A los 30 estudiantes normalistas de Michoacán recluidos en una cárcel federal desde el pasado 7 de diciembre se les acusa de fabricar y portar bombas caseras. Sin embargo, los artefactos que supuestamente cargaban están elaborados con botellas de refresco de la marca Canada Dry, misma que es poco comercializada en la entidad.

Este es tan sólo uno de los argumentos que la defensa de los alumnos del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga utiliza para probar la inocencia de los muchachos encarcelados en el Centro Federal de Readaptación Social 11, ubicado en Hermosillo, Sonora.

“No hay elementos que acrediten su responsabilidad en los hechos”, sostiene Félix Pérez Lovato, secretario de Asuntos Jurídicos de la sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Prueba de ello, dice, es que las 22 estudiantes que estuvieron procesadas bajo la misma causa penal lograron su libertad absoluta, ante la falta de elementos que demostraran su culpabilidad. ¿Si el delito que se les achaca es el mismo, por qué aplicarles un criterio distinto?, cuestiona.

El 12 de diciembre pasado, el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Morelia, dictó auto de formal prisión en contra de 30 normalistas de los 52 normalistas retenidos por policías federales y estatales sobre la Autopista Siglo XXI, a la altura de la caseta de Zirahuén. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en sus modalidades de fabricación ilegal y portación, es el delito que se les imputa. A la par de este proceso, los estudiantes enfrentan otro en el fuero común por el delito de privación de la libertad; se trata del mismo que pesó sobre sus 22 compañeras ya liberadas.

Pérez Lovato refiere que los padres de familia de los muchachos, acompañados por representantes del magisterio michoacano, solicitaron a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República (PGR), al Poder Judicial de la Federación y al gobierno local, el traslado de los estudiantes a una prisión de Michoacán para que ahí enfrenten sus procesos.

La petición a la PGR es también para que se desista de las acusaciones imputadas a los 30 normalistas, ya que, como reitera, éstas no tienen razón de ser a la luz de la absolución de las 22 alumnas juzgadas bajo la misma causa penal.

El integrante del magisterio michoacano denuncia el hecho de que los 30 normalistas estén presos en Sonora (a 1 mil 635 kilómetros de la capital michoacana), en una cárcel de máxima seguridad, lo que además de atentar contra su debido proceso, representa un sinsentido ya que los jóvenes, de ninguna manera, pueden ser considerados “reos de alta peligrosidad”.