica la sentencia de 2019 dada por el Tribunal Unitario Agrario de distrito XV condenando a Guillermo Moreno Ibarra y al prestanombres Crescenciano Santana a restituir las tierras que ilegalmente ocupan en la comunidad de Mezcala.

Es decir, el predio que ilegalmente fue invadido por el empresario tapatío, ahora será de uso común para uso y disfrute de lo que decida la comunidad perteneciente a la etnia coca del municipio de Poncitlán en el estado de Jalisco.

Los 21 años que duró el proceso agrario para poder restituir las tierras comunales, ha llegado a su fin, por ahora solo hace falta que las autoridades se comprometan para ir a ejecutar la sentencia y así el empresario tapatío pueda abandonar las tierras usurpadas.

Debido a que la comunidad desde 2008 interpuso medidas cautelares para que no se hicieran construcciones en el predio de “El Pandillo” -zona en disputa-, el invasor está condenado a retirar bienes muebles, no así los bienes inmuebles como lo son las construcciones realizadas.

Mediante una rueda de prensa realizada el 27 de octubre, las autoridades agrarias señalaron que «Ese espacio va a volver a ser de uso común y se tiene un proyecto de una universidad de uso comunitario» , lo que sus habitantes han llamado como la Universidad de la Tierra. Con dicho proyecto, la comunidad hará de ese espacio que fue privatizado, un espacio de uso común.

Después de que el Tribunal Superior Agrario le negó el amparo al invasor Guillermo Moreno Ibarra y que ratificó la sentencia otorgada por el Tribunal Unitario agrario XV, la instancia federal deberá mandar el expediente a la autoridad estatal quien “tiene que señalar una fecha para ejecutar esa sentencia, es decir: ir a restituirles la superficie que tiene ocupada Guillermo para que ustedes hagan uso de ella como mejor les parezca, esperemos que esa etapa ya no sea tan tardada, es cosa que que el Tribunal regrese el expediente y una vez que se regrese se ponga fecha de ejecución”.

Pero también dice que se debe estar alerta para ver que Guillermo “ya no intente triquiñuelas, pudiera ahí intentar una triquiñuela, pero esperemos que ya entienda que esto se acabó”.

Según el abogado defensor de la comunidad indígena de Mezcala, Rubén Ávila Tena, esta sentencia es un “mensaje de esperanza de que la luchas bien llevadas son al final del día efectivas y son las correctas porque es el camino de una sociedad democrática, es el camino de la legalidad pero se tiene que caminar para que ese camino no sea tan largo para los pueblos porque hay comunidades que abandonan las luchas ya sea por tiempo, dinero o de cansancio o porque no se tiene la asesoría adecuada”.

Además, señala que para hacer que los juicios sean más rapidos y accesibles para las comunidades, es importante tener en cuenta “el tema de la perspectiva de los operadores, magistrados, jueces de distrito, etcétera; tener una visión un poco más abierta a los temas de derecho indígena, aplicar un poco más los temas de los convenios internacionales y todo ese tipo de situaciones.. sin perder de vista que se trata de un pueblo originario que las reglas ahí deben ser diferentes porque no puede tratarse igual a un desigual” puntualizó.

Historia de una invasión

En el año de 1999 llegó Guillermo Moreno Ibarra al cerro de “El Pandillo”, él no llegó solo, aprovechando de su capacidad económica y su relación laboral con Crescenciano Santana, conoció este predio y comenzó la invasión.

La invasión inició con nueve hectáreas y después sumó tres, la lentitud del proceso y la impunidad que le han generado las autoridades agrarias y legales del país provocó que este invasor finalmente acumulara poco más de 20 hectáreas, las cuales se encuentran principalmente el en cerro del” Pandillo” y se extendieron hasta una zona conocida como “El Comal”.

Es decir, la ley se ha hecho del lado del poderoso y las consecuencias la pagó el ecosistema y los habitantes de Mezcala, pues en el lapso de estos 21 años de proceso legal, Moreno Ibarra, para construir su mansión con una de las vistas más privilegiadas a el Lago de Chapala -una de las mejores vistas que se tienen- derribó parte del bosque de pino y ocote, pero no sólo perturbó la flora, también obligó a los coyotes, venados y fauna local a huir de esos cerros, pues colocó mallas eléctricas para que nadie lo moleste.

Como las dimensiones de una finca que tiene un promedio de 12 hectáreas y que incluye zonas de invernadero, ganadería, pero sobre todo áreas de descanso y confort, donde la clase pudiente de la ciudad de Guadalajara acudía a descansar, necesitaba de agua, sí de mucha agua para mantener y preservar su mansión.

Fue así que comenzó con la captación de aguas pluviales, al ser insuficiente, este empresario tapatío decidió que lo mejor era desviar arroyos y cauces de agua para hacer pequeñas represas y poder llevar esa agua a la finca, privando al propio ecosistema y sus habitantes de este líquido que en temporal de calor -marzo,abril y mayo- puede ser abrumador.

