Más allá de los discursos condenatorios acerca de la visita del Papa a Chiapas, acusando el evento como una forma de control de masas que responde a la necesidad de recuperar la fe de los pocos feligreses católicos que quedan en dicha región de frente al incremento de los evangélicos y del deseo de las autoridades de gobierno de mostrar al “indio bueno”, es pertinente analizar la relevancia que cobra la presencia del Vicario para un porcentaje importante de los creyentes indígenas católicos. Si la visita a Tuxtla podría omitirse de un análisis profundo no sucede lo mismo con la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas donde el porcentaje poblacional mayoritario es indígena, con una economía de ruralidad diversificada y agrupada en una diócesis que por más de cincuenta años ha mostrado particularidades de resistencia social significativa.

La influencia de la diócesis en la región es sumamente importante si se recuerda la tradición teológica y política heredada del Obispo Don Samuel Ruiz, quien desde 1959 y hasta 1999 la presidió. Muchas de las organizaciones políticas, indígenas y campesinas, que actualmente juegan con fuerza en la arena política de la entidad tienen su germen en el Congreso Indígena de 1974, donde catequistas seculares de las diferentes regiones diocesanas tuvieron la oportunidad de discutir por primera vez los problemas comunes que los aquejaba: maltrato, discriminación, explotación en las fincas, despojo de tierras, abusos de acaparadores de cosechas, falta de servicios escolares y de salud, amenazas y violencia. El congreso del 1974, organizado por la Diócesis, fue el parte aguas inaugural de una nueva etapa de resistencia y empoderamiento en las comunidades, generando movimientos campesinos y la conformación de numerosas agrupaciones en demanda de reparto agrario.

La importancia de la diócesis de San Cristóbal podría contra argumentarse con la disminución de católicos en el estado, sin embargo, si bien es cierto que la diversidad religiosa ha incrementado en Chiapas, provocando problemas sociales de expulsiones e intolerancia religiosa, también es necesario decir que pese a ello los católicos siguen representando la religión más numerosa entre la población indígena. Los datos ofrecidos por el INEGI en su último documento sobre el tema, Panorama de las Religiones en México 2010, contradicen los diagnósticos que señalan que los católicos indígenas han sido superados en un 60%. Es posible observar que en una población de 1 209 057 hablantes de alguna lengua indígena los católicos representan el 50.35% con 608 819 adeptos; en cambio, la suma global de prebisterianos, evangélicos, protestantes, cristianos, testigos de Jehová, santos de los últimos días, judíos y musulmanes es de 450, 257, es decir el 34.25%, el resto no señala ninguna religión. Sin embargo, en oposición a la heterogeneidad que representa la secularización religiosa, los católicos indígenas, aún con sus particularidades doctrinales, componen un sector más cohesionado, mayoritariamente adscrito a la iglesia universal, lo que ha permitido que un número importante de ellos se movilice de manera constante para trabajar en favor de la justicia social y por la defensa de los territorios originarios. Este sector organizado es reconocido como “pueblo creyente”; nombre designado en su momento por el obispo Samuel Ruíz a la feligresía indígena que se manifestó públicamente en las calles en contra del encarcelamiento injusto del párroco de Simojovel, Joel Padrón, quien en 1991 denunciara las numerosas violaciones a los derechos humanos en el norte de Chiapas; fue acusado de conspiración contra el gobierno, asociación delictuosa, despojo, robo, amenazas, provocación, entre otros delitos. La resistencia tenaz del pueblo creyente logró su libertad pese a todas las presiones estatales.

Foto: Enriqueta Lerma Rodríguez

El pueblo creyente, desde entonces con más fuerza, se ha sumado a diferentes procesos de resistencia y solidaridad. Sin embargo, la historia de lucha y congruencia por el bienestar social se hizo palpable desde años atrás. Por ejemplo, en la década de 1980, durante el período del refugio guatemalteco, a través del Comité de Solidaridad diocesano, se organizaron campamentos, cursos de educación básica, talleres artesanales, de análisis de la realidad y hasta se gestionó la permanencia definitiva de algunos guatemaltecos en predios adquiridos por agentes diocesanos. Estos mismos agentes acompañaron el retorno organizado a Guatemala, ganándose el respeto y gratitud de miles de ex refugiados para siempre, un reconocimiento que ni el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados logró.

