“El problema es como al sociedad mira el cuerpo de las mujeres. El acceso a la justicia esta sexuado, dependiendo de tu cuerpo y como lo tengas, así lo van ver y vas a tener más desventaja o menos, en como te vean”, explica Roxana Arroyo, feminista y docente del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.

Roxana, junto con varias especialistas, académicas y defensoras de derechos humanos inauguraron el Foro Hacía la Erradicación de la Tortura Sexual a Mujeres en México, donde se expuso la situación de las mexicanas referente a la tortura por parte de las fuerzas del estado y que acciones prioritarias se deben implementar para elidir la discriminación institucional y esta problemática, que en México solo se ha visto denunciado en 19 casos que son los que integran la campaña Rompiendo el Silencio.

Detrás de esta campaña están el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, JASS Asociadas por los Justo, Naciones Unidas Mujeres, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Tlachinollan, la Universidad Iberoamericana y  la Suprema Corte.

“En un contexto nacional de altísima impunidad en casos de tortura, la campaña busca visibilizar y combatir la tortura sexual contra las mujeres que son atacadas o detenidas por agentes policiales, militares o marinos, comúnmente en el marco de las supuestas políticas de seguridad del Estado, así como evidenciar que se comete con diferentes objetivos, como represión, intimidación, humillación y generación de pruebas autoinculpatorias, entre otros”, explican.

Los casos que forman actualmente la campaña son el de Miriam Isaura (Baja California), Claudia Medina Tamariz (Veracruz), Belinda García Melo (Coahuila), Verónica Razo (Distrito Federal), las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en San Salvador Atenco (Edomex), Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (Guerrero), Yecenia Armenta (Sinaloa) y Cristel Piña Jasso en Chihuahua.

Sistemático

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado que en México la tortura a las detenidas o su abuso, es prácticamente sistemático. Para Arroyo, especialista en el tema y quien colaboró en el peritaje de Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa violentada en 2002 en Guerrero, hay un profundo androcentrismo en el sistema judicial que no investiga ni castiga los casos de tortura sexual contras las mujeres, dejando un marco legal tardío.

“Cuando hablamos de una violación, no como tortura por parte de agentes del estado, en la sociedad hay una idea, que ha sido construida jurídicamente, de que la mujer es la que provoca la violación. El cuerpo de la mujer es considerado “la causa de”. Deja al violador fuera de la imputación. Esto se ve en los juicios, el tipo de abordaje e interrogatorio esta en función a como vestía, a que horas estaba ahí, “usted acepto tal cosa”…

Arroyo declara que es la propia justicia quien ampara estas prácticas como las torturas sexuales, negando además el acceso a la justicia de las víctimas, muchos veces usando los estereotipos y el sexismo para encubrir a los abusadores. La activista costarricense, experta en analizar sentencias condenatorias, explica como en muchas ocasiones para evitar juzgar un policía, los jueces se amparan en que “no hubo penetración”, “solo fue un manoseo”, es decir, usan esos mismos estereotipos sexistas impregnados en la sociedad para no narrar lo que se dio.

Esa permisividad provoca la impunidad, en palabras de Arroyo, y manda un mensaje de miedo hacía las mujeres. “Hoy voy y hay un retén de militares o policías. En el imaginario social intuyes que te pueden abusar o violar. Y eso lo piensas porque es real. ¿Dónde está la confianza?”.

La activista narra que es en los lugares donde hay muchos poderes fácticos donde influyen en el poder de la justicia. “Si el estamento militar tiene mucha fuerza, si el poder está en las maras, las victimas van a llegar porque tienen que juzgar pero el poder judicial no aborda adecuadamente la violación o el fenómeno que se está dando y visibiliza la impunidad.”

Arroyo explica que la mayoría de las veces las víctimas no denuncian una violación policial porque no tienen confianza a la justicia y “es exponerse a las miradas de los otros a ser la mujer violada, eso pasa por la interseccionalidad de discriminaciones”.

“La identidad de una persona es un prisma: soy mujer, lesbiana, indígena.. hace una unidad en mi misma pero los otros me ven a través de ese prisma. A través de una visión racista, colonialista, lesbofóbica.. Eso pesa en el valor que den a mi palabra, yo tengo una palabra devaluada”.

Es claro, pues, que la administración de justicia contiene los estereotipos, tópicos y muchas veces misoginia que se vive en la sociedad actual. Un reflejo de la realidad de millones de mujeres en América Latina. Ergo señala Arroyo, que los arquetipos de género se cuelen en la sala de audiencias es un indicador de descomposición del sistema, ya que la justicia juega un papel clave en la legitimidad del sistema y esa legitimidad está cuestionada.