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Nos Hacen Falta es un colectivo formado por estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde hace 3 años nos hemos abocado a la tarea de acompañar en su lucha por verdad, justicia, memoria y garantía de no repetición a familiares de compañerxs universitarixs asesinadxs y desaparecidxs. El pasado año ha sido uno de los más terribles en la historia del país, así como de la UNAM: 2017 fue el año con más asesinatos del que se tenga registro en México en años recientes[1]. Entre éstos se cuentan al menos 14 muertes violentas de miembros de la comunidad universitaria: David Héctor Gómez (FES Acatlán), Daniel López Santos (Prepa 3), José León Pérez (Facultad de Ciencias), Lesvy Berlín Osorio Martínez (CCH Sur), Víctor Manuel Orihuela Rojas (Facultad de Odontología), Verónica Guadalupe Benítez Vega (FES Cuautitlán), Rosa Analí Aparicio Vega (FES Iztacala), Luis Roberto Malagón de Gaona (Facultad de Derecho), Jorge Sánchez Flores (Prepa 2), Gustavo Ernesto Reyes Álvarez (ENES Morelia), Víctor Manuel Ávila Ávalos (FES Cuautitlán), Francisco Alfieri Huitrón Snell (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), Bohdan Luis Gámez Hernández (Facultad de Derecho) y Jessica Jazmín Vargas González (Facultad de derecho).
El reciente viernes 23 de febrero hubo una balacera dentro de CU en la que murieron dos personas. Un día después, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, dio un mensaje a la comunidad universitaria expresando su responsabilización por las consecuencias de las medidas de seguridad implementadas en Ciudad Universitaria el año pasado. Durante ese año se encontraron cinco cuerpos dentro de Ciudad Universitaria, algunos incluso después de que se implementaran tales medidas.
En este contexto quisiéramos dedicar un espacio de exigencia, memoria y reflexión a las cinco muertes acontecidas dentro de Ciudad Universitaria (CU) durante 2017[2]. El seguimiento cuidadoso de estos casos revela, en contradicción con las palabras del rector, un patrón de respuesta de negligencia, desresponsabilización e ineficiencia, tanto por parte de las autoridades del Estado como las de la UNAM. En todos los casos encontramos cuatro factores recurrentes que componen este patrón de respuesta: la criminalización y patologización de la juventud, la negativa a proporcionar los videos grabados por las cámaras de seguridad del momento y lugar preciso de los hechos, y la no colaboración con la investigación y proceso de los familiares por verdad y justicia. A continuación presentamos cómo es que estos factores han estado presentes en los casos de nuestrxs compañerxs fallecidxs el año pasado.
El miércoles 3 de Mayo la Ciudad de México y la comunidad universitaria despertó con la noticia de una joven de 22 años asesinada dentro de las instalaciones de CU, cerca del Instituto de Ingeniería. Tras el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio por su pareja sentimental Jorge Luis González Hernández, se levantó un revuelo mediático, una ola de miedo y un movimiento feminista universitario. De inmediato la Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJCDMX) se apresuró a construir la versión de que Lesvy se había suicidado, intentando fundamentarlo por su propia investigación pericial (bastante contradictoria) y por una necropsia psicológica que indicó que el “suicidio” se explicaba por el estado alcohólico de Lesvy, y una supuesta depresión[3]. A esto se suman las publicaciones de la misma Procuraduría en redes sociales, que mencionan que Lesvy estaba drogándose y debía materias en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, pero que nunca mencionan nada sobre su asesinato. Así es como se puso en marcha el mecanismo sistemático de culpabilización de la víctima, mediante su estigmatización, criminalización y patologización, que por supuesto tiene como consecuencia la re-victimización de Lesvy y su familia[4]. Además, el 10 de Julio se vinculó a proceso a Jorge Luis por homicidio simple doloso por comisión de omisión (responsabilizándolo únicamente de no impedir el suicidio de Lesvy); fue hasta 5 meses después de su asesinato que se logró reclasificar su caso como feminicidio agravado, que implica revisar cada prueba desde una perspectiva de género.
