Más de cien millones de euros fueron invertidos por el gobierno húngaro para vallas y controles fronterizos con el fin de impedir el paso a los refugiados y migrantes, lo que significa un gasto tres veces superior al destinado en recibir a quienes solicitan asilo, publicó Amnistía Internacional en un informe.

Las medidas que Hungría ha adoptado para mantener el control en sus fronteras ha violado reiteradamente el derecho internacional, señala el documento titulado “Fenced Out”.

Por esta situación, Amnistía Internacional pide a la Unión Europa «rendir cuentas por sus incumplimientos en materia de derechos humanos» con el caso de Hungría, además de cumplir y garantizar los derechos de los migrantes y refugiados mediante la creación de “rutas legales y más seguras antes de que llegue el invierno».

La organización expresó que lo que busca Hungría es aislarse de la situación migratoria en Europa por medio del empleo de vallas y «la criminalización de quienes consiguen abrirse paso y entrar en el país irregularmente».

El informe fue derivado de diversos testimonios que aseguran que las medidas empleadas por el gobierno húngaro han sido violatorias a los derechos humanos, utilizando una «agresiva respuesta que incluye flanquear sus fronteras con soldados y policías autorizados para utilizar balas de goma, granadas de gas lacrimógeno y artefactos pirotécnicos».

Además, el uso de vehículos blindados con ametralladoras y soldados con armas de fuego ha sido otra denuncia de la organización ante la crisis que actualmente se vive, pero hasta el momento las decisiones al respecto siguen sin tomarse.

Con información de infoLibre