Foto: Marcha de las Flores de las doce comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, año 2014. (Nelton Rivera)
Durante 2019, los incidentes, amenazas y agresiones en contra de las autoridades indígenas Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez han ido en aumento. Los ataques, en contra de la población, se desarrollan en un contexto de oposición a la planta cementera y a la construcción de la carretera llamada anillo regional. Todos estos ataques tienen en común que los autores materiales son trabajadores de la empresa Cementos Progreso o personas que respaldan abiertamente a esta empresa, así lo han denunciado las autoridades indígenas de este municipio. San Juan Sacatepéquez: el despojo de la tierra va de la mano de la cementera
Los ataques más recientes se concentraron en la Aldea El Pilar 1, en este lugar, a 35.4 kilómetros de la ciudad capital, existe un grupo que simpatiza con la empresa cementera. Con el apoyo de la municipalidad decidieron realizar la ampliación de la carretera comunal, pero no cuentan con el permiso de las autoridades comunitarias para hacerlo, y tampoco tienen aprobación de la comunidad.
Los vecinos de la aldea El Pilar 1 identificaron a este grupo como trabajadores de la empresa. Denunciaron que algunos de ellos fueron designados como “alcaldes” por la actual municipalidad, dirigida por Lazaro Pirir, sin que hayan sido electos y nombrados por la asamblea de la comunidad. Estos personajes son, quienes de forma violenta –haciendo uso de pasamontañas y armas que van desde lo contundente hasta de fuego-, han estado atacando a la comunidad y a sus autoridades.Denuncia urgente: comunidades bajo ataque de paramilitares en San Juan Sacatepéquez
Durante la noche del miércoles 13 de noviembre de 2019, el grupo paramilitar ingresó a la comunidad de El Pilar 1. La casa de don Jerónimo Set, una de las autoridades comunales, fue atacada. Lo mismo ocurrió con otras casas, a este grupo no le importa a quién puedan dañar, en el interior de las viviendas varias de las familias corrieron riesgo durante el ataque.
Estos ataques ocurren durante el día o durante la noche. A 5 minutos de la aldea El Pilar 1 se encuentra un destacamento militar y un contingente de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), destacados en la aldea Los Pajoques desde el año 2014, a pesar de los múltiples llamados de auxilio de la población, la fuerza pública se negó a brindarles seguridad y a atender la emergencia. En el centro de San Juan Sacatepéquez también funciona una comisaria de la PNC y les tomaría a los agentes tan solo 10 minutos en llegar a la comunidad, pero de esta comisaria tampoco obtuvieron respuesta. Paramilitares agreden a pobladores de San Juan Sacatepéquez
Luego de atacar varias casas dejaron pintas realizadas con spray que aseguran que son “vecinos organizados”, en otros lugares las pintas citan: “besinos organizados”. De estos hechos y de los incidentes anteriores fueron puestas las denuncias en la policía y en el Ministerio Público (MP), de las denuncias ocurridas antes, los comunitarios aún siguen esperando que sean investigadas.
El problema en San Juan Sacatepéquez no es nuevo, tienen su origen en el año 2005, cuando la empresa cementera adquirió la finca San Gabriel y comenzó a realizar los trabajos para la construcción de la Planta San Gabriel de Cementos Progreso. Todas estas operaciones sin el consentimiento de las doce comunidades Kaqchikel. El problema se agudizó cuando se inició la construcción de una mega carretera privada llamada “Anillo Regional”, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, esta carretera forma parte de la Planta San Gabriel, la más grande de la región centroamericana[1].
Desde el año 2014 San Juan Sacatepéquez fue militarizado, en la aldea Los Pajoques en terrenos de una de las familias de trabajadores de la cementera se instaló el destacamento militar. En las primeras operaciones realizadas durante el estado de excepción ese año participaron aproximadamente mil soldados e igual cantidad de policías.
Para las autoridades indígenas el destacamento y la policía fueron instalados para la vigilancia, control y represión de las comunidades que se oponen a la cementera.
El anillo regional y la sombra de la corrupción de una empresa que la construye
Actualmente la cementera no ha podido finalizar la construcción de la carretera privada, frente al avance de esta, las comunidades establecieron desde el año 2016 varios campamentos a los que llamaron de resistencia pacífica sobre las carreteras comunitarias para evitar que la empresa Constructora Nacional S.A. (Conasa) y Cementos Progreso continuaran con la construcción.
Conasa es una de las empresas de la familia Dougherty Novella, dueños de Cementos Progreso. Conasa fue señalada por el MP y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de participar en sobornos a funcionaros públicos durante el gobierno de Otto Pérez Molina, Álvaro Mayorga Girón, gerente de Conasa, aceptó en un tribunal que realizaron sobornos por Q36 millones al ex ministro Alejandro Sinibaldi Castillo en el caso conocido como “Construcción y corrupción”.[2]
Esta misma empresa es la que adquirió durante el gobierno de Jimmy Morales el contrato para la construcción del Libramiento de Chimaltenango por Q478 millones[3], sin que esté finalizada la obra y en tiempo record haya registrados serios daños. Conasa desde el 2015 inició con la construcción del anillo regional, la primera etapa comenzó en Santo Domingo Xenacoj, pero no logro avanzar al llegar a San Juan Sacatepéquez.
[1] Rosa María Bolaños. Esta es la planta en la que Cementos Progreso invirtió US$500 millones en San Juan Sacatepéquez. Prensa Libre. 11 de marzo de 2019. https://www.prensalibre.com/economia/esta-es-la-planta-en-la-que-cementos-progreso-invirtio-us500-millones-en-san-juan-sacatepequez/
[2] Prensa Libre. Álvaro Mayorga se entrega por caso Construcción y Corrupción. 18 de julio de 2017.https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/construccion-y-corrupcion-alvaro-mayorga-se-entrega/
[3] Manuel Hernández Mayén. Costo del libramiento de Chimaltenango podría aumentar un 40 por ciento. Prensa Libre. 10 de octubre de 2019.https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/costo-del-libramiento-de-chimaltenango-podria-aumentar-un-40-por-ciento/
