El año 2020 estuvo lleno de contradicciones para el campo mexicano. Se evidenció que todo el auge del agronegocio amenaza la soberanía alimentaria y la red campesina agroalimentaria. Uno de los eventos fue la firma del T-MEC, nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituye al TLCAN. Entró en vigor el 1 de julio del 2020. Este acuerdo exige, de nueva cuenta, alinearse con las políticas agropecuarias de libre comercio como lo presume el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, reconocido promotor de los transgénicos.
En su “Panorama Agroalimentario 2020” (publicado por el Servicio de Información Alimentaria —SIAP— y Sader en diciembre 2020), afirma que “México se consolida como uno de los principales proveedores de alimentos a nivel internacional, al ser el octavo exportador de alimentos a nivel mundial” y “la existencia de 12 tratados de libre comercio, aunados a la firma del T-MEC este año, sin duda abonará para que la presencia de México en el mundo sea cada vez más grande”.
Por las mismas fechas, se envió la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) configurada acorde al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). Se argumenta que existe obligatoriedad en adherir al Acta UPOV 91 por imposición del T-MEC.
En La Red en Defensa del Maíz (RDM) expresamos ya nuestro rechazo, insistiendo en que la LFVV entraña el grave intento de “privatizar, acaparar semillas comerciales y no comerciales en general y criminalizar el guardar e intercambiar semillas campesinas en agravio contra la soberanía alimentaria”.
En abril de 2020, en pleno inicio de la pandemia de Covid, se aprobó y publicó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, donde entre otras cosas se conforma un Consejo Nacional de Maíz Nativo, cuyo secretario técnico es el titular de la Sader y como decimos en la RDM “no establece la prohibición de las siembras experimentales, piloto y comerciales de maíz genéticamente modificado”. Preocupa que dicha ley insista en establecer “regiones geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de maíz nativo” presuponiendo la posibilidad de la coexistencia de maíces nativos y transgénicos y poniendo en duda que todo México, y toda Mesoamérica, sean centro de origen y “diversificación constante” del maíz.
El debate por el maíz nativo y contra el transgénico y su paquete tecnológico no es cosa menor y ha mantenido una amplia atención de campesinos e indígenas por todo el país que no han cedido en ningún momento en la defensa de las semillas nativas y han permanecido alerta a cualquier indicio de presencia de transgénicos en las regiones del país. El maíz es el cultivo más importante de México; es el núcleo de la economía campesina, base de la dieta, el cereal de mayor consumo y el corazón de una cultura que además se sabe cultivar en armonía con la ecología de los territorios y facilita la actividad agroecológica y la conservación de la vida silvestre.
La RDM ha mantenido su posición de NO a los transgénicos en todo el territorio nacional y ha logrado trabajar con amplios sectores de la sociedad, incluidas organizaciones sociales y de científicos quienes nos apoyan para demostrar que la internación al país de semillas GM provoca brotes de contaminación.
El 31 de diciembre de 2020 se publicó un decreto presidencial “para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato” donde se establece “hasta el 31 de enero de 2024 un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato”. Este decreto abre dos artículos sobre el maíz genéticamente modificado. Establece que las instituciones “se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. Las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable y con base en criterios de suficiencia en el abasto de grano de maíz sin glifosato, revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado” […] “en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, hasta sustituirlo totalmente en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero de 2024”. El decreto abre un sinfín de interrogantes:
1. El gobierno reconoce un amplio consumo de maíz genéticamente modificado (art. 6) y con contenido de glifosato.
2. Este consumo es producto de la importación de maíz transgénico cargado de agroquímicos, y la reducción de la producción de maíz nacional provocado por malas políticas nacionales a partir de la entrada de México a los tratados de libre comercio que de nuevo tanto se festina a pesar de que México ha sido autosuficiente en su producción de maíz.
3. El enfoque triunfalista del secretario Villalobos se basa en los números que genera el agronegocio, causantes de gran parte de la contaminación con pesticidas y de la destrucción de la vida rural y campesina mexicana. Él mismo es uno de los firmantes de dicho decreto. Sabemos que el secretario se apegará a los intereses transnacionales que han sido su prioridad durante toda su carrera en el sector agrícola y que intentará justificar las importaciones procedentes de Estados Unidos.
4. Una artimaña que se escucha en el ambiente empresarial y político es la de argumentar que el maíz amarillo genéticamente modificado y con glifosato es para consumo animal e industrial; sin embargo, es maíz que, finalmente, será para consumo humano a través de los productos procesados que genere.
5. Algo inquietante es preguntarnos cómo pretenden hacer compatibles estas disposiciones, que se alardean de progresistas, con los intereses y compromisos comerciales contraídos en los tratados con América del Norte, Europa y el TPP11. La ambigüedad es entonces el nodo del decreto que insiste en que todas estas protecciones sólo se harán “en el ámbito de competencia de las autoridades de la materia y de conformidad a la normativa aplicable”.
Sin duda prohibir el maíz transgénico y el uso de glifosato y otros plaguicidas sería fundamental para la soberanía alimentaria, que es facultad única y exclusiva de los pueblos. En México se ha demostrado la presencia de glifosato en los alimentos procesados industriales que ha proliferado con el libre comercio. Se ha encontrado presencia de glifosato y otros agrotóxicos en diversas fuentes de agua y en el aire y también en estudios de sangre y orina de las personas, sobre todo en infantes, encontrándolos incluso en 100% de las muestras en estudios realizados en zonas agroindustriales en Jalisco, con posible daño renal y en su desarrollo neurocognitivo.
Ante la evidencia de contaminación por glifosato y otros pesticidas debe prohibirse su uso en zonas urbanas y rurales habitadas y cerca de escuelas y espacios públicos y debe comenzar a reconocerse una agroecología con perspectiva campesina.
Pero desde la secretaría de Desarrollo Rural, se insiste en un discurso agroexportador, eso sí con “autosuficiencia alimentaria”. Visión que reproduce el falso éxito de todas las políticas de países líderes, potencias y gigantes agroalimentarios que lo único que han logrado es meter en crisis alimentaria, ambiental, de salud, económica y social a todos los pueblos de América Latina mediante la ampliación de la frontera agrícola, la pérdida de disponibilidad de agua y daños a mantos freáticos, deforestación, desplazamiento de pueblos y comunidades.
Durante 2020 nos reunimos con mujeres rurales y campesinas de todo Jalisco, México, para pensar en los efectos del agronegocio. Ellas han impulsado iniciativas de resistencia al modelo agroindustrial y al uso de pesticidas, revalorando nuestra identidad campesina o rural, la historia de la agricultura, las semillas y los territorios. Preguntamos qué pensamos de que en nuestras regiones de Jalisco, se promueva un “Gigante Agroalimentario”, como bandera política del gobierno.
Éste es el sentir de las mujeres:
– “Me da miedo, es hacer cambio de uso de suelo para poner un cultivo industrial y sembrar avaricia por la tierra. Pérdida de la semilla, dejar de ser lo que somos ahora, que el campesino ya no tenga su tierra y ande sembrando las orillas de las carreteras, teniendo la parcela de varias hectáreas rentadas y ande mendigando un pedacito para sembrar”.
– “Monocultivo, mercancías; es más importante lo que demanda el mercado que lo que se produce y se necesita localmente”.
– “Alimentos que no son para nosotras. Veneno. Caminas y ves puro monocultivo y todos los días están rociando pesticidas. Cumpliendo los estándares internacionales para que sus productos sean aceptados en otros países, pura apariencia. Plástico, camiones y metal”.
– “Mano de obra asalariada, explotación, esclavitud, enfermedad, prostitución, venta de drogas”.
– “Mucha tierra en un solo propietario, acaparamiento de agua, secuestrando conocimiento y despojando a mucha gente de su tierra”.
– “Pérdida de variedades de plantas y animales, modificación genética, pues todo lo que va al mercado debe tener vida de anaquel, soportar un viaje de miles de kilómetros. Sustituir todo lo que se cultivaba en una región que era una vasta diversidad, por cinco o seis variedades con éxito mundial. A eso le llaman autosuficiencia alimentaria. Ahora con el Covid, hicieron el ‘plan de resiliencia’. Aprobaron millones de pesos para exportar los ‘productos básicos’ que son los berries, aguacate, tequila.
– “Reducción de variedades de animales de traspatio y corral. Es una pérdida irreversible de la diversidad y de la vida silvestre. Ya no se puede salir a ningún lado tranquilo a disfrutar la vida, porque se te cruza el gigante agroalimentario en el camino”.
A finales de 2019 se aprobó la Ley Agroalimentaria de Jalisco que promueve principalmente la exportación “marca Jalisco” y la vigilancia de la producción local de alimentos, afectando aún más la vida campesina y promoviendo la actividad agroindustrial, un golpe más a la soberanía alimentaria; eso sin mencionar la implementación e imposición de tecnologías satelitales y digitales como condicionamiento para los apoyos y proyectos gubernamentales individualizados.
La RDM se topa con frecuencia con intentos oficiales por difundir que la batalla por el maíz está resuelta y así inmovilizar a la sociedad. La defensa permanente de nuestras semillas, la milpa y las comunidades que la siembran es prioridad para garantizar la soberanía alimentaria y nuestro futuro.
La confusión oficial es que se hace parecer que se defiende al maíz y las semillas por decreto, sin prohibir finalmente el transgénico mientras se busca privatizar las semillas en México, se promueve el agronegocio tóxico y exportador. Y sí se adquieren muy expresamente y con detalle compromisos vinculantes y obligatorios en los tratados de libre comercio.
Las comunidades y la sociedad debemos permanecer alerta y no bajar la guardia ante las contradicciones y ambigüedades del gobierno.
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