Pero esa agua no se bombea ni se sube sola, fue así que el bosque de pino y ocote fue testigo de cómo entre el cerro del “Pandillo” y el cerro del “Comal” se colocaron paneles solares y sistemas de bombeo, cortando árboles de más de 100 años de vida y abriendo paso a su maquinaria, pero sobre todo a su vehículo Hummer para que pudiera inspeccionar.

Criminalización, violencia e impunidad

Para entender por qué Guillermo Moreno Ibarra ha criminalizado, violentado y destruido el bosque es necesario conocer a qué se dedica.

Es dueño de una empresa que fabrica carbonato de calcio para industrias de alimentos y de la construcción, que se llama Carbonato de Calcio Sol (Cacosa SA), fundó un empresa que vende y exporta calzado y bolsos de piel para dama -empresas GABBIANI- y es accionista en desarrollos inmobiliarios como lo son Vista del Lago en el vecino poblado de San Nicolás de Ibarra.

Este empresario ha gozado de impunidad gracias a su fortuna y apoyo político. Fue así que en el año de 2002, acusó a 4 integrantes del comisariado por privación ilegal de la libertad, entre los acusados de ese tiempo figuraba el actual presidente de bienes comunales: Esteban Indalesio.

Según recuerda el comunero Salvador de la Rosa Paredes, por ese año se celebró una asamblea para tratar el tema de la invasión, por lo que acudió el prestanombres Crescenciano Santana en estado de ebriedad, por sus condiciones y no permitir que la asamblea se realizara, se llamó a la policía municipal para sacarlo de la casa comunal, al llegar el elemento de seguridad, Crescenciano Santana se fue directo a las celdas de la prisión, semanas más tarde, llegaron elemento de la policía investigadora y detuvieron a cuatro comuneros.

Salvador de la Rosa estaba en su huerta de chayotes que se encuentra cercana al Lago de Chapala, ahí sin mediar palabra, lo subieron a un vehículo y fue detenido, lo mismo pasó con sus tres compañeros. Las autoridades les mencionaron que enfrentan un juicio por “secuestro” y fue así como empezó un proceso del que fueron acusados pero que tiempo después desapareció sin dejar rastro en el juzgado penal de Ocotlán.

Mientras todo esto ocurría, el expediente agrario por la restitución de tierras comunales estaba en el Tribunal Agrario con sede en Atotonilco, Jalisco, y fue hasta 2006 que pasó al Tribunal Unitario Agrario número 16 con sede en Guadalajara. Pasaron dos años en los que el juicio por fin avanzaba y las autoridades agrarias pedían información crucial para demostrar la invasión.

En 2008 Mezcala realizó un acto público en el predio invadido para mostrar que Guillermo Moreno no tenía un “cuartito para guardar herramientas” sino que estaba construyendo una mansión. fue así que el 3 de febrero llegaron a “El Pandillo” representantes de varias comunidad indígenas de Jalisco, organizaciones y periodistas pero fueron recibidos con disparos al aire e intimidación de un grupo de hombres armados encabezados por el prestanombres Crescenciano Sanatana.

Fue así que la comunidad supo que tenía personas armadas y que no importaba que hubiera presencia de medios de comunicación y organizaciones, la impunidad de las autoridades lo amparaban y nunca tuvo consecuencias por haber amenazado a los pobladores.

La burocracia y lentitud del proceso nuevamente se hizo presente, el expediente fue llevado a ciudad Guzmán para después volver a la ciudad de Guadalajara. En marzo de 2011, se celebró una asamblea porque el consejo de vigilancia reunión información importante donde se daba cuenta de la construcción de paneles solares y sistemas de bombeos entre los cerros del “Pandillo” y del “Comal”, ese día, mediante acuerdo de asamblea se decidió remover esos paneles solares y evitar el desvío de cauces, pues los arroyos fueron obstruidos para formar pequeñas represas, aunque no se tenía certeza de quién estaba realizando estos trabajos.

Con el acuerdo en mano y las autoridades comunales al frente, una comisión de comuneros acudió a desmontar los paneles solares, pero se encontraron con el grupo armado del empresario tapatío y con la policía municipal quien quiso evitar que la comisión realizará su trabajo. Finalmente se desmontó un panel solar y fue llevado a la casa comunal donde permaneció por si querían pasar a recogerlo.

El sol se estaba despidiendo de la ciudad la tarde del 06 de septiembre y Ricío Moreno, comunera y habitante de Mezcala acudía a una supuesta cita donde le realizarían una entrevista, sin embargo, no había ningún reportero y fue detenida por la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ).

Ese mismo día notificaron que había otras 10 órdenes de aprehensión contra habitantes de la comunidad. La movilización fue clave para que Rocío fuera liberada y los abogados se apresuraron para presentar a los acusados ante las autoridades de manera voluntaria para llevar el proceso en libertad.

