Foto: Agencia Presentes
Tras un largo y desgastante proceso[1], la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, apoyada por la Asamblea PUCARÁ y otras organizaciones sociales, logró finalmente arrancar una sentencia judicial frente a la avanzada extractivista que se cierne sobre las aguas de los humedales altoandinos, por parte de grandes empresas transnacionales ligadas al negocio mundial del litio; en este caso, las que operan sobre la cuenca del Salar del Hombre Muerto.
Afrontando la connivencia cómplice de diferentes instancias judiciales, el apoyo manifiesto y prácticamente incondicional de los sucesivos gobiernos en todos sus niveles (municipal, provincial y nacional), así como de las principales fuerzas político-partidarias, medios de comunicación hegemónicos y hasta funcionarios y entidades de universidades nacionales y el sistema público de investigación, finalmente, una pequeña comunidad originaria protagonizó un acontecimiento político completamente inesperado, hasta insólito, si se tiene en cuenta las grandes asimetrías de poder existentes de uno y otro lado. Esa comunidad provocó que el máximo órgano judicial de la Provincia de Catamarca se expidiera sobre la evidencia de los atropellos, abusos y violencias que empresas como la norteamericana Livent (ex FMC, operadora del Proyecto Fénix) y la australiana Galaxy Lithium S.A. (Allkem, proyecto Sal de Vida) -ahora ambas fusionadas como Arcadium, para constituirse en la minera más grande del ya concentrado mercado mundial del litio- vienen ejerciendo sobre las aguas del Salar del Hombre Muerto.
Sin dudas, no fue el poder económico ni la capacidad de lobby de la comunidad Atacameña lo que obligó a la Corte Suprema de la provincia a emitir un fallo que contempla mínimamente las demandas del amparo ambiental presentado. Fue la fuerza inexcusable de las evidencias de los daños, la contundencia de las amenazas y la fuerza de la racionalidad básica que sustenta la argumentación jurídica y política del amparo ambiental presentado por la comunidad a fin de salvaguardar los principios y valores políticos y las consecuencias vitales que están en juego en torno a la explotación de las aguas.
Siendo que esta lucha comunitaria es, en realidad, la principal noticia, el primer gran acontecimiento, la prensa comercial y los grupos de poder (privados y públicos) involucrados definieron poner el foco en la Corte de Justicia y en lo imprevisto -para ellos- de la sentencia emitida. Invisibilizando un proceso político de organización y reivindicación comunitaria, las empresas de noticias han hecho del fallo de la Corte, un espectáculo novelesco, de intrigas de poder y de descalificación general de sus contenidos.
Ahora bien, el fallo en sí, no es ni “extremista”, ni “irresponsable” ni carente de fundamentos, como se lo ha pretendido descalificar por el grueso del arco político, corporativo y mediático. Todo lo contrario. Basándose en los más elementales principios jurídicos del orden constitucional y del derecho ambiental vigente, considerando de un modo mínimamente razonable las evidencias de los daños y los fundamentos de la demanda, la Corte intentó poner un límite y un llamado de atención, ante lo que se avizora como una inminente tragedia socioambiental irreparable. Lejos de “poner en crisis” el modelo de negocios de la minería transnacional de litio, lejos de “afectar” en algún sentido la “seguridad jurídica” de las inversiones, el fallo de la Corte está haciendo, en realidad, un movimiento de defensa de los intereses mineros -apenas un poco menos burdo y algo más inteligente que lo que se viene ejecutando desde las otras esferas de gobierno.
Objetivamente, la sentencia sólo le pide al Ejecutivo que se abstenga de emitir nuevas concesiones y permisos mineros sobre la cuenca del Salar del Hombre Muerto, hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral de todos los proyectos en danza “sobre el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto – Dpto. Antofagasta de la Sierra, sobre el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, como las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectadas”[2]. El fallo mayoritario ni siquiera se atrevió a hacer lugar a la disposición de nulidad de los permisos de obras y de extracción de aguas ya otorgados a Livent y Galaxy, siendo que éstos no cumplen con el requisito ahora exigido. Sólo el dictamen en minoría de un miembro de la Corte (Voto del Dr. Cáceres), en un reflejo básico de sensatez y coherencia, se pronunció en este sentido. Por tanto, el riesgo de que los permisos ya concedidos afecten el balance hídrico de la cuenca y la terminen secando, sigue en pie.
Entonces, lo que ha tornado “escandaloso” (para algunos) al fallo no es el “extremismo ambientalista” de sus disposiciones ni la falta de fundamentos, sino su carácter políticamente revelador. Más que las medidas precautorias y protectoras sobre un bien de valor vital como lo son las fuentes de agua (que, como dijimos, son demasiado flacas), el valor principal de la sentencia es que viene a correr el velo de cinismo que se monta bajo el discurso del “desarrollo sustentable” y la “minería responsable”. Cinismo, primero y principal, de las élites del Norte que han hecho de la “transición energética” un nuevo acelerador de la crónica acumulación por despojo. Cinismo de las élites del Sur que, bajo una retórica desarrollista, asumen el papel de sumisión histórica y dependencia estructural.
