Con Honduras, Venezuela ha sido el país con las tasas más altas de homicidio en el continente americano en los últimos tiempos (81.4 por cien mil habitantes. Observatorio Venezolano de Violencia, 2018). Dicha afirmación debiera actualizarse si contáramos con algún dato de estadística delictiva, pero el gobierno madurista suspendió la producción de esta información para ocultar la realidad, de modo que la violencia podría ser mucho peor de lo que indican las cifras en estos momentos aciagos.

En una iniciativa que venía desde Chávez, la diplomacia venezolana decidió salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la multiplicación de demandas por violaciones graves del Estado. Aquel país nunca cumplió las sentencias en su contra, con el argumento –algo razonable- que ni la CIDH ni la Organización de los Estados Americanos (OEA) tenían el papel imparcial que se podría esperar de un juzgador.

Propongo un ejercicio sencillo: Revise Ud. la Carta de la OEA para constatar cuántas violaciones hace la institución mal dirigida por Luis Almagro a su documento fundamental. Históricamente, la OEA tiene pésima reputación, pero ni un organismo multilateral ni los supuestos profesionales que participan en él, deben ser partes de un conflicto, sino ayudar a resolverlo.

Analizar a las partes en conflicto venezolano supone retos de formidable complejidad: Con su fantasmal “Asamblea Constituyente”, Maduro rompió el marco constitucional para sacar del juego electoral a disidentes políticos y, ya desde su antecesor, formó “colectivos” en defensa de la revolución (con minúsculas) cuya tarea fue fortalecer estructuras paralelas paramilitarizadas en algunos casos, para eliminar detractores y emprender acciones de mal llamada “limpieza social” para controlar fenómenos de criminalidad y problemas de gobernabilidad en los barrios.

El periodista Juan Carlos Zapata acuñó el término “boliburguesía” para designar una élite gubernamental corrompida, como un juego de palabras que designaba a los “burgueses bolivarianos” que condujeron el proceso político, que sí eran acaudalados, pero sería una afrenta denominarlos de algún modo que los relacione con Simón Bolívar. Buena parte de los liderazgos han sido continuamente señalados por nexos con organizaciones criminales de drogas y trata de personas, por lavado de dinero en paraísos fiscales e incluso exhibidos por sus vacaciones en Miami y Dubai. Aquello no tiene que ver con un gobierno de “izquierda” cuyo propósito mentado es construir una sociedad igualitaria. Es evidente que las izquierdas necesitan un deslinde claro de lo indefendible.

En el frente disidente las cosas no pintan nada mejor. Juan Guaidó, proyectado mediáticamente como el “Obama criollo” era un desconocido, fabricado, entrenado y financiado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Desde hace tiempo, la disidencia política recibe patrocinios de las instituciones gubernamentales norteamericanas, que después pueden hacer el cargo a cuenta de la riqueza petrolera.

Su “autoproclamación” es otra variante de ruptura al marco constitucional. El joven líder sustenta su burda unción en la falta de un Presidente señalado en el artículo 233 de la Constitución, que fue cuidadosamente formulado durante el chavismo ante la inminencia del deceso del gobernante en 2013. Pero no hay tal, el fallido golpe reciente de abril lo constató: hay Ejecutivo en la persona de Nicolás Maduro y además está apoyado por las instituciones del Estado, así sean capturadas por el oficialismo: Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas y la Asamblea Constituyente, que por cierto nunca pudo culminar su propósito de promulgar una nueva Constitución. ¿Cómo puede asumir un presidente si no está apoyado por los demás Poderes, mucho menos por un proceso electivo? Aún se señala que esta pantomima es apoyada por 50 países, pero ¿desde cuándo otras naciones pueden decidir el destino de un país soberano?

Los actos de instigación de Guaidó son recurrentes: recién afirmó que “coordinaría” acciones con el Comando Sur de los Estados Unidos (US-SOUTHCOM), una franca ilegalidad, puesto que ningún ejército extranjero puede desempeñar función alguna conferida por la Constitución a la Fuerza Armada Nacional. De proseguir la idea golpista, SOUTHCOM se convertiría en un ejército de ocupación, cuestión que genera numerosas dudas en EEUU. El madurismo tendría justificaciones legales para detener y procesar a Guaidó, pero tal acción sería una ruptura peligrosa del precario equilibrio, que podría materializar las amenazas de Trump hacia una acción directa.

