Foto: Cuartoscuro

El caso Iguala

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de setiembre del 2014, en la ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México, un brutal ataque por parte de las fuerzas policiales municipales de la región resultó en la desaparición forzada de 43 estudiantes, seis personas asesinadas (tres de ellos estudiantes) y decenas de lesionados por la inmensa cantidad de balas utilizadas.

Los estudiantes son parte de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, México. Jóvenes ellos, en su mayoría de entre 18 y 21 años de edad, procedentes de familias campesinas, de hogares pobres. Defensores de la educación pública, abocados a la transformación social del país, estudian para ser educadores de las poblaciones campesinas más aisladas y olvidadas; los desposeídos del México profundo. La Normal Rural de Ayotzinapa está ubicada en uno de los Estados más pobres del país, y ha servido de voz consciente para generar movimientos populares para combatir las políticas neo-liberales de los recientes gobiernos. Es por esto que, por décadas, se ha intentado eliminar a las Escuelas Normales Rurales en México, condenándolas a la constante criminalización y a la represión brutal.

La tesis del Estado Mexicano en torno a los hechos del Caso Iguala es que el ataque fue causado por los intereses locales del narcotráfico, de los narco-políticos y de su policía corrupta. Según las investigaciones oficiales, los policías municipales entregaron a los estudiantes a un grupo de sicarios narcotraficantes que los llevaron a un basurero (depósito sanitario) en las montañas, en donde los ejecutaron y posteriormente los incineraron a cielo abierto durante toda la madrugada y la mañana del día 27 de setiembre del 2014, guardaron las cenizas en bolsas de plástico y las tiraron a un río cercano para deshacerse de las evidencias; la “verdad histórica” de los hechos para el Estado Mexicano, que lo ha etiquetado como un caso aislado. Como resultado de esto se encarceló al Alcalde de Iguala, a su esposa, presunta hermana de un líder de narcotraficantes de la región, y a decenas de chivos expiatorios más.

Lo que no dicen es que el ataque se desarrolló bajo la atenta mirada y la complicidad de miembros de la Policía Federal y del Ejército Mexicano; por lo tanto se trata de un crimen de Estado, de un caso de víctimas de desaparición forzada, en el que estuvieron involucrados los tres niveles de gobierno: el Municipal, el Estatal y el Federal.Por otro lado, en diciembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y lo envió a México para investigar durante un año el caso y llegó a la conclusión de que el ataque es un crimen de lesa humanidad, que con pruebas científicas se confirmó que fue imposible incinerar a cielo abierto a los 43 estudiantes y que hay varias líneas de investigación que quedaron sin seguirse para esclarecer completa y verazmente lo que sucedió esa trágica noche. El gobierno mexicano respondió negándoles la extensión de su estancia en el país por seis meses más para continuar con las investigaciones, argumentando que no había más que hacer.

A lo largo de estos años el GIEI (http://bit.ly/CIDH-GIEI) ha entregado dos informes con los resultados de sus investigaciones confirmando que la versión oficial de los hechos es mentira, que hay importantes líneas de investigación pendientes, que no se ha atendido a los familiares de las víctimas como es debido, y que el caso no está cerrado.

En el 2018 se presentaron dos informes adicionales de distintas instituciones. El primero elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de Derechos humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa” (http://bit.ly/2FLrPsR) en donde se indica que hay sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de la investigación se le habría detenido arbitrariamente y torturado, y que estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento. El segundo informe, de la CIDH, fue el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa (http://bit.ly/InformeBalanceAyotzinapa2018), en el que además de todo lo anterior, la Comisión reitera que, a casi cuatro años, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada y no hay una sola sentencia condenatoria.

La desaparición forzada es una práctica sistemática que se utiliza para desarticular los movimientos sociales y organizaciones vistos como una amenaza. En México no existe un registro nacional ni tampoco una ley que tipifique este delito. En este ámbito de absoluta impunidad, el aparato militar y policial se despliega durante todo el territorio reprimiendo a la población amparado bajo la llamada Iniciativa Mérida, o Plan México, financiado por Estados Unidos, bajo la excusa de la guerra contra el narco, ahora reforzado por la recientemente promulgada Ley de Seguridad Interior.

Esta simulación sólo ha servido para dotar de adiestramiento contrainsurgente y equipar con alta tecnología a las fuerzas represivas del Estado, mientras el tráfico y el negocio de las drogas no se detiene. Las consecuencias han sido escalofriantes: sólo desde el 2006, más de 150.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos, cientos de presos políticos y arrasamiento de comunidades enteras para expropiar sus tierras y recursos. La barbarie y la rampante ilegalidad en que se mueve la militarización impuesta en el país han servido a los grandes intereses de la oligarquía trasnacional en alianza con la clase política. Ayotzinapa es una víctima más de este macabro Plan.

El 26 de setiembre de 2018 se cumplirán 4 años de la trágica noche de Iguala, 4 años de impunidad y dolor. El 1ro de diciembre de 2018 tomará posesión el nuevo Presidente de México, de supuesto perfil de izquierda y de respeto a los derechos humanos. Los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas rurales forzadamente desaparecidos en 2014 se reunirán con el Presidente entrante para exigir que no se cierre el caso con las mentiras históricas que el gobierno actual ha querido imponer, que se les trate con respeto y dignidad, y que se continúe con la búsqueda de verdad y justicia.

Uruguay es uno de los países en donde se han realizado acciones de repudio al gobierno y de solidaridad a los familiares y alumnos de Ayotzinapa, exigiendo la búsqueda de verdad y justicia a través de una investigación compometida y rigurosa para esclarecer los hechos e identificar a los reales responsables y que termine con esta guerra fallida que tanto dolor han dejado en nuestros hermanos mexicanos. Uruguay no olvida.

¡Porque Vivos se los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡Ayotzinapa Vive, la Lucha Sigue!

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