Ante esto, la Universidad no hizo nada por reivindicarla como universitaria, fue la comunidad quien lo hizo. Usando de su fuerza moral e intelectual, la UNAM pudo y debió haber jugado un papel importante en la clasificación del crimen como feminicidio, sin embargo fue una vez más la comunidad, especialmente las mujeres organizadas, las que lo lograron, y esto constituye una grave falta de la UNAM y la PGJ. La UNAM tampoco hizo suficiente por colaborar con el proceso de investigación, lo cual habría sido fundamental para desmentir tal versión de suicidio, que posteriormente fue refutada por la investigación pericial presentada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Entre otras negligencias cometidas por la UNAM, se tardó en informar a la Comisión de Equidad de Género del Consejo Universitario sobre el estatus que tenía el caso hasta 48 horas después de haber hallado el cuerpo, cuando habría tenido que realizarse de manera inmediata[5]. Además, queremos denunciar que el proceso de securitización (la versión miniatura del “combate al narcotráfico”) dentro del campus que llevó a cabo la Rectoría, acabó vinculando para siempre la muerte de Lesvy con el narcomenudeo universitario.
Adicionalmente, los videos de las cámaras de vigilancia que entregó la UNAM a la PGJCDMX incluían momentos en los que se ve a Jorge Luis golpeando a Lesvy pero no el momento preciso en que es asesinada. Los horarios de los fragmentos no son lineales y en algunos no es visible la hora. Otra falla grave es que la familia y la defensa legal tuvieron acceso a la primera parte de la carpeta de investigación y a los videos hasta después de más de dos meses de lo sucedido y sólo tras mucha presión de la familia y organizaciones principalmente feministas[6]. A esto se suman hechos preocupantes acerca de la protección que la institución da a sus trabajadores, pues es un mecanismo que se reproduce frecuentemente y perpetúa la impunidad. En este caso, Jorge Luis era trabajador de la universidad como auxiliar de intendencia en la Preparatoria número 6, además de que su padre es también trabajador de la universidad, como chofer del Director General de Personal de la UNAM, Marco Antonio Domínguez.
Estas irregularidades son indignantes y han obstruido mucho el proceso de justicia[7]. Es evidente que la cooperación que ha mostrado la Universidad con el proceso de justicia para Lesvy ha sido escueta y fruto de la presión política, en este caso llevada a cabo por un enorme número de mujeres organizadas, organizaciones civiles y la fuerza de la familia de Lesvy, especialmente su madre, Araceli Osorio.
Apenas unos días después del feminicidio de Lesvy, el 8 de mayo, el cuerpo del joven Arturo Darío López Gómez, de 19 años, fue encontrado en la zona de la Cantera en CU. La familia de Arturo Darío lo buscaba desde el 28 de enero, después de que se ausentara de su hogar habiendo expresado su intención de quitarse la vida. La identificación del cuerpo tardó más de dos semanas debido al avanzado estado de descomposición. Es clave remarcar que desde el principio de su búsqueda la familia tenía serias sospechas de que encontrarían el cuerpo de Arturo Darío en esa zona de CU, sin embargo la UNAM no les permitió el acceso a La Cantera ni a los videos de las cámaras de vigilancia[8]. Una vez más, la Universidad negó la cooperación con la investigación y obstruyó el camino a la verdad de los familiares en duelo.
El lunes 12 de junio alrededor de las 22:00 horas, menos de un mes después del feminicidio de Lesvy y del hallazgo del cuerpo de Arturo Darío, Víctor Manuel Orihuela Rojas, estudiante de la Facultad de Odontología, murió al caer de uno de los pisos superiores de la Facultad de Filosofía y Letras. La respuesta a este nuevo incidente siguió los mismos patrones que los anteriores: antes de tener claridad acerca de las circunstancias en torno a la muerte de Víctor, los medios reportaban ya una gran cantidad de versiones entre las que destacan las que de inmediato apuntan a un suicidio,[9] además insinúan que Víctor se encontraba intoxicado al momento de caer[10]. A pesar de que en distintos medios señalan un forcejeo previo a la caída[11], solamente Aristegui Noticias menciona que la PGJ-CDMX abrió una carpeta de investigación por homicidio.
