Los bosques que son protegidos por grupos indígenas y tribales en América Latina presentan menos tasas de deforestación y menos emisiones de carbono que las zonas sin esta protección local, por lo tanto, respaldar estas prácticas puede ayudar a su preservación.
Esta es la conclusión de un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), que hace cinco recomendaciones puntuales a los gobiernos para que reconozcan el papel de estos grupos frente a la crisis climática.
Las cinco acciones son reconocer los derechos territoriales de las comunidades de manera formal, compensarlos por sus servicios ambientales, promover el manejo forestal comunitario, respetar y reconocer sus conocimientos tradicionales y apoyar a la gobernanza territorial indígena y tribal.
“No es necesario crear estrategias coordinadas de conservación desde cero, sino financiar, fortalecer y reafirmar las buenas prácticas existentes”, dijo por Zoom a SciDev.Net, David Kaimowitz, gerente de Instalaciones Forestales y Agrícolas de la FAO y coautor del informe.
El documento se basó en más de 300 artículos científicos —de 1988 a 2020— sobre contribuciones puntuales de los pueblos indígenas y tribales en la conservación de los 404 millones de hectáreas boscosas y selváticas con las que hoy cuenta la América Latina y el Caribe. Esto es aproximadamente la quinta parte de la superficie total de la región.
“No es necesario crear estrategias coordinadas de conservación desde cero, sino financiar, fortalecer y reafirmar las buenas prácticas existentes”.
David Kaimowitz, gerente de Instalaciones Forestales y Agrícolas de la FAO
Sin embargo, de ese total, solamente en 269 millones de hectáreas se reconocieron oficialmente los derechos colectivos de propiedad indígena.
Algunos de los artículos, incluso, muestran resultados mejores que en las llamadas áreas protegidas, cuya conservación depende, por lo general, del gobierno.
Entre 2000 y 2016 la superficie de los bosques “intactos” en la Amazonía brasileña cayó 11,2 por ciento en las zonas sin resguardo de comunidades indígenas o tribales, a diferencia de las que sí cuentan con su presencia, donde cayó únicamente 4,9 por ciento, según los resultados de uno de los estudios analizados.
Otro reveló que entre 2000 y 2012, los territorios indígenas de la Amazonía boliviana, brasileña y colombiana que sí cuentan con reconocimiento oficial y control de sus tierras, tuvieron emisiones de carbono más bajas que otras áreas amazónicas en donde no es así. La diferencia es equivalente a sacar de circulación entre 9 y 12,6 millones de vehículos en un año.
A pesar de los beneficios, el informe también señala que en la región impera la falta leyes en materia ambiental y de reconocimiento oficial de los territorios indígenas, que permitieron, entre otras cosas, la deforestación de muchas zonas por las concesiones a empresas extractivistas.
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Aunque las tasas de deforestación son menores en territorio tribal e indígena, la evidencia muestra que tampoco se salvan de esta tendencia en alza. En Brasil, por ejemplo, la deforestación aumentó 150 por ciento entre 2016 y 2018.
Y a pesar de que hubo algunos esfuerzos de manejo forestal en coordinación con las comunidades, la pandemia mermó el pago que recibían por sus servicios ambientales y la venta de productos maderables.
Por ejemplo, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más de 10.000 familias purépechas de Michoacán, México, perdieron sus fuentes de ingreso al no poder vender su resina de pino a empresas de pintura.
Para los especialistas, fortalecer el papel de los pueblos indígenas para la conservación ambiental solo será posible con el compromiso de gobiernos, instituciones y empresas privadas.
“Si los Estados no asumen su responsabilidad y se comienza un proceso de diálogo respetuoso vamos a ver una región incendiada, con crisis ambiental, financiera y de alimentos; una región sin futuro”, dijo a SciDev.Net Mirna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del FILAC.
Para Salvador Millaleo Hernández, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, que no participó en el estudio, lo más importante es garantizar la participación indígena y tribal no solo en las actividades forestales, sino en la toma de decisiones públicas.
“Los pueblos indígenas deben tener poder institucional formal, y no solamente ser invitados ocasionales a conferencias. Eso tiene que asegurarse, de tal manera que puedan hacer valer sus conocimientos”, concluyó.
Publicado originalmente en SciDev.net