La instalación de plantas potabilizadoras, el seguimiento a la salud de las víctimas y los recursos para mejorar el sector agrícola y ganadero afectado, son algunas de las promesas que el gobierno y la empresa Grupo México no han cumplido a más de dos años de que la mina, Buenavista del Cobre (BDC), derramara 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
Afirmaron que el flujo de tóxicos llegó a las corrientes de agua por la “falta de cumplimiento, por parte de BDC, de la normatividad ambiental para el manejo de lixiviados, y por utilizar instalaciones que estaban en construcción, sin permisos para operar y que además no contaban con sistemas de detección ni de control de derrames”.
“La empresa no se ha hecho cargo de la remediación ambiental del desastre causado, ha ocultado información y dos años después afirma que el caso está cerrado, el río está limpio y que ya no entregará más recursos al fideicomiso que creó junto con el gobierno para dar atención a los afectados”, acusan.
Ante esto, la población de los siete municipios que sufrieron los efectos del derrame tóxico se integraron en los CCRS, con el fin de defender sus derechos básicos y conseguir una remediación integral de la zona.
Desde que el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, prometió en feberero 28 plantas potabilizadoras para agosto, sólo se ha instalado una, la cual no está en funcionamiento por falta de pago de la energía para su operación.
Sin las plantas potabilizadoras, los afectados continúan comprando agua embotellada y con la incertidumbre de no saber si el líquido que consumen está contaminado con metales pesados.
Además “los productores de ajo, especie endémica de la cuenca de los ríos Bacanuchi-Sonora, perdieron la semilla y se vieron obligados a comprarla. Por otra parte, “la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación incumplió el Programa de Reactivación Agropecuaria que prometió a los productores de los siete municipios afectados”.
Por todas las faltas ante el compromiso de la empresa y el gobierno, se prevé, a largo plazo, un incremento en la venta de tierras de los pequeños propietarios, el abandono de la actividad agropecuaria y un aumento de la migración hacia Estados Unidos desde el estado.
Con información de La Jornada