Es inconcebible que en nuestro estado se tengan registrados 24 asesinatos contra mujeres en los primeros 26 días del mes de enero según datos oficiales. El mismo gobernador reconoció que “el gobierno no puede tener la información en el momento en que los reporteros quisieran que la tuviéramos”, refiriéndose al caso de Azucena Abarca Vargas. Por su parte el fiscal en lugar de abocarse a realizar investigaciones exhaustivas sobre los asesinatos de las mujeres, se empeña en despotricar contra la honorabilidad de las víctimas al emitir señalamientos irresponsables que distan mucho de su quehacer como titular de la Fiscalía General del Estado. Al afirmar que “lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio”, esta prejuzgando a las mujeres que son víctimas de la violencia feminicida y justificando las atrocidades de los mismos feminicidas. Es decir, que las mismas mujeres son culpables de su propia tragedia. Paradójicamente nada se dice de los feminicidas, de quienes están operando con total impunidad para cometer estos crímenes sin que las autoridades emitan información sobre quiénes son estos personajes y actuar con toda severidad para enjuiciarlos por feminicidio.
Se ha vuelto costumbre de enjuiciar a las víctimas y manchar su imagen y en contrapartida encubrir a quienes se han especializado en destruir de mil formas la vida de las mujeres.
La violencia contra las mujeres ha tocado fondo porque el gobierno ha sucumbido en su responsabilidad de investigar y dar con todos los responsables de estas acciones que rayan en la barbarie. Los asesinos llegan al extremo de descuartizar los cuerpos de las mujeres y poner los restos de sus cuerpos en ollas o llegar a la acción demencial de degollar a otra joven menor de edad dejando a su pequeña bebé de una semana de nacida dentro de una hielera. Los casos de Magdalena Aguilar Romero, nutrióloga asesinada en Taxco y de Azucena Abarca Vargas, una menor de edad quien fue detenida por presuntos policías estatales y que apareció degollada en el barrio de San José, en la cabecera municipal de Chilapa, muestran la violencia feminicida que se acrecienta en varias regiones del estado.
En esa misma semana fue encontrado el cuerpo de una mujer que al parecer fue asesinada a balazos en el río Igualita, a la altura de la comunidad de Alpoyecancingo municipio de Tlapa. Los municipios donde más casos de feminicidio se han registrado son Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Petatlán, Iguala, Taxco, Ometepec, La Unión, Tetipac y Tlapa, es decir, en las siete regiones del estado. No hay lugar dentro del territorio guerrerense donde las mujeres vivan sin el riesgo de ser agredidas. A pesar de que las mismas estadísticas están mostrando una tendencia creciente en los casos de feminicidio, vemos a un gobierno que no ha tenido la capacidad para responder a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que fue declarada por la Secretaría de Gobernación en junio de 2017.
Con el pretexto de que no hay suficientes recursos económicos para atender cabalmente los requerimientos de esta emergencia, las autoridades no han hecho el esfuerzo para estar más atentos a las demandas de las organizaciones feministas y sobre todo a cambiar prácticas nocivas dentro de la Fiscalía que trivializan las denuncias de las mujeres y las colocan en mayor riesgo ante la inacción de quienes tienen la obligación de investigar. Tampoco se han implementado acciones que ayuden a prevenir esta violencia y a poner un alto realizando investigaciones expeditas que ubiquen a los responsables e identifiquen el modus operandi de los feminicidas.
Se siguen dando palos de ciego y lo que es peor consumándose hechos deleznables como los 24 casos que se han registrado en este primer mes del 2018.
En la ciudad de Chilapa los feminicidios han sido recurrentes, la mayoría de casos se trata de menores de edad que son levantadas, torturadas sexualmente y asesinadas. Estas acciones se dan dentro de la misma ciudad a plena luz del día, sin que las autoridades procedan de inmediato para ubicar el paradero de las jóvenes. Siempre son los familiares quienes se abocan a investigar. Para ellos resulta ser un calvario acudir al Ministerio Público porque difícilmente logran ser atendidos con inmediatez. Por otra parte tienen fundados temores de que su denuncia llegue a oídos de quienes han perpetrado este delito. A través de las redes sociales es como han podido presionar a las autoridades evidenciando los casos de las mujeres que son desaparecidas y asesinadas. Este recurso mediático suele ser más efectivo que todo el aparato gubernamental que está diseñado para atender a las personas que han sido violentadas en sus derechos.