La intermediación de la Iglesia de Don Samuel ha sido tan importante en la región y tan polémica que durante la coyuntura de expulsiones de “cristianos” en San Juan Chamula, la diócesis condenó los hechos perpetrados en dicho municipio, promoviendo el diálogo. Lo que provocó la expulsión también de chamulas católicos seguidores de Don Samuel y la ruptura con la diócesis de San Cristóbal, ya que los expulsores optaron por la iglesia católica ortodoxa. En este contexto la Diócesis promovió la tolerancia religiosa y apoyó el reacomodo de los expulsados, mostrando así sus primeras prácticas hacia el ecumenismo.

El mismo territorio de esta diócesis ha sido escenario del levantamiento zapatista, lo cual no es un simple dato: baste recordar las anotaciones de Jan de Vos, a quien el Subcomandate Marcos aseguró en entrevista que el encuentro entre los guerrilleros y los catequistas de Don Samuel, en medio de la selva, les permitió a los primeros trasformar su visión “cuadrada” del mundo en “redonda”. No sobra decir que el método tijwanej, “recibir y devolver la palabra a la comunidad” y “discutir entre todos para interpretar la realidad y realizar acciones” es una aportación de la teología liberadora al zapatismo y no a la inversa. Asimismo cabe recordar que la rebelión en las cañadas, tuvo su germen en la migración de indígenas campesinos, apoyada por los jesuitas hasta la selva desde las fincas de Ocosingo, Altamirano y otros lugares y que muchos catequistas y agentes eclesiales fueron acusados, tras el levantamiento zapatista, de ser promotores de la revuelta, tal como lo señala Andrés Aubry, Carmen Legorreta y Xóchitl Leyva. La nominación de Samuel Ruiz a participar en el diálogo con el gobierno federal como parte de la CONAI fue también una muestra de la capacidad analítica de los agentes eclesiales y de la confianza que las comunidades tenían depositada en la Iglesia Católica, en especial en su obispo.

Entre otras labores de suma importancia la diócesis también fundó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; de la asociación civil Desarrollo Económico y Social de Los Mexicanos Indígenas (DESMI), encargado de incentivar y asesorar la producción agroecológica en varias comunidades; y de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO) que desde el levantamiento zapatista tuvo la encomienda de promover la resolución de conflictos intercomunitarios por la vía del diálogo y promover la paz.

Foto: Enriqueta Lerma Rodríguez

La respuesta a los intentos de pacificación y justicia de la diócesis, sin embargo, han despertado poca simpatía en los gobiernos estatal y federal, cabe señalar el caso del padre Miguel Chateau, párroco de Chenalhó, extraditado por el gobierno federal tras haber denunciado las características y el tipo de entrenamiento que tenían los paramilitares que perpetuaron la masacre de las abejas en Acteal. La respuesta fue la deportación y la condena a la diócesis por su intervención. Historias como estas se repiten en todos los rincones del territorio diocesano. Tales son las recientes amenazas contra el padre Marcelo Pérez de Simojovel, quien se opuso al incremento de la delincuencia organizada, a las cantinas, a la venta de drogas y a la prostitución; fue apoyado por el pueblo creyente con una peregrinación de decenas de kilómetros por varios municipios, dado que sus “enemigos” ofrecieron una recompensa de hasta millón y medio de pesos por su cabeza. La solicitud del pueblo creyente de que el padre Marcelo se encuentre con el Papa para contarle la situación en que se encuentra la delincuencia en Chiapas fue bloqueada desde la actual cúpula de la diócesis de San Cristóbal: no podrá entrevistarse con el pontífice, aunque sí se logró que esté presente en la misa papal como animador del evento.