La cuestión “humanitaria” es también un juego de luces, sombras y muchas mentiras propaladas en medios poco afectos a constatar la información que publican. La supuesta “ayuda” enviada en febrero por los EEUU nunca pasó de la frontera colombiana. Además, es violatorio del Derecho Internacional proceder de esa forma. Las normas internacionales expresan que la ayuda humanitaria debe tener el aval del Estado receptor y hay muy delicadas implicaciones en que esta tarea la haga cualquier fuerza extranjera. Por ello es común que se designe para esta misión a la Cruz Roja Internacional o en su defecto a algún cuerpo multilateral, siempre con el consentimiento del Estado donde ocurre la crisis.

Los funcionarios “designados” por Guaidó despachan en Washington o en Panamá porque es evidente que las Fuerzas Armadas venezolanas son el fiel de la balanza y al menos el grueso de la estructura militar dirigente mantiene su lealtad al gobierno.

Un tema que complica el panorama se resumen en la tónica que sostienen los disidentes a Maduro y un numeroso grupo de venezolanos en el exilio es que “no hay nada que negociar”. El no reconocimiento del oponente parece una salida engañosa: los partidarios del proceso que inició Chávez y hoy continúa Maduro son numerosos y como se ve hasta hoy, son factores reales de poder.

La lucha por los recursos naturales es una vertiente de primera relevancia. Venezuela podría tener reservas petroleras aún mayores que el principal productor mundial, Arabia Saudita, y ello implica una feroz competencia por incalculables recursos económicos que lógicamente disputarán las petroleras norteamericanas, (investidas como influencia decisiva en la formulación de la política exterior), Rusia y China.

Es improbable que el escenario evolucione hacia una guerra convencional. Al menos el ambiguo apoyo de la Unión Europea o Canadá a Trump y sus asesores “halcones” podría estar condicionado a que eso no suceda. Con pasmosa ligereza, Maduro amenazó que una intervención directa podría significar un “nuevo Vietnam”, una grave advertencia si consideramos que el conflicto en aquel país surasiático causó millones de víctimas.

Los críticos de la negociación consideran que Maduro pretende ganar tiempo, quizá en espera que la oposición se debilite, se desgaste o cambie milagrosamente la correlación de poder para sostenerse en el cargo los próximos cinco años, cosa que suena imposible sin antes frenar un colapso económico que ha causado más del millón por ciento de inflación y un sistema monetario en quiebra.

Lo que sí es factible y por tanto muy riesgoso, es la “paramilitarización del conflicto”, si se permite usar esta expresión. Consiste en que ambos bandos incrementen personal, recursos económicos y capacidades organizativas para armar grupos irregulares que pueden ser mercenarios profesionales (en ambos bandos), agrupaciones criminales trasnacionales e incluso expresiones delictivas urbanas. Ante la imposibilidad de modificar el balance de poder, una “guerra de baja intensidad” puede ser un recurso más rápido y útil para que los políticos de todos bandos eludan responsabilidades futuras por crímenes de lesa Humanidad.

Paradójicamente, ante tal panorama desesperado la Paz es la única opción. Crear un Mecanismo de Apoyo Multilateral en el que se busquen métodos para destrabar el conflicto y obtener compromisos de todos los actores involucrados para no complicar más la situación. Desde luego, el caso venezolano muestra el tipo de análisis que se puede hacer desde las Ciencias Sociales y en concreto las Relaciones Internacionales. Es decir, no construir historias imaginarias sobre “buenos” y “malos” que no son tales, mucho menos proyectarlas sobre la situación política interna de otros países latinoamericanos con realidades muy distintas.

En virtud de que los actores políticos en Venezuela tienen sus propios antecedentes de ruptura a la legalidad e intereses éticamente cuestionables, quizá es benéfico mantener una posición equidistante. No debería existir razón por la cual apoyar una de las dos posiciones equívocas (no sé si en igual magnitud, pero a estas alturas es lo que menos importa). El conflicto ha llegado a niveles extremos de descomposición y es mejor ayudar a que la ciudadanía venezolana tome sus decisiones y dirima sus diferencias por la vía del diálogo y la construcción de acuerdos.

*Internacionalista y sociólogo