Ciudad de México | Desinformémonos. Casi 30 millones de trabajadores mexicanos están excluidos de la protección social, principalmente por la incidencia de la informalidad laboral, señaló Helmut Schwarzer, especialista principal en Protección Social y Desarrollo Económico de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la presentación del “Informe mundial sobre la protección social”.

De acuerdo con el especialista, sólo 25.2 por ciento de los adultos mayores en México recibe una pensión, es decir, sólo uno de cuatro trabajadores, en contraste con el 50 por ciento poblacional en 22 países en América Latina que tiene jubilación.

Otros países con baja población jubilada son Perú, con menos de la quinta parte, y Haití, donde sólo uno de cada 100 adultos mayores tiene una pensión.

En total, a nivel regional hay unos 241 millones de personas sin ninguna protección social, y de los desempleados, 55 por ciento no cuenta con protección contra la pérdida de ingresos. Por otra parte, más de una tercera parte del total de los niños de 0 a 14 años en América Latina carece de cobertura social, es decir, uno de cada tres menores de edad.

Además, 85 por ciento de las mujeres que trabajan no cuentan prestaciones monetarias por maternidad en países como Guatemala y Paraguay, a diferencia del 100 por ciento que sí las perciben en Uruguay, dijo el jefe de la Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social de la OIT en Ginebra, Suiza, Fabio Durán Valverde.

Por ello, señalaron que es necesario aumentar la formalización de los trabajadores, extender la seguridad social a los sectores rurales, independientes, migrantes y trabajadoras domésticas, ampliar la cobertura a la infancia y otros grupos vulnerables y extender los seguros contra el desempleo.

Entre otras medidas, también debe asegurarse el acceso efectivo a la población a los servicios de salud, reducir la fragmentación interna de los distintos regímenes de protección social, mejorar la coordinación de las políticas del rubro y aplicar mecanismos eficaces para adaptarlas a cambios tecnológicos, demográficos y climáticos, concordaron los especialistas.