Chilpancingo, Guerrero. La falta de aplicación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos en las sentencias firmes emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG) es una constante en el análisis realizado por organizaciones nacionales que trabajan a favor de los derechos humanos. A ello se suma la falta de perspectiva intercultural y de género en sentencias judiciales.

En el informe “Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016” presentado este 24 de noviembre por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Regional para la Defensa de lo Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJE) se advirtió de la falta de acceso a la información que se tuvo por parte del TSJE para poder conocer de la aplicación de las reformas constitucionales en materia penal, constitucional y de derechos humanos vigentes desde hace varios años en nuestro país.

Del un total de 100 sentencias revisadas en cinco estados del país: Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Estado de México y la Ciudad de México, el 8% de casos corresponden a Guerrero “donde fue difícil la obtención de sentencias por solicitud de acceso a la información, ya que la mayoría estaban mal escaneadas o resultaron ilegibles por lo que fueron obtenidas por organizaciones que han acompañado casos como Tlachinollan. Además en el estado no hay sentencias disponibles en línea”, afirmó Sofía De Robina, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

A pesar de que dichas reformas datan del 2008 y 2011, así como del cambio en el sistema de justicia penal que inició en 2008 en México y en Guerrero en 2016, se continúa aplicando el sistema antiguo, se desvirtúa la presunción de inocencia, se da más peso al dicho de policías, o se obtienen confesiones bajo tortura, entre otros.

En estados como Guerrero, hay una clara ausencia de la perspectiva de etnicidad a pesar de que la mayoría de la población es indígena. Así mismo es ausente la perspectiva de género que impacta a su mayoría a mujeres indígenas.

Sin embargo, la aplicación de sanciones y de fabricación de delitos contra defensoras y defensores de derechos humanos es una constante, como lo afirmó Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan al referir el caso del defensor comunitario Arturo Campos, quien desde el primero de diciembre de 2013 se encuentra encarcelado de manera injusta acusado de secuestro, robo y delincuencia organizada, sin que se haya respetado su derecho al debido proceso y sin que existan pruebas que acrediten dichos delitos, al contrario se desestimó su función como Consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC).

“El poder judicial se ha politizado, hay personal en los tribunales que no tiene perfil ni carrera judicial, por lo que ha caído en desprestigio y la sociedad está incrédula de lo que significa administrar justicia en Guerrero, además, en el tema de la discriminación existente hacia las poblaciones indígenas está presente de manera sistemática hacia las mujeres, que en muchos casos la carga de prueba de lo que se señala está en su contra”, afirma Tlachinollan.

“Se necesita que las autoridades judiciales empiecen a emplear los tratados internacionales, aplicar la ley y hacer justicia”, apuntó Gabriela Carreón, abogada del Centro De Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Como organización que defiende los derechos humanos de la población indígena nos preocupa que a más de 8 años del inicio de las reformas constitucionales más importantes en México, actualmente, los jueces y en general las autoridades encargadas de verificar su cumplimiento, continúan sin respetarlas y conocerlas. Lo que provoca que existan un sinnúmero de fallos inconstitucionales que afectan en mayor manera a la población que no cuenta con los conocimientos ni medios necesarios para hacer valer sus derechos.

La falta de aplicación de las reformas constitucionales reflejan la falta de voluntad política para cambiar la realidad del sistema de justicia mexicano, dejándolo únicamente en el papel.