Queda al desnudo la lógica sacrificial extractivista que está operando la destrucción de los humedales altoandinos bajo las garras de la voracidad lucrativa de los inversores. Lo que se revela es, por un lado, el extractivismo como pacto oligárquico (gubernamental-corporativo); que, de facto, gobierna el mundo (nuestra provincia, el país, la región, el planeta todo). Tal pacto funge como el verdadero régimen de poder que detenta cada vez más el control sobre las principales variables de la vida en la Tierra y que pretende disponer sobre ella, absolutamente.
Consiguientemente, se pone de manifiesto que lo que se impone en nombre de la “seguridad jurídica de las inversiones”, es un escenario obsceno de impunidad jurídica para grandes corporaciones extranjeras, funcionarios estatales y empresarios locales inescrupulosos. En el negocio extractivista, destrucción ambiental, violación de derechos constitucionales y corrupción pública y privada, son condiciones necesarias; es decir, son consecuencias omnipresentes. Por tanto, su viabilización requiere el montaje de una compleja arquitectura de impunidad jurídica. El fallo de la Corte les viene a decir que acá, en Catamarca, esa arquitectura está ya desvencijada; no llega a cubrir los requisitos mínimos de credibilidad social.
Por otro lado, el dictamen de la Corte saca a la luz la sentencia de fondo realmente vigente desde hace unos años en los humedales altoandinos de nuestra región: la fiebre del litio está operando como una sentencia de exterminio, de ejecución sumaria, sobre las poblaciones (humanas y más que humanas) que supieron hacer de los salares sus territorios, sus mundos de vida; su lugar en el mundo. Queda al desnudo que la ecuación de rentabilidad de las élites (locales y transnacionales) hace caso omiso de razones humanitarias; mucho menos de “consideraciones ambientales”. La vida, efectivamente, para ellos, tiene valores de mercado.
Un racismo radical acompaña el cinismo de los que integran el pacto oligárquico-extractivista. No pueden disimular siquiera la presumida mirada colonial con la que inferiorizan los medios y los modos de vida de esas poblaciones que hoy -como ayer- están siendo sacrificadas para mantener sus negocios. Poblaciones-comunidades que, dicho sea de paso, supieron crear y criar, en esos ecosistemas tan frágiles y complejos, un mundo habitado y habitable; apto para albergar y sostener vida. Para las minorías privilegiadas que participan de los negocios efímeros de la explotación del litio, esas ganancias (sus ganancias) son motivo suficiente para justificar, incluso, el desplazamiento final de esas “pobres” poblaciones. En nombre del “desarrollo”, políticas públicas de “asistencia” podrán ocuparse de ellos, ya reasentados en barrios periféricos de las ciudades. La necesidad de “políticas asistencialistas” realimentará así, el círculo vicioso de expansión extractivista.
Son esos “puestos de trabajo” y los ingresos fiscales para sostener las “políticas sociales” las primeras “razones” cínicamente esgrimidas por los ventrílocuos del poder para denostar las disposiciones de la Corte; para acusarla de “irresponsable”; para advertir sobre sus consecuencias presuntamente “temerarias”. A nivel global, se crea la ficción de que el litio es “imprescindible” para la transición energética; se arma el relato que su extracción es necesaria para “descarbonizar la economía, cuando, en realidad, está acelerando una dinámica de híper-fosilización[3]. A nivel local, instala la falacia de que las y los catamarqueños viven del litio; alienta la fantasía de que la explotación del litio permitirá (esta vez sí?) el desarrollo de la provincia, cuando, lo que de hecho está aconteciendo es que esas explotaciones están matando nuestras posibilidades reales de futuro.
La sentencia de la Corte es apenas que mínimamente pudorosa. Tiene el decoro de no hacer caso omiso ante un daño ambiental gravísimo de carácter irreparable, como es el precedente fáctico, indiscutible, del secamiento de la vega principal del río Trapiche por cuenta y cargo de la empresa norteamericana FMC – Livent. Esta vez, la Corte se propuso no incurrir en la obscenidad que es habitual en estos casos. De hecho, no hizo lo que -para el gobierno que la puso- se suponía que debía hacer (fingir demencia).
