Sobre un nuevo ciclo de la guerra en Colombia

Jhonn Armando Fajardo Sánchez*

Colombia vive en la actualidad un nuevo ciclo de violencia, cruzado entre disputa por recursos económicos provenientes de diferentes fuentes y control territorial, disputa ajena a la mayoría de los actores, con inspiraciones ideológicas. ¿Cuáles son los antecedentes de este ciclo y sus rasgos más notorios? ¿De qué depende el éxito de la propuesta de Paz Total?

Un sector de estudiosos de la guerra y la violencia armada en Colombia estimaron durante un buen tiempo que su foco se concentraba en zonas con baja presencia estatal, periféricas, aisladas o desintegradas de la economía nacional. Con el paso de los años, a esa tesis le salió al paso otro planteamiento orientando a proponer que la violencia y los focos de la guerra también se desarrollaban en zonas con presencia estatal, integradas a la economía nacional, en las que se disputan modelos de desarrollo y que no se constituyen como zonas aisladas o periféricas.

Esta propuesta de análisis fue la que permitió explicar por qué la violencia de los años cincuenta se desarrolló en zonas cafeteras del país, o allí donde existía fragmentación del sistema económico de la Hacienda.

En efecto, la geografía de la guerra que mostraron Orlando Fals Borda, Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña Luna, señalan que los principales focos de esta guerra se centraron en los departamentos de Quindío, Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Santander, Boyacá, Cundinamarca y partes de Antioquia. Similar situación acaeció con lo que conocemos como el ciclo de la guerra insurgente, que empieza a partir de la década de 1960, prolongándose, con diferentes intensidades o picos armados, hasta hoy.

Es así como la confrontación armada toma forma en el Magdalena Medio (zona de producción petrolera), en el sur del Cesar (producción algodonera), Córdoba (predominio ganadero), Urabá Antioqueño (zona agroindustrial bananera), en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca, Cauca (zonas con producción industrial de azúcar), en la Orinoquia (región ganadera y de agroindustria) o en la zona bananera del norte de país, territorios todos ellos integrados a la economía nacional y con una presencia parcial o aceptable del Estado central, regional y local.

Un de las tesis –a la que me acojo– plantea que la violencia y la guerra en Colombia se han desarrollado a través de diferentes ciclos y es alimentada por capas y capas de conflictos sociales, políticos, económicos, culturales, acumulados en el tiempo y que terminan estallando en guerra. En otras palabras, la confrontación armada se inserta en cada territorio de forma diferenciada y la forma como se manifiesta y desarrolla se explica sobre la base de los conflictos sociales acumulados que existen en las regiones.

A partir de ello es pertinente preguntar: ¿vivimos en la actualidad un nuevo ciclo de violencia y de guerra? ¿Qué tanto de nueva o vieja guerra porta la actual confrontación? O, simplemente, ¿es la continuidad del gran ciclo de guerra que empezó en 1960 y que algunos estudiosos titulan como la violencia insurgente?2.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos humanitarios (Ocha), en su monitor sobre hechos y víctimas de violencia armada, en el 2022 se registraron 3.157.327 víctimas de violencia armada1. Los departamentos con violencia aguda en la vigencia fueron Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó, Córdoba, Nariño, Cauca, Cesar, Guaviare, Sucre, Arauca, Norte de Santander y Valle del Cauca. A simple vista –de pronto excluyendo al Chocó– la inmensa mayoría de ellos son departamentos integrados a la economía nacional y con amplia presencia Estatal. En varios de estos departamentos hay conflictos acumulados por la disputa agraria, confluye presencia de cultivos ilícitos, ha existido disputa por el acceso al poder político local y regional que tramitan las elites a través de grupos armados, exterminio de liderazgos sociales, implantación de modelos de desarrollo minero-energéticos, agroindustriales y luchas históricas de movimientos sindicales, agrarios y obreros.

El nuevo ciclo

Después de la firma del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Santos en 2016, se empezó a hablar de un nuevo ciclo de violencia armada. Se decía que la arremetida contra los liderazgos sociales, el asesinato de excombatientes firmantes del acuerdo, la aparición de nuevos grupos armados y las emergentes disputas territoriales en zonas en diversas regiones, desdibujaban las explicaciones clásicas sobre la guerra interna colombiana. Francisco Gutiérrez Sanín, en la obra referenciada, nos propone que en Colombia se han producido dos grandes ciclos de violencia. El primero es el de la violencia política bipartidista, –del cual no hay acuerdo sobre cuándo empezó, en tanto unos hablan que arrancó en la década de 1930 y tomó un punto de no retorno con el asesinato de Gaitán en 1948, pero sí existe acuerdo que terminó con el inicio del Frente Nacional (1958). En ese mismo periodo de control total por parte del Estado en lo local, regional y central por los dos partidos, se incuba el otro gran ciclo, el de la guerra contrainsurgente.

En el primer ciclo se enfrentaron gobiernos conservadores contra guerrillas liberales y algunas socialistas, y en el segundo se enfrenta el Estado, las guerrillas de todo tipo y los paramilitares3. Podríamos afirmar que posiblemente este último ciclo terminó con la firma del Acuerdo Final de Paz entre Santos y las Farc y que transitoriamente, como en el Frente Nacional, se presentó una reducción en los indicadores de violencia armada. Muchos territorios afectados por la guerra celebraban la salida de las Farc como grupo armado, pero el efecto inicial de lo firmado no duró mucho4.

