El 28 de diciembre, el día de los inocentes, Sara Altamirano recibió la noticia de que sería liberada, luego de pasar 5 años y 8 meses en prisión. Su caso es uno de las 380 de personas consideradas ‘presos políticos’ y cuyos expedientes se evalúan en la Secretaría de Gobernación.

El 17 de mayo del 2013, Sara acudió a la ciudad de Oaxaca a realizar un trámite para su registro como aspirante a la alcaldía de su municipio, Jalapa del Marqués, y de repente todo se esfumó cuando la detuvieron.

Su vida, es como la de muchos mexicanos, hecha a base de esfuerzo: estudió una carrera técnica como secretaria, la cual desempeñó por dos años, posteriormente se dedicó a la venta de mojarras y luego a la de pollo fresco. En 2010, decidió migrar a Estados Unidos y luego de dos años, regresó a su tierra para impulsar una rosticería, durante este tiempo se involucró con la de defensa de los derechos civiles en el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), quehacer que le proporcionó visibilidad política ante sus paisanos.

Luego, así de la nada, llegó la acusación de secuestro de los sobrinos del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, según las imputaciones, ella era la líder de una banda que también era integrada por profesores de la sección 22. Ya en la cárcel, nunca pensó dejar aquellas paredes frías de su celda en el penal de alta seguridad de Morelos.

Hoy que goza de libertad, piensa que su caso es como el de muchos otros porque simplemente así es México: un país donde para callar las voces te encarcelan, te quitan tu nombre y te llaman por un número, el de ella fue el 309.

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