Frente a la desaparición de personas en América Latina, se ha levantado la voz con la consigna de “ni perdón ni olvido”. La lucha por la verdad y la justicia es lo más importante para los movimientos que han surgido en medio de la guerra contra la insurgencia o contra las drogas y el narcotráfico. Sin embargo, esto entraña en las condiciones actuales de México un debate al interior de los propios colectivos, al menos los de Morelos: ¿Es posible verdad y justicia?

Si bien todas las organizaciones de familiares en búsqueda de personas desaparecidas están de acuerdo en que lo importante es la verdad, algunos colectivos colocan en el mismo nivel el castigo a los responsables de la desaparición, o sea la justicia y la garantía de no repetición. 

En el caso de Morelos, “está claro que el Estado desaparece a las personas”, como repiten una y otra vez las propias víctimas. Las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde fueron enterradas decenas de personas en fosas clandestinas cavadas por la Procuraduría General de Justicia de este Estado sin antes haberse logrado identificar, son sólo dos ejemplos.

La responsabilidad alcanza a autoridades de los niveles más bajos de la cadena de mando en la entonces procuraduría de justicia, pero también a las autoridades más altas en el gobierno que encabezó en ese momento Graco Ramírez (2012-2018), como lo señala Amalia Hernández Hernández, del colectivo Desaparecidos Tetelcingo-Jojutla, quien muestra el hastío que le representa ver a los mismos funcionarios de 2017 en la fosa este noviembre. Mira al reportero mientras hace una mueca y vuelve la mirada sobre el grupo que interviene la fosa al mismo tiempo que mueve la cabeza negando.

El foco debe estar en los desaparecidos

Existen colectivos que señalan que hay de urgencias a urgencias. Para Tranquilina Hernández Lagunas, mamá de Mireya Montiel -desaparecida en Cuernavaca el 13 de septiembre de 2014- y vocera del colectivo Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos, lo importante es encontrar a las personas, darles una identificación y que puedan regresar a sus hogares. 

“Ahí está el foco y no podemos perderlo”, dice en entrevista a este reportero.

Lina, como es conocida entre los colectivos, es dura y no da concesiones: “¿Justicia? Aquí no existe la justicia. Así nos paremos de cabeza, el gobierno, el Estado no nos la va a dar, ellos, el Estado sí está organizado, pero con la delincuencia organizada, eso está clarísimo. ¿Para qué nos hacemos tontos? ¿Para qué van a buscar, si saben que se van a encontrar a ellos mismos?”, dice con rostro endurecido en una mezcla de tristeza, enojo, desesperanza.

Pone como ejemplo a la activista Ana Luisa Garduño, madre de Ana Karen Huicochea, quien fue víctima de feminicidio en diciembre de 2012. La mujer logró graduarse como abogada para llevar adelante su propio caso y otros más. Sin embargo, Ana Luisa fue asesinada en enero pasado, su crimen aún sigue en la impunidad. 

“Yo estoy muy desilusionada. Yo en la justicia terrenal no creo nada. Yo en este momento quiero buscar (a las personas desaparecidas), encontrar(las), darles una identificación y que regresen a sus hogares”, expresa la mujer que busca a su hija Mireya desde 2014. Interrumpe la entrevista para hacer alguna señal a sus compañeras. Los trabajos se van a reanudar luego de una pausa para almorzar.

“¿La justicia? Solo la de allá arriba. Y sí, claro que queremos saber quién hizo esto, los culpables, pero sí siento que estamos perdiendo el foco que son ellos, las personas que fueron puestas ahí sin identificar, sacarlos y darles una identificación y exigirla, que vayan a sus casas”, dice mientras apunta al cielo para dejar claro que ya no confía en la justicia humana, solo en la divina.

Luego recuerda que desde 2016 se han exhumado, producto de la presión y la acción social de las familias, más de 200 cuerpos de las fosas irregulares del Estado en Morelos, y, sin embargo, el número de personas identificadas y entregadas a sus familiares ha sido menor a una veintena. 

“Nos urge que se acabe esta dichosa crisis forense, es la que nos tiene atorados. Porque estamos encontrando, estamos desenterrando, pero solamente los estamos cambiando a otro lugar. Para mí lo importante son los desaparecidos y una identificación, por eso sí me paro de cabeza. Porque no creo en la justicia. ¿Justicia?, sólo la de allá arriba”, señala impotente.

Castigo a los responsables, para que no se repita

En cambio, Amalia Hernández, tía de Óliver Wenceslao, joven desaparecido por la Procuraduría General de Justicia en las fosas de Tetelcingo en 2014 a pesar de estar identificado por sus familiares, señala que existen una serie de ilegalidades que ya alcanzan a las nuevas autoridades de la fiscalía de justicia. 

Para ella es tan importante la identificación como la justicia que se traduzca en el castigo a los responsables, “porque es la única garantía de que no se volverá a repetir”, dice en entrevista.

“Han pasado cinco años de la primera intervención en Jojutla. Cinco años desde que logramos que se abriera esta fosa. Veníamos por 34 cuerpos y sacamos 85. ¿Cuántos se han identificado? ¿Cuántos se han entregado? Sabemos que sólo uno”, recrimina la tía de Óliver, con una expresión de coraje e impotencia.

“Hemos insistido en cinco años que nos entreguen la información sobre las carpetas de investigación y se han negado sistemáticamente. Nos ocultan la información, no hacen el trabajo. Lo único que podemos concluir es que protegen a alguien, quieren esconder las cosas y no quieren cumplir con su encargo”, sentencia.

