Ciudad de México | Desinformémonos. Frente a las sentencias contra Fidencio Aldama, la defensa del preso político yaqui presentará un nuevo amparo directo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y resuelva a favor de su libertad, de la que fue privado el 27 de octubre de 2016 por oponerse a la construcción del Gasoducto Sonora.

El colectivo Los Otroz Abogados explicó que el pasado 24 de agosto fue disminuida la sentencia contra Aldama, cuya condena se redujo de 15 años y seis meses de prisión a 14 años, por el delito fabricado de asesinato en primer grado.

«Ante este nuevo escenario no podemos quedarnos inmóviles esperando a que se cumplan los 14 años de esa injusta sentencia, seguiremos insistiendo y resistiendo hasta arrancarles la libertad de nuestro compañero», señaló la defensa del preso yaqui, que anunció la nueva interposición de amparo.

Por su parte, el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama responsabilizó a autoridades como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gobernador de Sonora Alfonso Durazo y al director federal de la empresa SEMPRA Energy, Jeffrey M. Martin, del encarcelamiento de Fidencio Aldama, quien cumplirá seis años en prisión por defender su territorio en Loma de Bácum.

A continuación el comunicado completo:

El 27 de octubre se cumplen 6 años desde que nuestro compañero Fidencio Aldama fue secuestrado por el Estado y encarcelado en Ciudad Obregón, Sonora. Así como muchos otros casos en el llamado México y en todo el mundo, Fidencio Aldama fue encarcelado por ser indígena y por defender su territorio, sus costumbres y tradiciones, en un mundo dominado por los Estados-nación y el capitalismo.

Recordemos que el arresto y subsecuente encarcelamiento de Fidencio es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Estado Mexicano y SEMPRA Energy (a través de su filial mexicana, IEnova) para imponer un gasoducto a lo largo del territorio Yaqui. Cuando el pueblo Yaqui de Loma de Bácum se organizó y rechazó aceptar en su territorio ancestral el proyecto “Gasoducto Sonora”, el nexo corporativo y estatal reaccionó con actos de represión violenta y orquestó un ataque contra Loma de Bácum el 21 de octubre de 2016 y, finalmente, arrestó a Fidencio Aldama una semana después bajo cargos fabricados.

Después de un proceso legal plagado de irregularidades y del racismo anti indígena inherente del Estado mexicano, en abril de 2018 Fidencio fue sentenciado a quince años y seis meses por la muerte de Cruz Buitimea Piña, acaecida el día del ataque contra Loma de Bácum. Tras un largo proceso de apelación, los tribunales confirmaron recientemente la condena de Fidencio, pero redujeron su pena de quince años y seis meses a catorce años de prisión.

Desde que Fidencio está encarcelado, la situación en Loma de Bácum sólo ha empeorado. El 14 de julio de 2021, diez personas fueron desaparecidas de Loma de Bácum -siete de ellos indígenas yaquis- mientras se organizaban para las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen. Después de un esfuerzo de búsqueda de varios meses liderado principalmente por mujeres yaquis y familiares de los desaparecidos, siete de sus restos fueron encontrados e identificados. Estas desapariciones ejemplifican cómo el crimen organizado, el Estado, y las corporaciones se benefician mutuamente los unos de los otros; cómo siembran el terror en las comunidades indígenas para desarticular la organización comunitaria y consolidar proyectos de despojo y control estatal.

Mientras tanto, el Estado mexicano continúa la promoción de políticas clientelares a través de su mal llamado “Plan de Justicia” para el pueblo Yaqui, reforzando la misión colonial de hacer al pueblo y territorio Yaquis productivos para el capitalismo global. Incluso el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, propuso recientemente en el “Plan de Justicia” la designación de una zona económica especial en el territorio Yaqui, destinada a facilitar industrias de manufactura con mano de obra barata de origen Yaqui.

Considerando todo lo anterior, hacemos responsable al Director General de SEMPRA Energy, Jeffrey M. Martin; a la Directora General de IEnova, Tania Mena Ortiz; al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Diaz; al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el encarcelamiento de Fidencio, la represión y la cooptación que están ocurriendo en el territorio Yaqui. También hacemos responsables a los jueces, magistrados, secretarios, oficiales judiciales y policiales que, han sostenido esta farsa legal contra Fidencio Aldama.

A medida que se estrecha la vía legal para la libertad de Fidencio Aldama, queremos recalcar el hecho de que su está en nuestras manos. Debemos organizarnos, llevar a cabo acciones, hacer ruido, mostrar solidaridad, en todas las formas que nos sean posibles para liberar a Fidencio Aldama y para detener los ataques en contra del pueblo Yaqui. Por cada noche que Fidencio pasa en una celda de prisión, hagamos que los responsables tengan pesadillas por los daños que han causado.

¡Libertad para Fidencio Aldama!
¡Libertad para todxs lxs prisionerxs!
¡Solidaridad con Miguel Peralta!

Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

Situación jurídica actual de Fidencio Aldama

Como lo dimos a conocer en el comunicado anterior, el 17 de junio de 2022 el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado de Sonora, dictó la sentencia en el amparo de nuestro compañero Fidencio Aldama (un año y nueve meses después de haber sido presentado). El sentido de la resolución no fue favorable para Fidencio, porque el Tribunal de Amparo consideró que sí cometió el delito y que sí es responsable de Homicidio simple intencional, del cual fue injustamente acusado. Sin embargo, se le concedió el amparo para que se volviera a valorar el grado de culpabilidad en la comisión del delito, es decir, la Sala Penal tenía que decidir si disminuía la pena de prisión al mínimo de 8 años, o reiteraba la sentencia de 15 años y seis meses de prisión.

Finalmente, el 24 de agosto de 2022, la citada Sala Penal dio cumplimiento a la sentencia de amparo, disminuyendo un año y seis meses a la condena, para quedar en 14 años de prisión. Ante este nuevo escenario no podemos quedarnos inmóviles esperando a que se cumplan los 14 años de esa injusta sentencia, seguiremos insistiendo y resistiendo hasta arrancarles la libertad de nuestro compañero.

Por ello, esta nueva sentencia tendrá que ser combatida con la presentación de otro amparo directo. Nuestra pretensión es que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que atraiga y resuelva el amparo, al ser un asunto de gran relevancia y trascendencia, por tratarse de un caso donde se está criminalizando y castigando a un indígena perteneciente a la Tribu Yaqui, sentenciado por defender su territorio, y por oponerse a la construcción del gasoducto de una empresa transnacional que pone en peligro la vida de los habitantes del pueblo de Loma de Bácum, lugar donde vivía cuando fue detenido y donde habita toda su familia.

Sin duda, nos seguiremos enfrentando a la discriminación y a la cerrazón de las autoridades judiciales que, hasta este momento han castigado la lucha y la resistencia de un defensor del territorio, sin embargo, no descansaremos hasta verle libre para que pueda abrazar a sus hijos y a su madre que impaciente lo espera…

¡LIBERTAD PARA FIDENCIO ALDAMA!
¡LIBERTAD PARA LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS QUE ABAJO RESISTEN!

Los Otros Abogadoz, octubre de 2022