Fotografía: Giorgio Trucch
Regional del Valle del Aguan, 06 Diciembre 2017. Ante el irrespeto a la voluntad popular en las elecciones del pasado domingo 26 de noviembre donde los hondureños asistieron masivamente a las urnas para elegir nuevo presidente que gobernará junto al pueblo, nuestro país que está siendo vendido a transnacionales empresas y empresas extranjeras necesita retornar a la democracia.
Tras las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer un primer boletín a las 1:40 de la madrugada del 27 de noviembre, los resultados con el 71 por ciento del escrutinio de las actas realizado, dio como resultado que el candidato por la Alianza de Oposición Salvador Nasralla aventajaba en 118.000 votos a Juan Orlando Hernández el candidato de la extrema derecha. Esta diferencia que sería anunciada por el mismo magistrado Marco Ramiro Lobo como una tendencia irreversible, fue alterada. El TSE presentaría datos que se verían drásticamente modificados tras un inesperado “apagón” del sistema de escrutinio electoral por más de 10 horas, circunstancia que alerto la tensión y desconfianza de la población hondureña, al entender este evento como un claro fraude electoral.
Ante la manipulación de los datos y la falta de transparencia por parte del TSE que es manejado por Juan Orlando Hernández, la población hondureña reaccionó con movilizaciones pacíficas multitudinarias a nivel nacional, al mismo tiempo que se esperaba que se contaran todas las actas, comenzaron a ocurrir varias irregularidades en diferentes ocasiones, como demorar la llegada de cajas electorales, uso de cedulas de personas que no habían votado y que fueron apareciendo registradas como votos a favor de Hernández.
Debido al intento de consolidar la dictadura, en un contexto de una naciente insurrección popular en al menos 92 puntos a nivel nacional, en las colonias, barrios y aldeas de las ciudades de Honduras. Los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, que se manifestó en la toma de puentes, bloqueos de carreteras y calles.
Las manifestaciones fueron infiltradas con el objetivo de provocar saqueos a diferentes negocios de algunas Ciudades del país, justificando la justificación de garantías Constitucionales a través del Decreto 084/2017 para llevar a cabo el toque de queda. El resultado de la represión según un informe publicado por COFADEH 13 personas fueron asesinadas durante las manifestaciones en su mayoría por la Policía Militar, 525 fueron detenidas y 125 personas heridas.
Las multitudinarias manifestaciones del domingo 3 de diciembre, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, y otras ciudades menores pero importantes, demuestran que la mayoría de la población está en contra el continuismo y contra la pretendida reelección de JOH, lo que se vio reflejado el 26 de noviembre en las urnas.
El día 4 de diciembre se produjo otro importante fenómeno político: el Escuadrón Especial de Cobras (fuerza policiales elite usada para reprimir manifestaciones) se rebeló contra las órdenes del ministro de seguridad, y como un juego de dominó, diferentes unidades policiales, metropolitana, preventiva, etc., se negaron a salir a las calles, argumentando que no pueden reprimir al pueblo, porque ellos son parte del pueblo. En las escenas de los noticieros de televisión se ha podido ver a la población en resistencia, confraternizando con los policías, quienes en su mayoría provienen de los sectores más humildes de la sociedad hondureña. Estas son escenas propias de un proceso revolucionario democrático en curso, que apenas está comenzando.
Ante este contexto político en que nos encontramos como sociedad hondureña la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan demanda ante el pueblo Hondureño y la comunidad internacional lo siguiente:
Las organizaciones y empresas campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria del Valle del Aguan solo acepta la voluntad del pueblo expresada a través de la movilización Popular, debido a las conclusiones que ha emitido la Misión de Observadores de la OEA , al decir ha quedado evidenciado la deslegitimación del TSE en la conducción del proceso electoral.
Condenamos y repudiamos la actitud cómplice y tolerante del gobierno de Honduras ante el comportamiento delictivo del TSE y lo responsabilizamos de promover el caos en el país y de utilizar los cuerpos represivos del Estado que reprimen y asesinan a la población que manifiesta su repudio e inconformidad, violentando el derecho del pueblo a la manifestación pacífica establecida en la Constitución de la República y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, lo que lo hace responsable internacionalmente de la violación de tal derecho.
Manifestamos nuestro respaldamos la propuesta que contiene 11 puntos, presentada por la Coordinación Nacional de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura al TSE.
Exigimos cese al uso excesivo de la fuerza y a las violaciones de derechos humanos, agresiones y violencia contra la población en general y específicamente contra las mujeres, niños, jóvenes y ancianos por parte de los cuerpos policiales y militares.
Le recordamos al pueblo hondureño y a la comunidad internacional que en el Bajo Aguan en el gobierno de JOH nunca escucharon nuestras propuestas en la búsqueda de la solución del conflicto agrario, al contrario se crearon escuadrones de la muertes y grupos paramilitares como policía de Gobierno para reprimir, asesinar y destruir el movimiento social.
Nuevamente exigimos la investigación y castigo de los más de 150 campesinos (as) asesinado en el marco del conflicto agrario, asimismo de los 13 hondureños y hondureño que fueron asesinadas durante las manifestaciones públicas en su mayoría por elementos de la Policía Militar.
Agradecemos la solidaridad de organizaciones políticas, sociales y populares de países a nivel internacional, así como también a organismos internacionales que han estado vigilantes de todo el proceso.
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