La sentencia toma en cuenta que hay más de seis proyectos que pretenden extraer agua a gran escala, de forma acelerada en el tiempo e intensiva en volúmenes sobre uno de los pocos y más importantes cursos de agua, de un ambiente extremadamente árido, siendo con todo, reserva clave de biodiversidad y de funciones ecosistémicas globales. Se revela que las autorizaciones para extraer ingentes cantidades de agua se otorgaron sin tener en cuenta el impacto integral y acumulativo de los pedimentos (sólo la ampliación de la explotación de Livent fue autorizada a extraer 650.000 litros/hora durante, por lo menos, 20 años). El gobierno de la provincia -los funcionarios que actuaron directamente en los permisos y licencias concedidas- ni siquiera se hizo la elemental pregunta de cuánta agua se puede extraer de esa cuenca sin afectar sus balances hidrogeológicos. La sentencia revela que eso no le importa al gobierno.
Uno de los jueces de la Corte se preguntaba en los fundamentos de su fallo si “era razonable que el “agua de todos” sea utilizada por estos emprendimientos privados en detrimento de la comunidad”[4]. Ni siquiera es un cuestionamiento sobre cuán justificable es destruir hábitats ancestrales, simplemente para hacer baterías de productos suntuarios, como lo son autos eléctricos cuyas baterías dan cuenta del 65 % de la demanda global del litio.
La sentencia -en realidad, el proceso reivindicatorio de la comunidad originaria que la demandó- deja al desnudo, en definitiva, cómo el colonialismo verde del Norte se alía a la colonialidad marrón de las élites locales para unirse a una alianza realmente suicida: sacrificar la habitabilidad (ancestral, presente y futura) de todas y de todos, en el altar de la rentabilidad efímera de pocos y para pocos.
Más allá de los ruidos mediáticos, convendría considerar que mucho más importante que la sentencia de la Corte, es la lucha territorial de las comunidades y organizaciones que la provocaron. Este proceso -estas luchas, en general- nos enseñan que son finalmente los pueblos los que defienden la integridad socioecológica de los territorios; no las leyes, ni la Justicia; mucho menos los gobiernos sumidos en esta matriz colonial. El fallo de la Corte es ya objeto de disputa. Está por verse si la sentencia tendrá eficacia y podrá sostenerse, o no. De su disputa dependerá que realmente funcione como un freno a la locura extractivista, o que simplemente sea un maquillaje temporario que disimula la inmoralidad obscena de las élites. Resta dirimir si los habitantes de esta bendita tierra (la provincia, el país, la región, nuestro único planeta) acompañan o no la lucha de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. La lucha en defensa de la habitabilidad contra la violencia destructiva de la rentabilidad es lo que dirimirá el futuro de nuestra especie. Ni más ni menos.
Postdata:
Terminando de escribir estas líneas recibimos las noticias de las denuncias recibidas por la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano por parte de empresas mineras y sus operadores, incluyendo la amenaza de muerte hacia el cacique Román Guitián. La comunidad hizo la denuncia correspondiente y emitió un comunicado en la que señala: “
“Una vez más, la historia se repite. Nos quieren en silencio, nos quieran fuera de nuestra tierra, nos quieren sin derechos, nos quieren con miedo, nos quieren muertos. Hacen lo que hicieron siempre los conquistadores, los colonizadores, los empresarios llenos de avaricia y codicia, los gobernadores corruptos, recurren a la a la única manera que conocen: la violencia. Nosotros en cambio, siempre hemos elegido el camino de la paz, el camino de la justicia. Así lo hicimos cuando nos presentamos ante la Justicia, que dictamino el jueves pasado un importante fallo para proteger nuestro derecho más fundamental: el agua y el territorio. Sin embargo, desde ese día, no hemos parado de recibir graves amenazas de integrantes de las empresas y de trabajadores despedidos. (…) Esta no es una lucha entre vecinos, ni entre hermanos. Eso quieren los de afuera, nos quieren peleados y con miedo. Nos quieren divididos y empobrecidos, para saquear nuestro territorio de manera más fácil. Desde nuestra comunidad, insistiremos en el camino de la paz. Llamamos a nuestros hermanos y hermanas del territorio antofagasteño a dejar la violencia. A no repetir la vieja historia de conquista, miedo y dominación, que ahora quieren repetir las empresas transnacionales. Nuestro camino, es el camino de la justicia. ¡Jallala!”.
[1] https://agenciatierraviva.com.ar/fallo-historico-comunidades-indigenas-y-asambleas-socioambientales-frenan-a-mineras-de-litio/
[2] Sentencia Interlocutoria N°008 «GUITIAN, Román E. c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO s/ Acción de Amparo Ambiental».
[3] Véase: “La transición energética como amenaza para comunidades hidroagroancestrales. La minería de litio en el Bolsón de Fiambalá (Catamarca)”. H. Machado A., A. Martínez V. y L. Rossi. Ecología Política N° 65, 89-94, 2023.
[4] Sentencia Interlocutoria N°008 «GUITIAN, Román E. c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO s/ Acción de Amparo Ambiental», Pag. 40.
