Ciudad de México | Desinformémonos. “Al gobierno le digo que se va a hacer justicia, se conocerá la verdad y este caso no quedará impune”, dijo a Desinformémonos, Angélica Patricia Torres Linares, una de las 11 mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones a derechos humanos, incluida la tortura sexual, perpetrada en su contra el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y el Valle de Texcoco, Estado de México, caso que, luego de 10 años, será juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Patricia nació hace 33 años, en la delegación Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, junto al cerro del Ajusco que separa a la capital, del estado de Morelos. El nombre de la delegación, es el nombre que en este país se le da a los campos en los que se cultiva el maíz. Se trata de una de las reservas ambientales con las que cuenta el centro de México y está conformada por 16 pueblos en los que aún hay arraigadas tradiciones dentro de la ciudad.

Ahí, Patricia tuvo un infancia buena junto a sus tres hermanos, su madre y su padre con quienes hasta hoy vive. “Mi papá fue quien me enseñó a trabajar y a ser honesta. Mi mamá, por otro lado, me inculcó la escuela y a ser cumplida y dedicada”.

Este contexto y condiciones enmarcaron uno de los sueños de Patricia: “ser asesora y académica respecto a los temas de pueblos originarios y comunidades indígenas”. Decidió estudiar ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a dónde, narra, diario viajaba, de Milpa alta a Ciudad Universitaria dónde comenzaron sus indagaciones, formales, sobre la defensa de los pueblos por su tierra, describe.

Ese interés la llevó a saber más y conocer de las luchas que en México se emprenden para defender la tierra y el territorio, generalmente, de mega proyectos que plantean cambios en el ambiente y en las formas de vida de los pueblos. Tal es el caso del pueblo de San Salvador Atenco y los pueblos que rodean el lago de Texcoco en el Estado de México.

En 2001, a partir de que el pueblo se enteró de un “decreto de expropiación”, de tierras, en las que se pretende construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en territorio de Atenco y del Valle de Texcoco, las y los habitantes se organizaron para detener las obras y “defender la tierra”. Cuando Atenco y otros pueblos integrados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), anunciaron la consigna: “la tierra no se vende, se ama y se defiende”, dicho movimiento generó la participación y acompañamiento de personas y organizaciones a nivel nacional e internacional que se solidarizan con dicha causa.

Las y los habitantes obtuvieron el triunfo de la eliminación del decreto y del proyecto aeroportuario, así como otros beneficios para la población, como una biblioteca, un segundo turno en la preparatoria del pueblo y una clínica abastecida de medicamentos. “La fuerza y el amor por defender lo justo, la tierra, y la dignidad, esa es la fuerza y el coraje de una persona y del pueblo”, dice Patricia, una de las mujeres que decide acompañar la “resistencia”, que en el Estado de México se mantiene desde 2001.

El 3 y 4 de mayo de 2006, más de dos mil policías desalojaron violentamente a quienes se oponían a la venta de terrenos para construir un aeropuerto alterno a la Ciudad de México con el pretexto de no dejar vender a floristas en Texcoco. La represión perpetrada por policías municipales, estatales y federales fue de tal magnitud que de ella resultó la muerte de dos jóvenes, uno de 14 años y otro de 20, personas heridas y aproximadamente 211 detenidas entre las que hubo más de 40 mujeres, una de ellas es Patricia Torres.

Los numerosos policías recorrieron los poblados, específicamente Atenco en dónde cometieron graves violaciones a los derechos humanos de la población local así como de visitantes nacionales e internacionales. Hubo detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, y uso excesivo de la fuerza. El día 4 de mayo detuvieron a Patricia en la casa a la que entró para refugiarse ante el que describió como un: “exagerado operativo en San Salvador Atenco”.

“Cuando me detuvieron sufrí amenazas, golpes en la cabeza y varias partes de mi cuerpo. Para trasladarme me subieron a golpes a un un autobús. El traslado duró ocho horas en las que me golpearon en los glúteos y senos”. Patricia y otras mujeres fueron trasladadas al Penal de Almoloya de Juárez, conocido como “Santiaguito”, ubicado en el mismo Estado de México, sin claridad de los cargos que se les imputaban.

“Entrando al penal, un policía metió su mano por debajo de mi pantalón”, acusa Patricia, quien estuvo presa ahí durante 15 días.

Al menos 11 de las mujeres que fueron golpeadas y detenidas el 3 y 4 de mayo en Atenco, denunciaron abusos por parte de las autoridades que participaron en el operativo, tanto en los allanamientos a las casas, detenciones,  traslados y algunas también ya en la estancia de encarcelamiento.

Durante diez años, denunciaron en instancias nacionales dichos abusos sin que obtuvieran una respuesta por lo que el caso fue llevado a la CIDH con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Este año, la Comisión señaló que ante la falta de respuesta del Estado mexicano para resolver las recomendaciones que le hizo, el caso se envió a la CoIDH para ser juzgando.

A pesar de lo anterior, las intensiones de construir el nuevo aeropuerto siguen en pie hasta hoy y las y los habitantes de los pueblos que se verían afectados siguen organizados en el FPDT. Mantienen su negativa por el proyecto que hoy incluye también una autopista, y denunciaron en reiteradas ocasiones, este año, que son objeto de agresiones por parte de grupos de choque y de autoridades locales que protegen las obras. El día de ayer, el Frente denunció que recibieron un nuevo ataque, esta vez a balazos, del que no resultaron personas heridas, aunque las agresiones permanecen.

Al respecto, Patricia Torres afirma que lo que la llevó a estar ese 3 y 4 de mayo en Atenco fue: “la defensa de la tierra, la defensa de las formas de vida de un pueblo, por que yo también soy pueblo y volvería a estar ahí, junto al pueblo de San Salvador Atenco”.

La llegada del caso a la CoIDH es “una esperanza”, dice Torres, de muchos años que describió como: “duros”, y afirmó que “a pesar de lo duro que fue todo este tiempo, hubo la esperanza de vivir, de encontrar justicia y de que esto no se repita”.