Tras 18 días de movilización constante en cientos de puntos de Ecuador y especialmente en la capital, Quito, el Gobierno neoliberal y ultraconservador de Guillermo Lasso y los convocantes del Paro Nacional han llegado a un acuerdo para suspender las protestas.
Para la Conaie, la organización social más grande del país y principal impulsora de las movilizaciones, “la contundencia” del Paro Nacional se ha traducido en “logros importantes”. A pesar de que el presidente Lasso “nunca se sentó en la mesa de diálogo, su gobierno se vio obligado a responder al pueblo”, dice esta organización que cuenta en sus bases con varios millones de personas y con tres décadas de historia.
Las principales victorias de este movimiento social —aliado con las organizaciones Feine y Fenocin— han sido la reducción del precio del combustible Extra y Ecopaís en 15 centavos el galón, la derogación del estado de excepción, una serie de compromisos para respetar los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios y garantías para que las industrias extractivas no arrasen el patrimonio natural de Ecuador.
Entre estas medidas, destaca la derogación del Decreto 95, que suspende la ampliación de “la frontera petrolera” para proteger los territorios y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente de la Amazonía, donde se concentran las explotaciones de crudo en Ecuador. Esta disposición fue aprobada el 7 de julio de 2021 y pretendía duplicar la producción de petróleo en unas regiones ya azotadas por los periódicos derrames y otras afectaciones vinculadas a la industria petrolera que ponen en peligro el modo de vida de los pueblos indígenas.
El acuerdo con el Gobierno firmado supone la prohibición de nuevas concesiones en áreas protegidas y territorios ancestrales indígenas, en zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas y áreas de protección hídrica
Otro de los logros del Paro Nacional, según la Conaie, es la reforma del Decreto 151, que define la política minera en el país. Según celebraban en un comunicado, el acuerdo con el Gobierno de Lasso supone el fin de la minería en áreas protegidas y territorios ancestrales indígenas, en zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas y áreas de protección hídrica.
El pacto también incluye garantías de una “consulta previa, libre e informada” para proyectos económicos en comunidades indígenas, un fortalecimiento de los mecanismos de control de precios “en la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad” y la declaración de una emergencia en el sistema de sanidad pública con la distribución de recursos y medicamentos en los centros sanitarios del país.
En las movilizaciones, que duraron casi tres semanas, han muerto al menos seis personas y otras 500 han resultado heridas, según el informe Violación de derechos humanos en Ecuador en el marco del Paro Nacional 2022. La alianza de ONG y organizaciones de DD HH encargada de este informe describe de “desgarradores” los testimonios recogidos. “Todos coinciden en destacar la violencia represiva desplegada y el ataque masivo sobre población civil indefensas. Las fuerzas de seguridad actuaron con vehemencia e impunidad en el ejercicio de la represión”, señalan. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden “dispararon directamente al rostro, de manera horizontal, a corta distancia, con el claro objetivo de matar”, apuntan.
La Conaie recela del cumplimiento de los acuerdos y advierte a Guillermo Lasso que harán un seguimiento firme de lo pactado. “No renunciamos al derecho a la resistencia. Si no cumplen volveremos millones”
En la represión de las manifestaciones se utilizaron municiones antitumulto, cartuchos de gases lacrimógenos, así como perdigones y balas de plomo. “El criterio abusivo, arbitrario y desproporcionado de las facultades para detener; el trato cruel dispensado a los detenidos que incluye tormentos, malos tratos, inhumanos o degradantes, configuran especiales vulneraciones dirigidas a menoscabar la propia condición humana”, denuncian.
Pese al compromiso arrancado al Gobierno, las organizaciones convocantes recelan del cumplimiento de los acuerdos y advierten a Guillermo Lasso que harán un seguimiento firme de lo pactado. “No renunciamos al derecho a la resistencia. Si no cumplen volveremos millones”, advierten desde la confederación indígena.
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