Sin embargo, días después El Universal reportó que la línea de investigación había cambiado a un presunto suicidio. Para sustentar esta versión se descartaron los reportes de forcejeo iniciales, al mismo tiempo que se comenzaban a publicar detalles personales de la familia de la víctima para justificar una depresión que lo habría llevado al suicidio. Esta versión fue constante y enfáticamente rechazada por los amigos y familiares de Víctor, que negaron que estuviera deprimido e incluso señalaron que la situación que se señalaba como la causante de su depresión había mejorado sustancialmente en los días previos a su fallecimiento. A raíz de la falta de respuestas convincentes por parte de las autoridades, los conocidos de Víctor se manifestaron en CU el viernes 16 de junio. A pesar de esto, la versión del suicidio siguió siendo utilizada por las autoridades.
Esta versión fue sustentada por la procuraduría con falta de evidencia de lo contrario, aunque sin evidencia que la sustentara. Es aquí donde la negligencia y falta de cooperación de la UNAM se hizo presente en el caso, ya que no entregó los videos tomados por una cámara que habría captado los eventos de frente[12]. En su lugar, otorgó unos videos tomados por una cámara mucho más lejana en la que solamente se veía una figura caer, sin proporcionar claridad respecto a los momentos previos.
El pronunciamiento oficial de la UNAM carecía tanto de detalles que ni siquiera señalaba de qué piso de la FFyL cayó Víctor. Ni Odontología ni Filosofía y Letras se pronunciaron al respecto de los hechos. Sin embargo, ese mismo viernes, la FFyL emitió un comunicado diciendo que el acceso a la misma sería únicamente con credencial por cuestiones de seguridad. En esta misma línea de respuesta, la UNAM lanzó otro comunicado días después anunciando que se incrementarían las medidas de seguridad dentro de Ciudad Universitaria ante la presencia de narcomenudistas[13] sin especificar cuáles serán las mismas.
Finalmente, llegamos al caso más callado por los medios y acallado por la Universidad: el homicidio de Luis Roberto Malagón de Gaona[14]. Luis Roberto era estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho. El viernes 18 de agosto salió de clase alrededor de las 14:30 horas y le dijo a unos compañeros que iría a la Biblioteca. En algún momento de esa tarde, Luis sufrió un ataque que le provocaría una herida en la boca y otra en la espalda, y que lo dejó inconsciente ahogándose en un charco profundo formado por la fuerte lluvia de ese día, cerca del estacionamiento entre la Facultad de Medicina y la de Odontología. Alrededor de las 19 horas, testigos trabajadores de la Facultad de Medicina vieron el cuerpo del estudiante en el agua. Dos de ellos lograron sacar su cuerpo a la banqueta y reanimarlo. Alrededor de las 19:30, paramédicos de la UNAM recogieron su cuerpo, y testigos indican que estaba consciente, sin embargo, Luis llegó inconsciente al Hospital General de Zona no.8. El informe que entregaron los paramédicos al hospital indicaba un posible daño neurológico y decía que su cuerpo estaba mojado por la lluvia, sin mencionar que había sido rescatado mientras se ahogaba. Pasaron 5 días en los que Luis no recuperó la conciencia, mientras los doctores decían estar llevando a cabo diferentes exámenes, sin poder identificar, según ellos, “qué es lo que le pasa”. El 23 de agosto Luis Roberto murió a causa de edema pulmonar y cerebral. El agua almacenada en sus pulmones y cabeza no fue drenada a lo largo de los cinco días que permaneció ingresado en el hospital.
Desde el día siguiente al ataque que derivó en la muerte de Luis, sus padres han llevado a cabo una lucha incansable por verdad y justicia, proclamando que se trata de un homicidio, mientras las instituciones se han puesto en su contra, intentando hacerlos desistir. En los pasados meses han logrado reconstruir algunos de los hechos de ese día, sin ninguna cooperación y todo tipo de obstrucciones de las autoridades universitarias y públicas[15]. La información que ha retenido la Universidad hubiera sido clave incluso para salvar la vida de Luis: Tanto las omisiones en los testimonios de los paramédicos de la UNAM como la demora en la entrega de los videos privaron de información vital a quienes atendían a Luis Roberto, y habrían podido evitar su muerte.
Durante al menos 3 meses no contaron siquiera con el apoyo de un abogado, y no fue hasta el mes de diciembre que les entregaron la carpeta de investigación, que contenía los testimonios de las personas que lo sacaron del agua, el informe de los paramédicos y los detalles sobre los golpes que presentaba, así como información de los videos, pero de muy poca ayuda.
