Fotos: Juan Trujillo

El Alto, Bolivia. Después de la eliminación del decreto constitucional que otorgaba impunidad a las fuerzas armadas en su acciones represivas a consecuencia de la renuncia del ex presidente Evo Morales, las negociaciones entre el gobierno de facto de la presidenta Jeanine Áñez y las organizaciones sociales del oficial “Pacto de Unidad” han frenado, por ahora, la movilización de los indígenas aymara de esta ciudad.

El viernes pasado a invitación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Achacachi, la Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo Boliviano se reunió con algunas familias de fallecidos, heridos y detenidos del Distrito 8 del barrio de Senkata. En la Iglesia de San Francisco de esta inmensa ciudad indígena, después de una intensa jornada de trabajo, destacaron que “pudimos constatar a través de desgarradores testimonios, de familias campesinas, indígenas, mujeres de pollera, que han sufrido la represión de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, bajo las órdenes del gobierno de facto”.

El tiempo corría y el grupo integrado por abogados, activistas y voluntarios se apresuraban por tomar los testimonios. Era parte de una apretada agenda y sobre ella, la amenaza espetada no sólo por el ministro de gobernación Arturo Murillo de que “al primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición se van a ver con la Policía Boliviana”, sino también el que les calló a su arribo al aeropuerto de Santa Cruz, donde fueron fuertemente interrogados por oficiales de migración y otros grupos de personas de derecha en torno a los comités cívicos que intentaron amedrentarlos a las afueras de la zona aeroportuaria.

Los familiares de heridos, fallecidos y detenidos sólo han tenido a extranjeros para ser escuchados. La ausencia de prensa nacional e incluso grupos de apoyo de la sociedad civil local dibujaban un desierto que apenas muestra destellos de recuperación para la participación y denuncia política independiente.

La delegación que también contó con la representación de la organización “Premio Novel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel” expresó que “existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en Senkata a consecuencia del actuar represivo de las policías, las fuerzas armadas y la posterior impunidad y encubrimiento de las demás autoridades judiciales, policiales y administrativas”. Se corrobora esa perversa red de control social y política tejida para quebrar cualquier protesta que se presentara este país andino desde hace ya 3 semanas.

Aquí, la exigencia de justicia es por al menos 10 muertos por los ataques a la población del día 11 y el martes 19 de noviembre. No obstante, algunos alteños refieren a que hay más, incluso desaparecidos. La delegación argentina, entonces explicó que “se han sufrido numerosas detenciones arbitrarias, imputaciones judiciales fraguadas con pruebas falsas montadas por agentes del Estado y paraestatales”.

En esta reunión sobre la trágica emergencia humanitaria, el sacerdote Edberto Machaca Oviedo de esta parroquia estuvo ausente, sin representación religiosa, había dejado las llaves de la Iglesia para los asistentes. Las víctimas se reúnen en grupos por tipos de agravios. La atmósfera es de dolor e indignación en este edificio rojo religioso para esta tan golpeada población indígena. La mayoría de las mujeres de pollera víctimas son vendedoras de frutas y verduras en las calles de esta inmensa ciudad de asfalto y ladrillo rojo. Otros hombres que reclaman la vida de algún hijo son de fuera de la ciudad, del campo. Se trata de una ermita en luto donde se escuchan por horas las desgarradoras historias del reciente infierno boliviano.

La delegación recibió testimonios de torturas a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores”. Muchas de las víctimas con voz entrecortada, otros con ojos llorosos o de plano en llanto mientras expresan el dolor de su alma por la pérdida de su familiar.

Este es por mucho, la confirmación de un acto de masacre contra la población desarmada que sólo intentaba sacar, como ellos refieren, los cuerpos de sus muertos que habían sido ingresados a la Planta de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos en la zona de la ex tranca. Y es que aquí, se escucha todo tipo de actos de barbarie. Por todos lados, de todas las formas. Por ejemplo, no sólo el caso del hallazgo de “dos cuerpos de mujeres violadas y atacadas sexualmente en vida y luego de su muerte”, sino también testimonios “que refieren haber visto cuerpos mutilados y desmembrados”.

Se trató de un operativo militar y policial de amedrentamiento a órdenes del gobierno de facto para inhibir, desarticular y bloquear cualquier foco insurreccional popular de protesta durante el extremo ambiente de zozobra y espiral de violencia.

Incluso, los testimonios hablan que todavía existen heridos y que siguen en sus casas a su suerte ante el miedo de ser detenidos en cualquiera de las clínicas y hospitales de la ciudad. Algunos recibieron heridas de balas en el todavía reciente 11 de noviembre.

Las ventanas a esos momentos de ataque a mansalva se abrieron. La visita al Hospital Holandés da cuenta de la grave situación no sólo de los heridos, sino también de las complicaciones para que algunos de ellos logren pagar los fierros que les permitirá volver a caminar o mover un brazo. Ahí, ingresaron desde el 11 de noviembre doce personas heridas de bala de arma de fuego. Algunos incluso no participaban en ninguna protesta y tampoco son miembros de partidos políticos ni organizaciones. El seguro de salud del gobierno d El Alto cubre sólo una parte de los gastos de emergencia. Los de cirugía y rehabilitación con metales correrán por cuenta de cada familia. La supuesta indemnización acordada en el oficial “Pacto de Unidad” no llega y quizá nunca lo haga. Esta situación es en realidad, la forma efectiva de cómo se aplica la nueva dominación, el miedo y desasosiego para esta población y otras que protesten y se levanten en Bolivia.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el conflicto por las elecciones del 10 de octubre, en esta nación andina se confirman ya 34 muertos, 832 heridos, 1513 detenidos y 54 presos recluidos en penales. Las cifras fueron engrosadas además por los hechos en Sacaba, Yapacani, Senkata y La Paz durante y después de la instalación del gobierno de facto de la presidenta Jeanine Áñez.

*Antropólogo y periodista