Más allá de las coyunturas complicadas, que no son pocas, es necesario también señalar el importante trabajo que realiza la diócesis de manera cotidiana. Organizada en sus siete zonas diocesanas (centro, sur, tzeltal, tzotzil, chol, chab y sureste), los agentes pastorales, diáconos seculares y catequistas, realizan diferentes tareas: a través de la pastoral social atienden problemas específicos en materia de derechos humanos; equidad de género -desde la comisión de mujeres, CODIMUJ-; asesoría de jóvenes; apoyo a migrantes, entre otras acciones. Con la recién creada Pastoral de la Madre Tierra se busca coordinar esfuerzos en defensa del territorio, oponiéndose a la venta de la tierra, al monocultivo de especies no endógenas, al uso de transgénicos, a la construcción de megaproyectos carreteros e hidráulicos, a la extracción minera, al despojo de la tierra y a la migración provocada por la pobreza que desarticula los núcleos familiares; asimismo el pueblo creyente se manifiesta con peregrinaciones en contra de las reformas estructurales, del genocidio reflejado en las fosas clandestinas del país, de la desaparición de estudiantes como en el caso de Ayotzinapa, del feminicidio y contra las guardias blancas que someten a los pueblos. En este listado de objetivos el pueblo creyente además se ha sumado al proyecto de la Nueva Constituyente, sintiéndose orgullosos de que el obispo Raúl Vera sea uno de sus principales promotores.

Foto: Enriqueta Lerma Rodríguez

El pueblo creyente nutre su espiritualidad a partir de la teología india y sigue -a regañadientes de la cúpula diocesana y en contra de la suspensión dictada desde el Vaticano- ordenando diáconos indígenas permanentes: hombres de comunidad que sirven al lado de sus esposas y con el respaldo de sus familias el ministerio de impartir los sacramentos y de de leer la palabra de Dios a la luz de los tiempos; hombres y mujeres comprometidos con sus comunidades en el proyecto de lograr la liberación espiritual, empeñados en eliminar la opresión social. Sin embargo, quizás el reto más grande que tiene el pueblo creyente es la misma proliferación de corrientes al interior de la diócesis, donde católicos renovados y carismáticos se oponen a las tareas de los agentes pastorales que buscan construir una iglesia liberadora. La disputa al interior del catolicismo en San Cristóbal está entre estos dos proyectos: una iglesia liberadora y otra conservadora. Un ejemplo de esta contradicción se observó este 25 de enero: las autoridades diocesanas se opusieron a la peregrinación en memoria del quinto aniversario luctuoso de Don Samuel Ruiz, con la justificación de que era mejor canalizar esfuerzos para la visita del Papa, pero el pueblo creyente, fiel a su pastor, a quien llaman el Caminante, acudieron a recordar su labor y a honrarla con la continuidad de su trabajo. Durante el evento fueron evidentes las diferencias entre el actual obispado que busca desalentar la organización del pueblo creyente. Por ejemplo, antes de iniciar la misa se pidió a la feligresía, que mostraba letreros en defensa del territorio, guardar sus mantas y sus consignas.

Entre otras cuestiones este es el contexto con que el Papa se encontrará durante su visita a Chiapas: una comunidad católica en resistencia a partir de las comunidades eclesiales de base y un sector de católicos que buscan acabar con el proyecto de Don Samuel. Por ello las controversias ahora son ríspidas en San Cristóbal, donde los “coletos” se sienten excluidos porque el Papa decidió reunirse solo con ocho indígenas para compartir los alimentos.

Foto: Enriqueta Lerma Rodríguez

La visita del Papa en San Cristóbal sin duda representa un momento clave para el catolicismo en la diócesis de San Cristóbal. El pueblo creyente espera que tenga conocimiento de los problemas que afectan al grueso de la población indígena en la región, que sepa del trabajo que han realizado en pro de la justicia y por la defensa de sus territorios originarios, que sea testigo de la importancia que guarda para las comunidades el diaconado indígena permanente y que autorice su ordenamiento. Espera que la balanza se incline en su favor y logren dan continuidad al camino trazado por Tjatik Samuel Ruíz. Y seguramente el pueblo creyente espera que suceda lo que le gritaron en coro a Felipe Arizmendi cuando iniciaba su participación en el quinto aniversario de la muerte de Don Samuel: “¡Queremos un obispo del lado de los pobres, queremos un obispo del lado de los pobres!”.