Ciudad de México | Desinformémonos. «El traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es un retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos», aseguró la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, tras la aprobación del Congreso a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Al-Nashif señaló que las reformas aprobadas por el Senado el pasado 9 de septiembre, con las que se transfiere el control operativo, presupuestario y administrativo de la GN a la Sedena, «dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública».
La Alta Comisionada criticó que la participación y el debate públicos «fueron muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la transferencia».
“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.
Recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha aumentado desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.
Finalmente, la Alta Comisionada interina expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
A continuación el comunicado completo:
La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó hoy su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El 9 de septiembre, el Senado aprobó un paquete de reformas legislativas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares.
“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, dijo Al-Nashif.
Ella recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.
“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos”, dijo.
La Alta Comisionada interina señaló que la participación y el debate públicos fueron muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la transferencia, y expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