Según el informe presentado por el abogado Salvador López Torrez, Los integrantes de la comunidad indígena de Mezcala habían sido acusados de robo pero no prosperó la denuncia porque no podían comprobar la propiedad del cerro, fue así que fueron acusados de daños a las cosas por una enorme cantidad.

Aquí se puede consultar el informe completo:

https://cepad.org.mx/2019/04/informe-comunidad-indigena-mezcala/

Finalmente, Rocío Moreno logró comprobar que ese día se encontraba en la Universidad de Guadalajara en un trabajo de sus estudios de maestría y solo fueron acusados el resto de habitantes. Desde 2011 inició el proceso legal y a pesar de que culminó diciendo que los acusados eran inocentes y se les regresó el dinero que se había dado para ser procesados en libertad, en 2019 fueron notificados que el caso había sido abierto y que habían sido sentenciados como culpables, por lo que el proceso penal sigue vigente.

El Grupo armado

Ante la fortaleza de la asamblea y la comunidad, el invasor Guillermo Moreno formó un grupo armado el cual estaba integrado por entre 15 a 20 hombres y unas 40 mujeres para amedrentar la organización comunal.

Este grupo de corte paramilitar tenían entrenamiento en el predio invadido, portaban armas de fuego y su líderes principales eran Crescenciano Santana Sánchez y Ermenegilda Gonzales Ramos, alias “La Pancha” y su primera aparición en la asamblea comunal fue el 29 de noviembre de 2011 en las afueras de la casa comunal.

Fue así que los pobladores se armaron de valor y denunciaron a este grupo armado un 17 de enero de 2012 ante la Procuraduría General de la República en la que diversos comuneros y 700 habitantes firmaron la denuncia. No hubo respuesta a la denuncia, nunca se castigó a los implicados y no hubo investigación alguna por lo que este grupo podía operar con total impunidad.

Ante la negativa de las autoridades a detener a este grupo armado, se hicieron llamadas ante el ejército mexicano, sin tener una respuesta satisfactoria y lo único que se recibió a cambio fue intimidación por parte de la policía del municipio de Poncitlán.

Cronología de la resistencia:

1999: Denuncia por la invasión de 12 hectáreas del territorio coca por parte de Guillermo Moreno Ibarra.

2002: El invasor Guillermo Moreno Ibarra logra que el comunero Nicolas Indalesio lo asigne como sucesor

2006: Juicio agrario, expediente 653/2006; El juicio fue por restitución de tierras comunales ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Atotonilco.

2006: Juicio penal, sin número de expediente.

El Juicio se llevó a cabo por la denuncia del aparente secuestro de Guillermo Moreno Ibarra; señaló a tres comuneros en el Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán.

2011: Denuncia, folio 285-2011; Denuncia ante el Procurador Agrario en la ciudad de México.

2011: Denuncia, PFPA/21.7/2C.282/0139-11; Denuncia ante la delegación en Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental por los daños al bosque de la comunidad

2011: Juicio penal, expediente 318/2011-C; Juicio penal contra diez habitantes y comuneros de la comunidad de Mezcala por el delito de daños a las cosas. La denuncia fue interpuesta por Guillermo Moreno Ibarra.

2011: Diversas denuncias anónimas ante el Ejército Mexicano por la presencia de un grupo armado en la comunidad.

2012: Denuncia ante la Procuraduría General de la República por la presencia de un grupo armado en la comunidad.

2012: Guillermo Moreno logra la calidad de comunero, ante la muerte de Nicolas Indalesio.

2014: en el expediente 475/2013, antes 653/2006, se falla a favor de la comunidad.

2015: Amparo directo del invasor: juicio de amparo 222/2015 donde la comunidad de Mezcala reclama que Guillermo Moreno Ibarra se le juzgue como particular y no como comunero. Del cual se obtiene sentencia favorable para Mezcala

2016: Amparo en revisión 390/2016 donde se confirma la anterior sentencia favorable para los comuneros de Mezcala.

2017: Resolución judicial que declaró la inocencia de los habitantes de Mezcala acusados de «daños a las cosas».

2018: Suspensión condicional de la resolución de inocencia de los comuneros acusados de «daños a las cosas», lo cual activó de nuevo la investigación en su contra

2019: Se logra que el Tribunal Unitario Agrario de distrito XV emita sentencia condenando a Guillermo Moreno Ibarra a restituir las tierras que ilegalmente ocupa en la comunidad de Mezcala.

Ese mismo año 14 de febrero, resuelve el Tribunal Superior Agrario, ratificando la orden de que Moreno Ibarra debe de regresar las tierras que ilegalmente ocupa.

2019: El invasor interpone el juicio de amparo directo 121/2019

2021: EL Tribunal Superior Agrario le niega el amparo 121/2019 a Guillermo Moreno Ibarra el 28 de octubre