En los últimos tres años, los pueblos del sur de la Ciudad de México han dado a conocer la grave situación de tala clandestina, que hasta la fecha ha devastado casi 3 mil hectáreas del bosque de San Miguel Topilejo. Ante estos hechos, la comunidad agraria del pueblo ha denunciado ante las autoridades correspondientes: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), ante la Dirección General de la Comisión Nacional Forestal y ante las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, así como a nivel federal, sumando a la fecha más de 200 denuncias.

Hasta el pasado mes de junio, la respuesta de las autoridades ambientales, locales y federales fue el envío de oficios y algunas visitas, mesas de trabajo, recorridos y vigilancia por parte del personal de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y Profepa, pero ninguna detención, decomiso de madera ni cierre de aserraderos; por el contrario, la tala seguía y sigue aumentado, así como las amenazas y el hostigamiento.

Ante estas raquíticas respuestas, el pasado 16 de junio la comunidad agraria de Topilejo, así como pueblos solidarios del Bosque de Agua, se manifestaron por medio de un cierre carretero en la autopista cuota México-Acapulco a la altura de Topilejo; tras un par de horas de cierre, se propuso una mesa de diálogo para tratar el tema.

De acuerdo con información publicada por los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, los representantes de la Secretaría de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el subsecretario de gobierno de la Ciudad de México asumieron como compromisos dar seguimiento a la petición de audiencia con el presidente de la República; establecer mesas temáticas para tratar temas de interés para los pueblos; así como operativos permanentes contra tala ilegal en zonas críticas de todo el Bosque de Agua y reuniones de evaluación.

Es en el marco del desmantelamiento de aserraderos clandestinos en Huitzilac Morelos que Brigadistas de la Comisión de Recursos Naturales (CORENADR) fueron enviados este miércoles como apoyo a la Sedena, Guardia Nacional y Profepa, en una acción de operativo contra la tala clandestina. Sin embargo, alrededor de 40 brigadistas fueron retenidos por talamontes, quienes incendiaron camionetas y detonaron armas de fuego. La preocupación en la población y familiares de quienes fueron retenidos no se hizo esperar, y algunos de ellos externaron su indignación e inconformidad hacia la directora de CORENADR, Columba López, por haber enviado a personal de esta institución a realizar actividades que además de no corresponderles, pone en riesgo sus vidas, pues los brigadistas no cuentan con preparación para asistir a un operativo policiaco y militar. Pasado el mediodía los brigadistas fueron liberados sanos y salvos.

Cabe resaltar que las tareas de los brigadistas son, entre otras, el combate de incendios, reforestación, chaponeo, apertura de brechas corta fuego, es decir, actividades que protegen el bosque, en condiciones laborales que dejan mucho que desear, pues si bien cuentan con equipo y uniformes, estos no son suficientes para las labores que realizan.

Lo que ayer se vivió en Huitzilac es una muestra del poder y la impunidad con la que el crimen organizado opera en el Bosque de Topilejo y en general en la zona del Bosque de Agua. Las acciones tan insolentes con las que responden denotan un manto de protección, pues por estos hechos se habla sólo de un detenido.

Toda esta problemática deja muchas incógnitas al aire: ¿Qué hay de la cadena delictiva dedicada a la tala ilegal? Lo único que oímos es hablar del último eslabón: el talamonte. Pero ¿quiénes son los beneficiados con la madera clandestina (empresarios, políticos)? Y, finalmente, no estaría nada mal que las autoridades que realizaron los operativos en los aserraderos clandestinos informen a la ciudadanía qué hacen o a dónde llega la madera decomisada.