Es notable la omisión de parte de los medios sobre este caso, lo que deriva en una falta de información de la comunidad en general. Sólo dos reportajes han sido dedicados exclusivamente al asesinato de Luis y la lucha de sus padres[16], el resto de la información se ubica en notas que recogen varios casos y publicaciones en redes sociales.
De parte de la “máxima casa de estudios” las faltas, omisiones y atropellos en el caso de Luis Roberto y hacia su familia son muchas, y en ocasiones muy graves. Es importante enfatizar en la negligencia de los paramédicos al entregar información incompleta e incorrecta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se le atendió, o más bien, donde no se le atendió adecuadamente. Además de que la UNAM no se ha pronunciado públicamente, las autoridades han mentido directamente a sus padres y han reforzado líneas de investigación que desresponsabilicen a la institución. De entre todas las negligencias, queremos resaltar una vez más los cuatro puntos que han aparecido también en los casos de Lesvy y Víctor: Las autoridades universitarias han pretendido criminalizar y patologizar a la víctima, diciendo que probablemente se encontraba intoxicado o ebrio al momento de los hechos (lo cual fue totalmente desmentido en el examen toxicológico que se realizó después de fallecer). En la misma línea, han insistido constantemente en la versión de suicidio, incluso infiriendo que el joven se encontraba “bajo mucha presión” por mantener su rendimiento escolar. La UNAM aún no ha entregado al Ministerio Público los videos de las cámaras de seguridad del lugar concreto y con las horas solicitadas, reteniendo información y pruebas definitivas para saber quiénes son los responsables de la muerte de Luis. En general, la UNAM no ha presentado disposición ni cooperación con el proceso de investigación de un delito sucedido dentro de sus instalaciones. Cuando ha contactado a los familiares ha sido sólo respondiendo a presión ejercida por éstos y sus acompañantes, así como información difundida en redes sociales. Aún en esos casos, ninguna acción ha sido realmente de ayuda en el proceso de verdad y justicia para Luis Roberto. Incluso han tenido que soportar a autoridades universitarias diciéndoles que “no busquen responsables donde no los hay”, ya que según ellos “se murió solito”.
A pocos días de acabar el semestre, el 28 de diciembre, los medios reportaban la noticia de una muerte más en CU: Roberto Carlos Villaseñor Niño había cometido suicidio,[17] dejándose caer del quinto piso de la Facultad de Medicina. Al día siguiente, la UNAM emitió un comunicado, el cuerpo fue entregado a la familia y se colocó una placa conmemorativa en la Facultad de Arquitectura, en la cual estudiaba. La presteza con la que la Universidad atendió la situación contrasta con la evasión que ha demostrado en el caso de Luis, sin embargo ambas reacciones demuestran una intención de deshacerse lo más pronto posible de cualquier responsabilidad[18].
A partir del repaso de los hechos en torno a estos casos, se derivan una serie de reflexiones sobre la actitud y acciones que toma la UNAM frente a un escenario de exacerbada y creciente violencia en cada coordenada del país. Es necesario denunciar que el modelo implementado desde el año pasado en la universidad, que se supone nos debería brindar mayor seguridad y justicia, de hecho está normalizando la violencia juvenicida y feminicida del país y cooperando con ella.
El 11 de Mayo de 2017, en respuesta al feminicidio de Lesvy, el rector Enrique Graue anunció, en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, su plan de “Diez medidas de seguridad”[19] para los campus de la UNAM. Estas medidas consisten entre otras cosas, en la instalación de más cámaras y de bases de vigilancia, mayor control de accesos a las entidades académicas y a CU, la instalación de rejas en algunos espacios de la universidad, todo ello bajo el argumento de combatir el narcomenudeo y la violencia en Ciudad Universitaria. Sin embargo estas medidas reproducen un modelo de seguridad basado en la vigilancia y el control de las personas, similar al modelo de seguridad armada del Estado mexicano. Como se ha visto una y otra vez, estas medidas están demostrando ser ineficientes no sólo para prevenir la violencia, sino también para brindar justicia a las víctimas y sus familiares. Como colectivo y comunidad preocupada, tenemos muchas preguntas: ¿Cuál es la verdadera función de las cámaras? ¿Por qué, cuando sucede algún crimen, es tan difícil para las familias acceder a grabaciones cruciales para esclarecer lo sucedido? ¿Qué implicaciones tienen para la comunidad las bases de vigilancia, el control de accesos y las rejas? ¿Qué acciones concretas están realizando para combatir la corrupción dentro de la UNAM?, ¿Cuántas veces han consultado a la comunidad sobre las formas de violencia que experimenta cotidianamente?
