La empresa pública Tragsa, una de las más grandes del Estado español con sus más de 14.000 empleados, ha sido denunciada por cesión ilícita de trabajadores a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. La denuncia por cesión ilegal se dirige a Tragsatec, filial del Grupo Tragsa, y fue interpuesta en febrero de 2011 por los miembros del comité de empresa. Al detectar una posible situación generalizada de cesión ilícita en los centros de Madrid, el comité de Madrid decidió interponer la correspondiente denuncia, algo que no contó con el apoyo del sindicato Comfia-CCOO ni de la sección estatal delmismo en Tragsatec.
Según declara en un comunicado del 8 de febrero de 2012 el comité de empresa de Tragsatec, “la denuncia se interpuso tras insistir a la dirección de las consecuencias que sobre la precarización del empleo tenía la política de subcontratación que ha estado llevando a cabo, especialmente con la subcontratación de proyectos estrellas que se habían realizado siempre con trabajadores propios”. Inspección de Trabajo se ha personado en cuatro ocasiones (tres en 2011, de mayo a septiembre, y una en enero de 2012) en los centros de trabajo de Tragsatec, ubicados en la calle Julián Camarillo y Valentín Beato de Madrid, con el fin de verificar la posible cesión ilegal que se podría estar produciendo entre esta empresa pública y una serie de empresas subcontratadas en dichos centros de trabajo.
En sus visitas, los inspectores se entrevistaron con varios trabajadores que realizaban trabajos en los centros de trabajo de Tragsatec. Según el oficio de Inspección de Trabajo que comunica la verificación de la cesión ilícita, “las comprobaciones realizadas pusieron de manifiesto la existencia de una cesión ilegal de mano de obra en la que las empresas cedentes eran Avances Técnicos de Desarrollo, Eikos Tecnology & Consulting, Delaware Consultoría, Gesfor, Idea Informática y Waibut, y empresa cesionaria Tecnología y Servicios Agrarios SA (Tragsa)”.
Inspección de Trabajo concluye que las empresas cedentes carecen de condición y autorización para operar como empresas de trabajo temporal, que la contratación mercantil entre Tragsatec y el resto de empresas no pasaba de ser una simple formalidad, que las empresas cedentes no pusieron sus propios medios para desarrollar su actividad y que el objeto de los contratos de servicios entre estas empresas no va más allá de unamera puesta a disposición de trabajadores. Todo ello lo considera constitutivo de infracción laboral muy grave, ya que incumple el artículo 43.1 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que se practicaron sendas actas a las empresas cedentes y cesionaria.
Contratos firmados en el coche
Raúl trabajó durante más de dos años cedido ilegalmente en Eikos Tecnology & Consulting, una de las empresas denunciadas y a la que Inspección de Trabajo ha abierto acta. En el tiempo que estuvo trabajando allí, comenta que la única relación que tenía con la empresa que le había contratado era un simple parte de horas que tenía que enviar a la empresa a fin de mes para que ésta le pagara. V.Q N. estuvo más de un año en la misma empresa como cedido, y recuerda que no tuvo revisiones salariales ni formación. Señala que “lo que peor me sienta de la cesión que llevo tantos años padeciendo es esa sensación de ser un trabajador de ínfima categoría, que para recibir órdenes eres uno más, pero para tener los más mínimos derechos eres de otra empresa”. Ambos ex trabajadores de Eikos coinciden en que nunca supieron de la existencia de ninguna oficina de la empresa, y que firmaron sus contratos en el vehículo privado del empresario.
Otro trabajador, José Manuel, está actualmente contratado por Waibut SA. y sufre las consecuencias de la cesión ilegal de su empresa mientras presta servicios en Tragsatec. Dice que todos los medios que utiliza para su trabajo los pone Tragsa, empresa a la que tienen que solicitar todos los trabajadores externos las vacaciones y de la que reciben todas las órdenes para sus tareas. “A veces dudo de si me van a pagar a fin de mes, ya que nunca puedo tener la certeza de quemi empresa siga existiendo”, recuerda José Manuel.
Reconoce que tampoco ha recibido nunca la información legal necesaria para pasar los reconocimientos médicos a los que obliga la ley. No es el único caso de irregularidades en el que está implicada la empresa Tragsa, ya que contra ella se han cursado denuncias por fraude en la contratación de becarios; el Juzgado de lo Social nº 1 de Santiago de Compostela dictó en agosto de 2011 que existía cesión ilícita de una trabajadora; en noviembre se dictó sentencia en A Coruña dictaminando que la empresa Tragsa tenía trabajadores cedidos ilegalmente en la Xunta de Galicia, y desde 2010 sus trabajadores están advirtiendo una privatización encubierta, ya que se ha cedido el 50% del negocio de Tragsa a la empresa privada Tecniberia.
La trabajadora E.M. estuvo trabajando para Tragsatec desde septiembre de 2004 hasta junio de 2011, aunque estuvo cedida a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. E.M., comenta: “desde que entré nos hacían contratos por obra y servicio el día 1 de enero de cada año. Pero a partir de 2007 cambió la situación y nos hicieron un único contrato por obra y servicio que nos iban prorrogando hasta que nos echaron en junio de 2011”. “Cuando nos echaron porque decían que éramos muy caros”, prosigue esta trabajadora “denuncié a la empresa por despido improcedente para que se me reconociera la antigüedad. Tuve suerte y me lo reconocieron en el acto de conciliación. Actualmente sigo ejerciendo en el mismo puesto de trabajo pero con una beca que sacó la Agencia para poder pagarnos menos, porque así se evitan a la empresa intermediaria”, concluye.
LA CEOE QUIERE PRIVATIZARLA
La dimensión de Tragsa fue el ejemplo que escogió el Gobierno para justificar la reducción del 35% del salario base de los directivos de empresas públicas anunciado el 17 de febrero. Así, a partir de abril se reducirán de 22 a 15 los consejeros del grupo, provenientes de distintos ministerios, de los dos sindicatos mayoritarios y otros organismos como la Sociedad Española de Participaciones Industriales. En 2010, el grupo facturó poco menos de mil millones de euros y obtuvo un beneficio de 14 millones. Esto no ha evitado que la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines, patronal formada por Acciona, FCC, Eulen o Urbaser, entre otras, haya pedido a través de la CEOE su privatización. Algo que, en diciembre de 2011, desaconsejó la ex presidenta, quien considera clave que Tragsa siga siendo estatal para garantizar la gestión de emergencias, cooperar con el Gobierno en el exterior y ayudar a las empresas privadas de ingeniería en el extranjero.
