Sin que hasta ahora se conozca la razón de su determinación, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron posponer la resolución de los amparos en revisión 4436/2015 y 4384/2013 promovidos por la Liga de Abogados 1 de Diciembre, en representación de Gabriela Hernández Arreola y Bryan Reyes Rodríguez, respectivamente.

Los amparos buscan que el máximo tribunal del país declare inconstitucionales los delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública, contenidos en el Código Penal para el Distrito Federal.

Ambos de temas son de relevancia para manifestantes, defensores de derechos humanos y, en general, para todo aquél ciudadano, hombre y mujer, que desee ejercer sus derechos de libre manifestación, expresión y reunión.

En su sesión del 20 de enero de 2016, la Primera Sala acordó llevar al pleno de la SCJN, en donde los temas de relevancia o las controversias constitucionales son abordados por 11 ministros, la discusión relativa a la legalidad o no del delito de ultrajes a la autoridad.

Respecto de la inconstitucionalidad o no del delito de ataques a la paz pública –que sido comparado con el delito de disolución social, creado durante la década de 1940 con propósitos de persecución política, mismo que fue aplicado a discreción de la autoridad para detener y encarcelar a activistas, líderes políticos y críticos del régimen, y cuya derogación fue uno de los principales reclamos del movimiento estudiantil de 1968– los ministros de la Primera Sala determinaron enlistarlo en los asuntos a tratar durante sus próximas sesiones.

Guillermo Naranjo, de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, considera grave esta dilación en la impartición de justicia.

El litigante explica que el hecho afecta no sólo a los quejosos (Gabriela Hernández, procesada por ultrajes a la autoridad por, supuestamente, haber agredido física y verbalmente a dos granaderos, y Bryan Reyes, acusado de ataques a la paz pública y daños a la propiedad), sino a manifestantes y defensores, en general, quienes, ante esta falta de certeza jurídica, corren el riesgo de ser criminalizados ante cualquier manifestación de inconformidad.

El abogado comenta que diversas organizaciones e instancias han señalado que estos delitos son contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Destacan, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

De acuerdo con ésta última, ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública, delitos plasmados en los artículos 287 y 362 del Código Penal para el Distrito Federal, respectivamente, han sido empleados por la autoridad capitalina para la “criminalización” de manifestantes, además de que vulneran el “principio de legalidad” y representan una “restricción indebida a los derechos a la manifestación, libertad de expresión y reunión”.

Al respecto de lo ocurrido durante la sesión de ayer de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Gabriela Hernández, también conocida como Luna Flores por su nickname de redes sociales, publicó en su cuenta de Facebook: “Cinco ministros de la SCJN decidieron que no decidirían mi caso; lo pasaron al Pleno. Me dice mi abogado que pueden tardar entre seis meses o años en revisar mi amparo. Lo que a mí me parece evidente es la incapacidad de quienes administran la justicia en México”.