Según el autor citado, para el 2020 se proponía que estábamos a punto de iniciar un tercer ciclo de violencia. La tendencia ha sido muy dinámica. Una baja en los hechos de violencia que tienen que ver con la primera fase del proceso de paz, con lo cual llegó una aparente calma, pero en el 2018 el conflicto armado retomó su dinámica –año de violencia dirigida contra los liderazgos sociales–, otro pico en el 2020 –especialmente caracterizado por los asesinatos selectivos de firmantes de paz–, y una tendencia ascendente sin tope para el 2022. Hoy me atrevería a afirmar que estamos en un tercer ciclo.

Los grupos armados herederos del viejo paramilitarismo, que se creían pequeños y con poder de fuego localizado, a través de varios paros armados lograron paralizar el norte del país especialmente, pero tuvieron influencia en 11 departamentos3. Las disidencias que se creían también muy focalizadas se expandieron, con clara tendencia a ser estructuras con poder regional.

De igual manera, se configuraron todo tipo de disputas territoriales entre nuevos grupos armados que heredan algo de los viejos grupos a los que pertenecieron, y entre todo esto la victimización de la población civil está disparada: masacres –solo en el 2022 se realizaron 94 con 300 víctimas5–, asesinatos selectivos –en 2022 se asesinaron a 189 líderes sociales6–, confinamientos, restricciones a la movilidad, incursiones armadas, desplazamientos, crímenes ambientales y las demás infracciones al DIH: Según un informe de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) citado por el diario el país resalta que  “[…] la capacidad de los grupos ilegales de realizar acciones bélicas aumentó desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, el 2020 fue el peor año, con 439 combates armados […]”7.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Monitor OCHA de Naciones Unidas.

Un artículo del diario El País, citando un informe publicado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Cnti), plantea que un indígena es asesinado cada cuatro días en Colombia. Este informe recoge hechos de violencia dirigida especialmente contra pueblos étnicos tomando como punto de partida la firma del acuerdo de paz en 2016. El informe documenta que, por ejemplo, en el 2021 fueron asesinados 114 indígenas, 17 de ellos en el marco de 7 masacres. Lo grave es que la tendencia de este ciclo del conflicto está concentrado en ataques selectivos contra dirigentes indígenas (68% de los casos), dirigido contra miembros jóvenes de las comunidades, concentrado especialmente en el suroccidente del país (Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo) y una violencia que se agudiza contra los pueblos Awá y Nasa8.

El enfoque teórico de “nuevas y viejas guerras”9 planteado por Kaldor, da luces para interpretar lo que está sucediendo en este momento con la guerra en el país, y que permite concluir que en los grupos armados que existen –excluyendo al Eln– hubo un cambio de objetivos, producto de lo cual ahora la disputa es más económica que ideológica, o mejor, el objetivo más que por imponer un orden político es por las rentas de ciertas explotaciones de recursos naturales y rentas de economías legales e ilegales.

Entonces, existe una relación entre guerra y disputa por recursos económicos provenientes de diferentes fuentes, que parece ser la tendencia actual. La relación entre guerras y los recursos se ha convertido en la característica de los países que dependen de la exportación de bienes primarios, y esa disputa por tales rentas se convierte en una condición de permanencia y posibilidad que impiden que la solución de la guerra y la violencia armada esté cerca10.

Todo el país, o por lo menos su población acentada en diversidad de municipios localizados más allá del centro territorial siguen colocando los muertos de esta guerra, por lo cual están a la expectativa de lo que logre la propuesta de Paz Total; política que pasa, si pretende ser efectiva, por solucionar problemas estructurales de vieja data que se mezclan con nuevas disputas por rentas de economías legales e ilegales. Lo que se logre definirá si hay o no un punto de no retorno en este tercer ciclo de violencia en el que se encuentra inserta Colombia.

1  Gutiérrez Sanín, F. “Paz y peligro: las ideas básicas”. En ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?, 2020, Debate, pp. 25–36.

2  Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Monitor Eventos Violencia 2022, 2022, https://monitor.salahumanitaria.co/

3  Gutiérrez Sanín, F., op. cit.

4  Teniendo en cuenta que el balance de los 6 años del Acuerdo Final de Paz exige un artículo a parte no profundizaré en los problemas propios de este acuerdo.

5  Palomino, S. “La violencia en Colombia aumentó durante el Gobierno de Iván Duque”, El País, mayo 2, 2022, https://elpais.com/america-colombia/2022-05-15/la-violencia-en-colombia-aumento-durante-el-gobierno-de-ivan-duque.html

4  Indepaz, Masacres en Colombia durante el 2020, 2021, 2022 y 2023, 2023, https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

6  Indepaz, líderes sociales, defensores de DD.HH y firmantes de acuerdo asesinados en 2022, 2022, https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/

7  Palomino, op. cit.

8  Diaz, D., “Un indígena es asesinado cada cuatro días en Colombia”, octubre 25, 2022, El País. https://elpais.com/america-colombia/2022-10-25/un-indigena-es-asesinado-cada-cuatro-dias-en-colombia.html

  Kaldor, M., “Introducción”. En: Las Nuevas Guerras violencia organizada en la era global, 1st ed.,  Kriterios tusquets editores, 2001, pp. 15-29.

10 Vásquez, T., “Recursos, política, territorios y conflicto armado”. En: Una vieja guerra en un nuevo contexto: conflicto y territorio en el sur de Colombia 2011, Editorial Universidad Javeriana ODECOFI, pp. 367-446.

*  Sociólogo e investigador independiente de la Provincia de Vélez, Santander. A ratos escribo columnas. Mis opiniones son personales y no comprometen al lugar donde trabajo. Contacto jfajardos@unal.edu.co

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Publicado originalmente en Desde Abajo

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