Hasta 2014, La Procuraduría General de Justicia enterró un número incierto de personas como no identificadas y no levantó datos por obligatorios que hubieran ayudado a encontrarlas en panteones de Jojutla y Tetelcingo. También las ocultó en fosas comunes que no estaban marcadas.

Los trabajos de excavación y exhumación de cadáveres de personas no identificadas pararon en 2017, pero ahí quedaron dos grandes hoyos como cicatrices de impunidad. Apenas el 7 de noviembre se reanudaron los trabajos en Tetelcingo, pero volvieron a detenerse.

“Las autoridades están utilizándonos. Montó la reapertura de las fosas, se han obtenido algunos indicios y ahora busca a como dé lugar cerrar el asunto, para crear la percepción de que el problema ya está concluido” señala Amalia Hernández.

“Pero no, aquí, con la exhumación de los cuerpos comienza el proceso, sigue ahora la identificación de los cuerpos, quiénes son, cómo llegaron hasta ahí, quiénes son los responsables de que esto haya ocurrido así, por qué se inhumaron sin identificar, hay cuerpos maniatados, con vestimenta, sin necropsia. ¿Quién ordenó y es responsable de que esto haya sucedido?”

Dice que el fiscal Uriel Carmona Gándara calificó la apertura de las fosas, siendo notario público, en 2017, como “un circo”. Ahora Amalia retoma ese calificativo. 

“Digo que esto es un circo, citando al fiscal, porque mientras estamos aquí jaloneándonos con ellos para que hagan bien su trabajo, para que cumplan con su función, por la que les pagan, por la que les pagamos, no hay que olvidar que tienen un enorme presupuesto público, ellos se llevan los cuerpos, los indicios y siguen sin ser identificados, los llevan a otro panteón, al panteón ministerial en Cuautla y ahí los dejan”, dice.

“Nosotros queríamos un lugar más digno para ellos, pero un lugar temporal, porque queremos que los identifique y luego, los entreguen a sus familias que los andan buscando. Pero no lo hacen”.

Algunas acciones, menciona la tía de Óliver, podrían implicar faltas administrativas y omisiones administrativas, pero otras, en posible responsabilidad penal. 

“Nosotros queremos que se identifique a las víctimas, pero también queremos garantizar que no volverá a pasar. Si se mantiene esto en la impunidad, seguirá pasando. No vamos a parar hasta que se castigue a los responsables, porque esto llega hasta el nivel más alto: Yo no tengo la menor duda, el fiscal protege a Graco Ramírez, que es quien propuso y casi designó al fiscal actual”, denuncia. Luego termina la charla, se vuelve a enfundar en su traje forense, su rostro se enrojece por el coraje y por los 35 grados que se sienten en Jojutla a pesar de ser otoño.

Nuevos acuerdos, reabrirán en enero

Los trabajos en las fosas de Jojutla terminaron el 11 de noviembre después de tres semanas con estira y afloje de los colectivos hacia las autoridades. Al final, se rescataron indicios de al menos 15 personas que habrían sido inhumadas en esas fosas de forma irregular -ilegal, dirán las familias- en 2014 y otros años que no han sido determinados, aunque la fiscalía sólo reconoce a nueve.

Los nuevos acuerdos, que se lograron con el fiscal Uriel Carmona Gándara en una visita corta al lugar, son que continuarán los trabajos a partir del próximo 23 de enero de 2023, ahora sí “hasta concluir”.

Antes, el 13 de enero, las familias se reunirán con las autoridades para que se les presente el plan de exhumaciones, incluyendo la profundidad de la excavación, el perímetro del trabajo, así como las técnicas que se utilizarán, pues en la última reapertura la falta de información hacia los colectivos de búsqueda sobre esos detalles generaron manifestaciones en las que tuvo que intervenir el Congreso local.

“Esperamos que ahora sí cumplan, y si no, pues seguiremos presionando, no nos vamos a rendir”, dice Yael Jacobo, quien busca a su hermano desde marzo pasado. Antes era enfermera en los Estados Unidos, pero dejó su vida para concentrarse en encontrar a su hermano desaparecido en Zacatepec. 

Jacobo sabe que no encontrará a su hermano en las fosas del cementerio en Jojutla, pero asiste como una gran cantidad de mujeres que se concentran en ese lugar con la esperanza solidaria de encontrar los indicios de seres queridos de sus compañeras.

En la mesa contigua, Edith Hernández, hermana de Israel Hernández, un hombre que fue secuestrado en 2012 por criminales y luego desaparecido por el Estado en las fosas de Tetelcingo -donde fue identificado en 2017-, estuvo aquí las tres semanas de trabajo. 

¿Por qué estás aquí, si ya encontraste a tu hermano? Sonríe mientras sus ojos se llenan de agua y mira para otro lado: “Porque sin estas familias no hubiera encontrado a mi hermano. Porque sin Oliver Wenceslao no lo hubiera encontrado. Y ahora me toca a mi ayudar a encontrar a otros”, dice mientras se pone el traje tyvek, el mismo que usan las personas especialistas en temas forenses, pues apenas contesta mientras se adentra de nuevo a la zona cero en las fosas de Jojutla antes de ser cerradas hasta el 23 de enero.

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**Foto de portada: La primera vez que se iniciaron los trabajos en Jojutla tras reconocer que existían cuerpos que no se tenían contabilizados en los registros oficiales. Crédito: Lucía Flores

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos