Foto: Doña Gaviria busca a su hijo Cristian Camilo, desaparecido en 1998 cuando éste tenía 15 años, tras ser retenido por un grupo armado cuando se dirigía hacia Bogotá. En la imagen, Teresita muestra un retrato de uno de los centenares de desaparecidos, que, al igual que ocurre con su hijo, ella y su asociación busca desde hace años.(Danilo Arias )
Teresita Gaviria, con 73 años cumplidos, es una de las caras más visibles de la lucha de las víctimas del conflicto armado colombiano por encontrar una verdad que les ayude a sanar sus heridas y a calmar el dolor que la guerra les dejó por dentro. Fue Premio Nacional de Paz y su testimonio es una muestra de perseverancia y valentía, pero también del riesgo de vida o muerte que se corre en la azarosa búsqueda de esclarecer hechos violentos y encontrar responsabilidades históricas.
Hace más de dos décadas –el 19 de marzo de 1999–, Teresita fundó la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, a raíz de la proliferación de casos de desaparición forzada que se estaban presentando en uno de los momentos más difíciles de la guerra, que coincidían con un despliegue del paramilitarismo en todo el país. “Un sola golondrina no hace verano –cuenta Teresita–, y por eso vimos la necesidad de unirnos alrededor de una causa. La mía ha sido la búsqueda de mi hijo Cristian Camilo Quiroz Gaviria, desaparecido cuando tenía 15 años. Él salió el 5 de enero de 1998 hacia Bogotá con un ingeniero y en Doradal fue retenido por un grupo armado. Por lo que he podido indagar en estos años, fue reclutado por los paramilitares”.
Siguiendo el ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, Teresita y un puñado de mujeres víctimas se juntaron en el atrio de la Iglesia de la Candelaria, en el centro de Medellín, a gritar que les devolvieran a sus hijos. El mensaje, sin embargo, no le llegaba a la gente: “Viejas locas, brujas, de todo nos decían –¬cuenta Teresita–. Pero el dolor que teníamos era más grande que los insultos. La idea de organizarnos era la de buscar respeto y reconocimiento. Empezamos cinco mujeres y hoy somos 896”.
Ser líder social o defensor de los Derechos Humanos en Colombia es una profesión de altísimo riesgo. Son asesinados por defender un bosque, por oponerse a la construcción de un puerto, por dejar las armas, por buscar esclarecer un crimen atroz.
El año pasado, de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, fueron asesinados 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos (indígenas, afrodescendientes, campesinos) y 64 excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo Final de Paz en 2016. Desde el momento de la firma a la fecha, cerca de 1.000 líderes y 258 firmantes de los acuerdos han sido asesinados.
Tras cuatro años de implementación de los acuerdos, los fantasmas del fracaso y de una posible reedición de uno de los conflictos armados más antiguos del mundo amenazan la frágil y descomunal tarea de construir una convivencia pacífica en un país lleno de heridas y odios, acumulados en más de 50 años de confrontación fratricida.
En la mayoría de casos, las cifras no revelan la tragedia y el horror que ha dejado la guerra en Colombia, pero los números son de escándalo: entre 1958 y 2020, el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH ha documentado 357.304 actos violentos, que han dejado 266.988 víctimas fatales y 120.000 personas desaparecidas. Según el Registro Nacional de la Unidad de Víctimas, en las últimas tres décadas (entre 1985 y 2019), se han identificado 8.553.416 de personas afectadas por un conflicto armado que aún no termina. Son cifras de poblaciones del tamaño de ciudades, incluso países, dañadas y convertidas en víctimas. ¿Cómo se consigue reparar un daño de esas proporciones?
No en vano, el texto del Acuerdo Final de Paz (AFP) colombiano es el más largo del mundo y el cuarto en número de disposiciones –6 puntos generales y 578 disposiciones–, de acuerdo con el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, que hace el seguimiento internacional a la implementación y lo ha comparado con 34 acuerdos de paz vigentes en el mundo.
Desde su concepción, el AFP ha contado con múltiples detractores sociales y políticos –inició su agitada vida con un plebiscito en contra–. Desde el partido gobernante hoy han intentado modificarlo e, incluso, han pedido un referendo para desmontar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) –del que dependen laJusticia Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD)–.
“Ese conjunto normativo vinculado a la JEP, consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y violación de menores. La verdad se ha convertido en una premeditación para negar o editar los hechos de acuerdo con el interés político”, ha expresado en reiteradas ocasiones y en diferentes escenarios el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, principal promotor del No en el plebiscito y enemigo del Sistema Integral de Verdad.
El Sistema Integral de Verdad es fruto del punto 5 –Acuerdo sobre víctimas del conflicto– y su puesta en marcha es uno de los mayores logros institucionales del AFP a la fecha. Es la columna vertebral del modelo de justicia transicional y un órgano fundamental para alcanzar un mínimo de reconciliación, que permita desmontar la violencia política como forma de solución de las diferencias sociales.
Dice el conocido adagio popular que la verdad es la primera víctima de toda guerra y dicen también que la construcción de toda memoria histórica es un campo de batalla, una larga lucha, siempre desigual, entre vencedores y vencidos.
El proceso de paz colombiano se caracteriza por el reconocimiento de las partes de no haber un bando ganador. La resistencia y amenazas al Sistema Integral de Verdad se originan en el hecho de que ninguna de las partes involucradas en el conflicto puede controlar el juicio de responsabilidades y el relato que explique la violencia y las atrocidades cometidas.
La sociedad alemana, que es puesta como ejemplo por su forma de construir memoria histórica del nazismo y sus crímenes contra la humanidad, tardó lustros en juzgar por sí misma a sus verdugos. Los derrotados se negaban a considerarse victimarios. Solo fue hasta la década de los sesenta, gracias al jurista Fritz Bauer y al superviviente Hermann Langbein, que se abrió el primer proceso contra colaboradores del campo de Auschwitz-Birkenau. Antes, muy pocas personas en Alemania y fuera de ella sabían lo que significaba la palabra “Auschwitz”.
Sin vencedores, el esclarecimiento de la verdad en Colombia queda en manos de los jueces de la JEP y de instancias del sistema transicional como la CEV, que cumple su mandato de tres años y entregará su informe definitivo a finales de este año; o de entidades estatales como el CNMH, que desde 2011 tiene como misión contribuir a establecer y esclarecer las causas del conflicto armado, conocer la verdad y aportar a la no repetición en el futuro.
El papel de las víctimas en el esclarecimiento de la verdad
El papel central que juegan las víctimas es otra de las características fundamentales del AFP colombiano; en parte gracias al aprendizaje obtenido con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares, y que de acuerdo con los informes del CNMH no les dio a las víctimas “garantías judiciales ni un lugar preponderante en la construcción del sistema de justicia”.
En el caso de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, encabezada por Teresita Gaviria, han logrado recuperar 110 de las 1.176 personas desaparecidas que tienen en su base de datos, pese a las intimidaciones y atentados contra su integridad. “Las amenazas han sido el gran obstáculo que hemos tenido –cuenta Teresita–. A mí me han perseguido mucho, me han cogido, me han amarrado, me han tenido lista para morirme. Un día me tiraron a un estanque amarrada, no me podía defender. Otro día me llegó un cofre de cenizas con unas amenazas adentro. En otra ocasión dos hombres armados me dijeron que los habían buscado para silenciar la voz de organizaciones de Medellín y del país”. Por estas intimidaciones, desde 2007 está protegida por escoltas.
“Hoy la lucha es frontal, porque recientemente llegó otra carta, firmada por las Águilas Negras, diciendo que están pagando 30 millones de pesos por botarle la cabeza a la señora Teresita. Es como si con el acto de entregármela quisieran diezmar el ritmo de las acciones que llevamos, que desistamos. A mí me ponen todas las barreras y todas me la brinco. Sigo en mi lucha, porque el dolor mío es mucho”.
El proceso de paz con las Farc las llenó de esperanzas. “Lo único que nos queda a nosotras es la JEP, a pesar de todas las veces que la han atacado o intentado reformar. Desde esas instituciones conocen nuestra historia. Nosotras fuimos las primeras en hablar de reconciliación en este país, a pesar de este amargo dolor que tenemos. Si falta la verdad estamos perdidas, porque justamente detrás de ella es que vamos y es el hilo conductor de otros procesos”, dice Teresita.
José Alexander Castro es integrante del colectivo Tejiendo Memoria y desde 2006 reclama justicia por los asesinatos de un hermano y un tío, ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército y hechos pasar como guerrilleros del ELN, uno de los casos conocidos en Colombia como “falsos positivos”. En varias ocasiones ha sentido la presencia de personas que lo vigilan y siguen sus movimientos. “Después de que les di sepultura a mis seres queridos, militares vestidos de civil empezaron a perseguirme. Eso produjo que me tuviera que ir de la casa casi cuatro meses”.
Pese al riesgo, dice que no dejará de buscar justicia. “En Colombia buscar la verdad, hacer memoria, dignificar la historia, la vida y los recuerdos de los seres queridos es una tarea demasiado peligrosa, pero la asumimos con responsabilidad y valor, con todo el cariño en memoria de ellos”.