El estigma que pesa contra las mujeres de formar parte de las redes delincuenciales, ha normalizado la violencia contra ellas, y las mismas autoridades se vuelven cómplices porque cuentan con las suficientes herramientas para tener una radiografía de la violencia feminicida y poder identificar los focos rojos que hay dentro de un contexto hostil que les permita neutralizar estas fuerzas destructivas y prevenir de manera eficaz los asesinatos de más mujeres. Al parecer nada han aprendido las autoridades encargadas de investigar estos delitos, ni han documentado adecuadamente estos hechos, porque actúan como si se tratara del primer caso y solo lo hacen para contener el malestar ciudadano. No hay una acumulación de saberes ni se tiene un manejo apropiado de la información para identificar patrones y modos de operar en determinadas regiones por parte de quienes han cometido estos crímenes.
Falta un manejo adecuado del análisis del contexto y una visión para hacer las investigaciones con perspectiva de género. No hay un acompañamiento adecuado de las víctimas, por el contrario se les revictimiza desde el trato despótico hasta los mismos testimonios que dan cuenta de los hechos consumados.
La violencia feminicida ha hecho ver a un gobierno extraviado, que va a la deriva y que está siendo rebasado con esta ola delincuencial en la que se encuentran varios agentes policiales. Cada día se constata más el involucramiento de elementos de la policía en hechos delincuenciales. Se hace más evidente la conformación de redes del crimen organizado que trabajan conjuntamente con miembros de las policías municipal y estatal. Estas fuerzas del crimen han focalizado su acción contra la población juvenil y preferentemente femenil. Las autoridades caminan en sentido contrario a lo que les ha exigido la misma Secretaría de Gobernación: no se ha integrado ni actualizado el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, la misma titular de la Secretaría de la Mujer ha expresado a los medios de comunicación que no tiene un registro actualizado sobre el número de feminicidios en lo que va de este mes, justificando que “se está integrando la base de datos de la información que aún les está llegando”,
Tampoco se ha implementado entre el personal encargado de investigar estos delitos una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y con perspectiva de género. Lo que más preocupa es que no se le ha apostado a fortalecer la Fiscalía general del estado para que pueda realizar investigaciones con los más altos estándares de derechos humanos, por el contrario se mantiene con sus mismos métodos rudimentarios de investigar fabricando culpables o arrancando declaraciones bajo tortura. No hay un interés marcado para robustecer las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, así como la agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar.
Ante este panorama adverso donde las instituciones y sus funcionarios no están capacitados ni comprometidos para formar parte de ese frente ciudadano que ha surgido en Guerrero para no permitir más asesinatos de mujeres, el gobernador tiene la obligación de informar en que situación se encuentra la Fiscalía del estado, porqué no está dando los resultados que en su momento prometió a una sociedad indignada por la violencia y la inseguridad. ¿porqué no se han depurado las corporaciones policiales del estado? ¿por qué siguen ocupando cargos de primer orden miembros de la policía estatal que tienen denuncias penales y recomendaciones? ¿A qué tipo de intereses responde una Fiscalía donde su titular concentra sus energías en criticar a mujeres que son víctimas de violencia? Y a no dar resultados convincentes sobre los autores de estos crímenes y la vinculación a proceso de los responsables. Lo más grave que podemos diagnosticar es que las autoridades están sucumbiendo ante interés macro delincuenciales dejando a la deriva a una población que sigue esperando que la autoridad cumpla con su compromiso de garantizar orden y paz.
No debemos dejarnos arrastrar por el torbellino de la violencia, cuyo motor es la impunidad y la incubación del crimen dentro de las mismas instituciones para poder aspirar a una sociedad más segura, se tiene que dar una transformación de las instituciones de seguridad y justicia, se requiere arrancar de raíz el cáncer de la corrupción y los tentáculos del crimen organizado que obliga a muchos agentes del estado a trabajar a favor de sus intereses delincuenciales. Las mujeres de Guerrero son el motor del cambio, las que están imprimiendo una nueva vitalidad a la lucha social. Le han dado un rostro digno a las atrocidades que han padecido. Están de pie para encarar al poder y exigir justicia, para espetarle que las autoridades no sucumbir ante los intereses macroeconómicos, que están acostumbrados a trivializar la violencia contra las mujeres.
Publicado originalmente en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
