Culiacán, Sin., 13 de septiembre. Durante agosto y lo que va de este mes alrededor de 489 familias desplazadas por la violencia generada por el crimen organizado en 12 municipios han regresado a sus comunidades, y en las zonas de refugio permanecen 690, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH) estatal.

Según la dependencia, hasta el 4 de agosto había mil 177 familias afectadas en Badiraguato, Sinaloa, Elota, El Fuerte, Mocorito, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Rosario, Salvador Alvarado, Concordia y Culiacán.

Los reportes iniciales de la administración estatal indicaban que en 10 municipios había pobladores desplazados a causa de las operaciones de bandas delictivas en la zona serrana.

Sin embargo, datos recientes muestran que se han sumado los ayuntamientos de San Ignacio y Cosalá, ubicados entre Elota y Mazatlán. Organismos ciudadanos, entre ellos la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, refieren que hay alrededor de 25 mil desplazados en 11 de los 18 municipios de la entidad.

El informe actualizado de la SDSH revela que las demarcaciones que tuvieron más desplazados son Mazatlán, con 189, y Rosario, con 185. Les siguen el municipio de Sinaloa, con 145, y San Ignacio y Concordia, con 130 cada uno.

El estudio sobre este problema fue ordenado por Juan Ernesto Millán Pietch, titular de la dependencia, quien ha encabezado la atención a las familias que tuvieron que huir de sus comunidades y buscaron refugio en ciudades y pueblos cercanos.

Rosario es el municipio que conserva el mayor número de familias desplazadas, con 160; le siguen Concordia, con 130 (la misma cifra desde agosto), y Sinaloa, con 100 familias. El Fuerte y Salvador Alvarado, con ocho y nueve, respectivamente, tienen el menor número de afectados.

El informe detalla que en los 12 municipios quedan 690 familias desplazadas, aunque no se incluyen los datos actualizados de Mazatlán, cuyas autoridades no proporcionaron información.

Durante julio, agosto y septiembre, siete personas, incluidas cinco integrantes de una familia, fueron asesinadas a balazos por comandos cuando intentaban retornar a sus poblados, donde permanecen grupos criminales que los amenazaron con matarlos si no se iban.

La SDSH y algunos ayuntamientos iniciaron un programa de construcción de viviendas en beneficio de los desplazados si éstos deciden no regresar a sus lugares de origen.

En un comunicado emitido este jueves, el gobierno de Sinaloa informó que se busca aplicar «una política humanitaria» que no solamente facilite el regreso de estas familias a sus hogares, sino su recuperación tras el desplazamiento forzoso.

«El regreso tiene que ver mucho con el restablecimiento de las condiciones mínimas de seguridad en sus lugares de origen y también con que, al concluir la sequía, ya tienen agua, lo cual les permite llevar a cabo sus actividades productivas», expuso. Finalmente, comentó que algunas familias han dicho que se quedarán en los lugares donde fueron recibidas.