Desde hace por lo menos 15 años, las respuestas de la UNAM se han caracterizado de modo general por la nula o limitada cooperación con los procesos de justicia (pues sólo lo hace cuando hay presión política) y por lo tanto, por su cooperación activa con la impunidad del país, como se ha visto en las situaciones de Joaquín Jurado[20], de Víctor Castro[21], de Karen y Erik Alvarado[22] y de Pável González[23]. Sistemáticamente revictimiza a los familiares que buscan verdad y justicia, como sucedió con la familia de Lesvy Berlín, de Luis Roberto y de Víctor Orihuela. Continuamente culpabiliza a las víctimas y protege o apoya a los victimarios, como pasó con Lesvy, con Mónica Alejandrina[24]. De manera frecuente criminaliza y estigmatiza a la juventud, como pasó con Carlos Sinuhé[25]. Ha obstruido directamente procesos de búsqueda como pasó con Jesús Israel[26], también ha sido gravemente negligente, como en el caso de Luis Roberto.[27]
Estos días la violencia dentro de CU ha forzado al rector a pronunciarse y tomar responsabilidad por la crisis de seguridad que impera en las instalaciones de la UNAM. Sin embargo, este pronunciamiento de compromiso no está respaldado con hechos, por el contrario, la respuesta de la UNAM a estos casos no ha sido solamente negligente y omisa, sino que en varios casos ha obstruido activamente los procesos. ¿Por qué las autoridades hablan de combatir la inseguridad y la impunidad cuando le dan la espalda a los familiares de víctimas? La UNAM tiene una gran responsabilidad con el país, si en verdad les preocupa combatir la inseguridad y la violencia les exigimos en primer lugar que atiendan a la comunidad, que se acerquen a todas las familias, que escuchen sus dolores y sus rabias, que se pongan a su total disposición. Les exigimos que comiencen de una vez a combatir la impunidad y la corrupción dentro de la universidad. Les exigimos que cooperen con los procesos jurídicos en todo momento, y no sólo como respuesta a exigencias organizadas y presión política. Hasta que la UNAM no tome acción como debe, y no se comprometa como dice hacerlo, la “máxima casa de estudios” seguirá siendo cómplice y parte del Estado que nos está matando.
Desde la comunidad no permitiremos que esta guerra siga avanzando, lxs estudiantes continuaremos organizándonos, seguiremos luchando por una seguridad que descanse en la justicia desde la misma comunidad, caminaremos junto a las familias. Volvemos a insistir ante nuestrxs compañerxs universitarxs: es nuestra responsabilidad acompañar a las familias que buscan verdad y justicia, y defender la voz de quienes hoy no están para hacerlo.
¡Queremos justicia para todxs nuestrxs compañerxs! Justicia con perspectiva de género, que combata el machismo, el racismo y el clasismo de este país. Queremos justicia con dignidad, con memoria, con respeto y apoyo a lxs familiares.
[1]“El 2017, el año más violento de México: The New York Times”; http://www.proceso.com.mx/497633/2017-ano-violento-mexico-the-new-york-times
[2] En años pasados han asesinado por lo menos a otros cuatro compañeros en CU: José Jaime Barrera en 2016, Adriana Eugenia Morlett Espinosa en 2010 (desaparecida en CU, encontrada sin vida en Ajusco), Areli Osorno Martínez en 2002, y Cristel Estibalí Álvarez García en 2002.
