Ciudad de México I Desinformémonos.  Después de seis años, la Procuraduría General de la República (PGR) se sigue negando a entregar la copia de los expedientes a los familiares de las víctimas encontradas en las fosas comunes de San Fernando, Tamaulipas, a pesar de tener reconocimiento como víctimas y por tanto el derecho a la información de los expedientes, denunció la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

La organización señala que han pasado más de seis años desde que se descubrieron las fosas en las que se encontraban los cuerpos, entre otros 174, de Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño Alvarado, de nacionalidad salvadoreña y a cuyas familias acompaña. Desde entonces, las madres y hermanas emprendieron un litigio para que se les reconociera la calidad de víctimas y así pudieran tener acceso total a la información contenida en los expedientes “para ejercer su derecho a la justicia”.

La Fundación reitera la urgente necesidad de conocer la verdad, lo cual es imposible sin tener acceso a la totalidad de la investigación sobre la masacre de las fosas de San Fernando: “Esperamos que la SJCN atraiga el recurso de inconformidad y ordene la entrega de todas las constancias de la averiguación previa. La SCJN tiene la oportunidad de sentar un importante precedente en términos del adecuado cumplimiento de las sentencias de amparo en México”, finalizó.

En abril de 2011, al menos 195 restos de personas fueron hallados en 47 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Entre las personas identificadas en la masacre se encuentran Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño Alvarado, de nacionalidad salvadoreña.

Desde entonces, la madre de Carlos Alberto, Bertila Osorio Parada, y la hermana de Manuel Antonio, Alma Realegeño Alvarado, han emprendido la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Para ello era fundamental, no solo que la PGR las reconociera como víctimas, sino además contar con copias del expediente para poder realmente ejercer su derecho a la justicia.

Dada la negativa de PGR, ambas familias tuvieron que emprender una batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual el 31 de enero de 2017 emitió una sentencia de amparo en revisión favorable para Bertila y Alma, ordenando al Ministerio Público Federal reconocerles la calidad de víctimas en la averiguación previa sobre la masacre, así como expedir “las copias solicitadas por las recurrentes”.

No obstante, después de publicada la sentencia, se inició otra lucha en la etapa de cumplimiento de la sentencia. En esta fase, el agente del Ministerio Público a cargo de la investigación hizo uso de artimañas jurídicas para retrasar el cumplimiento de la sentencia. Cuando por fin se logró acordar la entrega de copias a través de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la sorpresa fue que cuando se acudió a recibir las copias del expediente de más de 140 tomos que integran la averiguación previa, sólo fueron entregadas copias equivalentes a alrededor de un tomo que contiene información con la que ya cuentan las víctimas.

En un primer momento, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México (autoridad encargada de hacer cumplir la sentencia de amparo de la SCJN) declaró que el agente del Ministerio Público no había cumplido la sentencia y que, en consecuencia, debería entregar las copias. Sin embargo, el mismo Juez de Distrito determinó posteriormente que se excluyera información relativa a otros restos humanos encontrados en la masacre y las órdenes de aprehensión pendientes. Ello es preocupante en tanto no es lo que determina la sentencia de la SCJN.

En consecuencia, el agente del Ministerio Público únicamente entregó el equivalente a otro tomo de las constancias (dos tomos en total). Por ello, el 5 de julio de 2017, el Juez de Distrito determinó cumplida la sentencia de amparo, aun cuando las víctimas carecen del 98% de las constancias y, por ende, desconocen la totalidad de la información que existe sobre la investigación penal en curso.

Por ello, el 28 de julio de 2017 la FJEDD interpuso el recurso de inconformidad, que es el que plantea la Ley de Amparo para impugnar la determinación del Juez de Distrito de declarar cumplida la sentencia. Asimismo, se solicitó que la SCJN atrajera dicho recurso y resolviera el mismo conforme a lo establecido en su sentencia original.

“Fragmentar la información de los hechos en casos complejos, no permite investigar correctamente y tampoco permite a las víctimas colaborar efectivamente en la investigación. Las víctimas no deben verse como las enemigas del sistema de procuración de justicia; las instituciones no debieran complicar el ejercicio de sus derechos sino facilitarlo. En este caso se trata, además, de familias de migrantes que están en otro país. México debe hacer todos sus esfuerzos por acercar la justicia de manera efectiva”, señaló Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la FJEDD.

Por su parte, Bertila Osorio Parada señala: “Una corte definió que se me entregaran las copias y eso no se ha cumplido. Llevo más de 6 años en la lucha. ¿Cuánto más debo esperar para tener toda la información? Como madre y como víctima tengo derecho a saber la verdad y a que se haga justicia, pido que este proceso no se estanque, definir ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que se está ocultando?” Es imposible acercarse a la verdad de los hechos sin tener acceso a la totalidad de la investigación sobre la masacre de las fosas de San Fernando. Por tanto, instamos a la PGR a respetar los derechos de las familias como parte que son del proceso penal y entregar todas las copias para que puedan ejercer plenamente su derecho a la coadyuvancia; de igual forma, esperamos que la SJCN atraiga el recurso de inconformidad y ordene la entrega de todas las constancias de la averiguación previa. La SCJN tiene la oportunidad de sentar un importante precedente en términos del adecuado cumplimiento de las sentencias de amparo en México.