“Estamos un poco amargos, tuvieron que pasar 4 años para que el juez diera la razón”, explica Rocío Moreno, integrante comunitaria de Mezcala, Jalisco, ante el fallo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que absolvió a nueve comuneros del pueblo acusados de daños al empresario Guillermo Moreno Ibarra.
En 2011 Moreno Ibarra interpuso varias denuncias ante la Agente del Ministerio Público por el delito de robo de un panel solar que el empresario instaló dentro del territorio comunal sin la autorización de la Asamblea de Mezcala. El panel, que alimentaba una bomba de agua que desviaba y retenía arroyos que las comunidades de Mezcala y San Juan Tecomatlán utilizaban para sus actividades agrícolas y ganaderas, fue desmontado y puesto a la disposición de Moreno Ibarra afuera de la Casa Comunal por orden de la Asamblea de Mezcala.
El 27 de mayo de 2015, el Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Jalisco, Oscar Martín Morales Vázquez sentenció a los comuneros a penas privativas de la libertad y al pago de la reparación del daño. Meses después, los comuneros de Mezcala acompañados jurídicamente por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), interpusieron la apelación donde se hicieron notar una serie de irregularidades como violaciones al debido proceso (desde la agencia del Ministerio Público y por el Juez Penal de Ocotlán), derecho de audiencia y la privación ilegal de la libertad en contra de Rocío Moreno.
En el caso de Moreno, el empresario Ibarra mantuvo durante el careo que ella era la autora intelectual del suceso del panel, a pesar que se encontraba estudiando en Guadalajara en el momento que lo desmontaron. Rocío fue detenida con el pretexto que había amenazado a unos periodistas, cuando realmente estaba ofreciendo una entrevista.
“Días posteriores nos presentamos todos en el juzgado penal y fue la detención. Yo tenía la lista de asistencia que demostraba que estaba en Guadalajara y me absuelven. A la semana inicia todo el proceso legal con bastantes irregularidades. De las 10 personas, solo tres de ella tenían y los demás no”, relata Rocío.
Como explica, el proceso supuso un duro golpe para varios de los encausados ya que muchos perdieron su trabajo porque tenían que ir a firmar cada lunes en Ocotlán. “Ahorita, después de cuatro años nos absuelven porque ni pudieron demostrar quién es el dueño del panel solar ni que el panel estaba dentro de su propiedad”, sentencia la mezcalense.
Denuncia CEPAD que este caso se enmarca dentro de la criminalización de la protesta social de quienes defienden sus derechos humanos individuales y colectivos, como son a la preservación de sus territorios, bosques, aguas y culturas en contra de los abusos de los poderes públicos y económicos que imperan en Jalisco y en todo México.
Respecto a Moreno Ibarra, el empresario sigue con dos represas sobre un terreno de 12 hectáreas que los locales reclaman como comunales y recriminan que la policía local apoya al “usurpador”, a pesar de ser un sujeto que ha amedrentado a los campesinos con disparos al aire y otras acciones.
Los pobladores decidieron que hasta que no se solucione el juicio agrario, que va camino de su tercera sentencia, no se acercarán al terreno y ven un posible desalojo del empresario en la próxima resolución judicial. “Estamos peleando para que esa zona invadida se restituya a la comunidad”, sentencia Moreno.