[3] “Paso a paso, el último día de Lesvy”; http://www.proceso.com.mx/496250/paso-a-paso-ultimo-dia-lesvy
[4]“De Lesvy a Marco Antonio: más fácil culpar a la víctima que trabajar”;
https://plumasatomicas.com/2018/01/criminalizacion-marco-antonio-lesby/
“Filtraciones a los medios, la estrategia del Gobierno de la CDMX para culpar a las víctimas”;
[5] Dossier: “Ni UNAMenos. Justicia para el femincidio de Lesvy Berlín Osorio.La UNAM, reflexiones y memoria sobre violencias; http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/5715/niUNAMenos_CELA_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[6] “Primer peritaje de PGJDF sobre el caso Lesvy: incompleto y apunta a suicidio”;
[7] “Familia de Lesvy pide acceso a fotos y video de necropcia”; http://ciudadania-express.com/2017/08/02/familia-de-lesvy-pide-acceso-a-fotos-y-video-de-necropsia/
[8] “Joven hallado muerto en La Cantera de Pumas se habría suicidado”; https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/05/24/joven-hallado-muerto-cantera-pumas-se-habria-suicidado.html
[9]Como indicaron en El Financiero y en Excélsior.
[10]Como hicieron El universal y Excélsior
[11] Como se señala en el Universal por ejemplo.
[12] “UNAM no ha entregado video clave en muerte de Víctor Orihuela: vocero de familia”; https://m.aristeguinoticias.com/2806/mexico/unam-no-ha-entregado-video-clave-en-la-muerte-de-victor-orihuela-vocero-de-la-familia/
[13] Las autoridades universitarias constantemente hablan de narcomenudistas, pero en sus discursos nunca los vinculan directamente con cárteles de droga específicos.
[14] La mayoría de la información sobre el caso de Luis Roberto se basa en conversaciones personales con sus familiares, a quienes como colectivo acompañamos en este proceso.
[15] Para información más extensa sobre el caso de Luis Roberto: “Luis Roberto, el estudiante de alto rendimiento que murió en la UNAM”; https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2018/01/04/luis-roberto-el-estudiante-de-alto-rendimiento-que-murio-en-la-unam
[16] “Abogado de familia de alumno muerto en la UNAM acusa a la Procuraduría de omisión en indagatoria
“http://www.proceso.com.mx/515576/abogado-de-familia-de-alumno-muerto-en-la-unam-acusa-la-procuraduria-de-omision-en-indagatoria, y el mencionado anteriormente por SDP Noticias.
[17] Hasta ahora todo indica suicidio, o por lo menos no hay en medios ni en la opinión pública una versión que confronte ésta. Es importante sin embargo, señalar que la Universidad publicó la información “El estudiante dejó una nota a sus familiares donde les informó sobre su decisión de quitarse la vida” (http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_795.html) sin esperar a que la indagatoria por delito de homicidio que abrió la Procuraduría de la Ciudad de México tuviera conclusión.
http://www.animalpolitico.com/2017/11/unam-cadaver-arquitectura/
[18] Es importante indicar que Incluso en la gaceta oficial de la UNAM del 11 de Diciembre de 2017 (Gaceta UNAM, número 4927: http://www.gaceta.unam.mx/20171211/wp-content/uploads/2017/12/111217.pdf) la portada anunciaba el suicidio de Jóvenes como un problema de salud pública, ¿acaso se intenta justificar con discursos científicos los supuestos suicidios de jóvenes en Ciudad Universitaria?
[19]“LA UNAM ANUNCIA PLAN DE DIEZ MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS CAMPUS”; http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_327.html
[20] “Asesinados de la UNAM (Joaquín García) Nos Hacen Falta”
https://www.youtube.com/watch?v=kkiwVXu7dZg
[21] “Asesinados de la UNAM (Víctor Castro) Nos Hacen Falta”
https://www.youtube.com/watch?v=tjAVawWisUM
[22]“Madre describe el asesinato de sus hijos en Ecatepec y pide justicia, ‘me dejaron vacía’”
[23] “Contra el olvido y la impunidad: Pável González y Digna Ochoa”;
https://pavelgonzalezg.blogspot.mx/
[24] “Desaparecidos de la UNAM (Mónica Alejandrina Ramírez) Nos Hacen Falta”
https://www.youtube.com/watch?v=1jTOFfM5kuM
[25]“Asesinato de Carlos Sinuhé: las responsabilidades de la UNAM y la Fiscalía”;
[26] “Desaparición forzada-Caso Jesús Israel Moreno”
https://www.youtube.com/watch?v=eOEmeQsYOjg
[27] Aquí nombramos algunos de los casos que hemos acompañado como colectivo, y dejamos algunas referencias con más información para consultar.
