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SEGOB excluye a comunidades y sindicatos afectados por actividades empresariales en el PNEDH

Redacción Desinformémonos

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Ciudad de México | Desinformémonos. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) excluyó a comunidades indígenas, campesinas, agrarias, ejidales, urbanas y sindicatos independientes afectados por las actividades de las empresas en la creación del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México (PNEDH), del cual se encarga de liderar, denunciaron integrantes del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México, que hizo la petición a la dependencia.

Ademaś, la SEGOB “no ha presentado una hoja de ruta adecuada ni una línea de tiempo que permita conocer los pasos que seguirá su creación”, la cual inició a mediados del 2015, por lo que hasta la fecha no existe un borrador del documento del Programa ni una metodología “clara” para compartir con las comunidades y colectivos afectados, organismos y defensores de derechos humanos, representaciones diplomáticas, entre otros.

De acuerdo con el Grupo, el PNEDH debería ser un instrumento que permita la implementación de medidas de protección a los derechos humanos frente al comportamiento de empresas y gobiernos, así como la inclusión de cambios o ajustes en la legislación, planeación del desarrollo y políticas públicas, “por lo que resulta indispensable que durante su creación cuente con mecanismos de acceso a información, transparencia, monitoreo y divulgación de todo el proceso, además de la participación oportuna de todos los actores interesados”.

Por otra parte, el PNEDH también debe contener requisitos que aseguren el respeto a los derechos ambientales y laborales en los proyectos y las cadenas de valor de todas las empresas, así como de evaluaciones de impacto en derechos humanos para fortalecer las evaluaciones de impacto ambiental y social, señaló el Grupo.

De esta forma se puede llevar a cabo una planeación del desarrollo nacional que se construya con base en criterios de sustentabilidad social, ambiental y de derechos humanos, consideró.

Por ello, enfatizó que las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil que lo integran deben ser atendidas por el gobierno, con el fin de hacer frente a la exclusión de las comunidades afectadas, la poca transparencia en la creación del Programa y la ausencia de actores vitales en su conformación.

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