Ciudad de México | Desinformémonos. “En el desplome de la Línea 12 y en su reconstrucción prevalece la impunidad y protección a empresas y funcionarios”, denunciaron familiares organizados tras la presentación del dictamen preliminar por la empresa DNV sobre el colapso sucedido en la intersección Olivos-Tezonco del Metro de la Ciudad de México el pasado 3 de mayo.

Según el informe de la empresa noruega, “el colapso fue causado por una deficiente ejecución de la obra. No se utilizaron los materiales adecuados ni suficientes”, recontó en un comunicado la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México tras la presentación el pasado miércoles 16 de junio de la primera parte de los encuentros del peritaje internacional sobre el desplome del tramo la Línea Dorada que costó la vida de 26 personas y dejó decenas de lesionados.

La organización conformada por familiares afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2019 denunció que los encargados de la obra “deliberadamente utilizaron menos material del comprometido, de menor calidad e instruyeron a los trabajadores a realizar labores más rápidas y menos costosas”, así como que las empresas y los funcionarios responsables de supervisar las obras “fueron cómplices” del “trágico y criminal colapso”.

Señalaron que “no es casual que la desgracia sucediera en el oriente de la ciudad”, ya que se nota un “constante regateo en la asignación de presupuesto a las construcciones de las zonas periféricas y más pobres de esta capital” aunado a la “corrupción y protección que desde los máximos niveles de poder se ofrece a las empresas constructoras”.

Exigieron que la rehabilitación de la Línea 12 se realice “garantizando la calidad de los materiales y trabajos con cargo a las sanciones que deben imponerse a los constructores y a los funcionarios que las consintieron”. Pidieron sancionar a las constructoras y supervisoras “pero también a los funcionarios responsables de garantizar la correcta ejecución” de las obras, esto en el marco de las declaraciones de Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno durante la construcción de la Línea, que lo deslindan de su responsabilidad.

Manifestaron que el colapso es una muestra más de la “corrupción del cartel inmobiliario en nuestra ciudad, profundizada en la administración de Miguel Ángel Mancera” y tuvo consecuencias letales en el desplome de la Línea Dorada, así como en el sismo de septiembre de 2019, cuando miles de personas perdieron sus casas a falta del mantenimiento adecuado y detección de fallas para impedir las tragedias.

A continuación el comunicado completo:

Ciudad de México, jueves 17 de junio, 2021

En la L12 como en la reconstrucción prevalece la impunidad y protección a empresas y funcionarios

Damnificados Unidos de la Ciudad de México reiteramos nuestra total solidaridad con las víctimas y sus familiares por la caída de la línea 12 del metro. Asimismo, denunciamos que los Gobiernos de la Ciudad de México no han sido capaces de garantizar seguridad en las construcciones ni ahora ni en administraciones anteriores. Esto lo demuestra el dictamen preliminar presentado por la empresa DNV[1] este miércoles 16 de junio en relación con el trágico y criminal colapso sucedido el pasado 3 de mayo.

Este primer avance en la investigación es claro: el desplome del tramo de la línea 12 que terminó con la vida de 26 personas y dejó decenas de lesionados, muchos de los cuales podrían sufrir consecuencias permanentes, fue causado por una deficiente ejecución de la obra. No se utilizaron los materiales adecuados ni suficientes y tampoco se ejecutaron de manera correcta. Es decir que deliberadamente los encargados de la obra utilizaron menos material del comprometido, de menor calidad e instruyeron a los trabajadores a realizar labores más rápidas y menos costosas. Los responsables de supervisar, empresas y funcionarios fueron cómplices. La voracidad de las empresas constructoras que aumentan su ganancia reduciendo calidad volvió a costar vidas como en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

No es casual que esta desgracia sucediera en el oriente de la Ciudad. Junto con la corrupción y la protección que desde los máximos niveles de poder se ofrece a las empresas constructoras, aparece también el constante regateo en la asignación de presupuesto a las construcciones de las zonas periféricas y más pobres de esta capital. En el caso de la atención a las y los damnificados lo hemos observado permanentemente: se obliga a que las rehabilitaciones y reconstrucciones de nuestras viviendas no cuesten más de 100 o 200 mil pesos. Entendiendo que las empresas no están dispuestas a sacrificar ni un centavo de sus utilidades, la consecuencia es que se apueste a ahorrar en materiales y mano de obra especializada.

Igual que con nuestra emergencia, en esta ocasión, la desgracia ofrece oportunidad de negocio para las grandes desarrolladoras que han sido dueñas de la Ciudad. Ahora buscarán obtener jugosos contratos para rehabilitar la línea 12. Así también han perseguido el presupuesto de la reconstrucción que ha servido para llenarles los bolsillos a cambio de obras de las que nunca estamos seguras y seguros que no se convertirán en un peligro para la vida de nuestras familias.

Hemos denunciado decenas de casos donde han realizado malas ejecuciones, con materiales deficientes y con altos sobre costos. Pero no se sanciona a nadie. O nos condenan a vivir con miedo o afectan nuevamente los fondos públicos para corregir sus fallas. Por eso, exigimos que la rehabilitación de la línea 12 se realice garantizando la calidad de los materiales y trabajos con cargo a las sanciones que deben imponerse a los constructores y a los funcionarios que las consintieron.

No podemos seguir permitiendo que prevalezca la impunidad en el castigo a los responsables de la perdida de vidas humanas como hasta ahora. Condenamos la pretensión de Marcelo Ebrard, quien fuera jefe de gobierno durante la construcción de la llamada Línea Dorada, de responsabilizar a empresas e instituciones eximiendo la responsabilidad propia. Se debe sancionar a constructoras y supervisoras pero también a los funcionarios responsables de garantizar la correcta ejecución comenzando desde el titular del gobierno.

Lo que sucedió en la Línea 12 manifiesta la impronta de la corrupción del cartel inmobiliario en nuestra ciudad, profundizada en la administración de Miguel Ángel Mancera quien tuvo la responsabilidad, al igual que la Jefa de Gobierno, de garantizar el mantenimiento y detectar posibles fallas para que se pudiera impedir esta tragedia.