Los mensajes intimidatorios, panfletos, seguimientos a sus actividades y atentados contra la vida e integridad son los riesgos más visibles que corren hoy quienes hablan de asuntos como verdad, memoria y justicia en Colombia. Sin embargo, en el contexto de implementación de los acuerdos de paz con las Farc, los peligros no son solamente para quienes defienden la verdad, sino para la verdad misma, como una categoría social en disputa por parte de diferentes actores que en un escenario de posconflicto buscan posicionar sus visiones y relatos sobre la guerra.
Riesgos y dificultades para la verdad
“Un punto de partida clave para entender los riesgos y los peligros que afronta la verdad y la memoria en el país es que si hablamos del proceso de paz, de entrada hubo una gran oposición a él. Asuntos como el plebiscito demuestran que no estamos de acuerdo en las maneras de construir la paz. De ahí para adelante puede entenderse la oposición que encuentra cualquier iniciativa o institución para sacar adelante el proceso”, advierte Patricia Nieto, periodista y directora de Hacemos Memoria.
A las diferencias políticas e ideológicas que suscita el acuerdo y su implementación, se suma un segundo factor que juega en contra de la verdad y la memoria y es la persistencia de las confrontaciones. El país sigue haciendo memoria y esfuerzos por entender lo que pasó en medio de un conflicto que continúa. Según reportes de la Fundación Ideas para la Paz, en la actualidad hay cerca de 1.200 disidentes de las Farc en armas, de 13.049 firmantes acreditados, que hacen presencia en el oriente y suroccidente del país (Nariño y Cauca, especialmente). A ellos se suman bandas criminales (Bacrim), como Los Urabeños, Los Rastrojos o las Águilas Negras, que se disputan los territorios dejados por las Farc y el negocio del narcotráfico. De acuerdo con información de las Fuerzas Armadas, estos grupos hacen presencia en 168 de los 1.098 municipios del país y en 27 de los 32 departamentos.
“La realidad que tenemos actualmente es paradójica, porque el proceso de paz es muy interesante en su marco teórico. Con sus imperfecciones es un muy buen acuerdo, tiene elementos sustanciales claves, como tener en el centro a las víctimas y mecanismos concretos de transición, pero esta situación de confrontación hace muy difícil que se pueda avanzar con éxito en procesos de transición que produzcan reconciliación”, explica Adriana Arboleda, coordinadora del programa de atención a víctimas de laCorporación Jurídica Libertad, una entidad que desde hace varias décadas trabaja en la defensa de víctimas de crímenes de Estado en Medellín y Antioquia.
Un efecto colateral de la influencia y control de los grupos armados en los territorios es el hecho de que las víctimas, y quienes pueden esclarecer verdades del conflicto armado, se abstengan de hablar, como afirma Marta Inés Villa, coordinadora territorial para Antioquia de la Comisión de la Verdad:
“En muchas regiones del país y en Antioquia, donde hay un reciclaje del conflicto armado, la gente habla desde el miedo, porque hay coacción a la población por parte de estos actores armados, hay asesinatos de líderes. Hablar sobre hechos violentos que involucran personas con cierto poder en los territorios genera miedo. El silencio es producto de ese miedo y con eso se ha encontrado la Comisión”.
En otras ocasiones, también se generan silencios para no afectar otros intereses. “En zonas como el suroeste y una parte del occidente de Antioquia [considerada como zona turística], si bien no cuentan con una fuerte presencia ilegal, sí ha hecho falta mayor conciencia sobre la existencia del conflicto armado en otras épocas. Las dificultades para reconocer hechos que ocurrieron en el pasado aparecen por algunos intereses económicos, turísticos, que no desean ‘dañar’ su imagen o para mantener la reputación del pueblo”, dice Marta Villa.
A su vez, resalta dificultades adicionales para el avance de la Comisión y obstáculos y riesgos para la construcción de verdad, como la incapacidad de las víctimas para identificar, en muchas ocasiones, los responsables de algunos hechos, debido a lo confuso que ha sido el conflicto; la falta de voluntad de terceros implicados para reconocer responsabilidades; y la dificultad que presentan instituciones estatales para acceder a información.
¿Preparación para la verdad?
Ante un proceso de paz con resistencias desde su inicio y que concita fuerzas negativas, como la oposición política, silencios y amenazas para el esclarecimiento de la verdad y dificultades para garantizar la seguridad de quienes participan en él, la pregunta legítima que aparece en el panorama es si el país está efectivamente preparado para conocer y afrontar su verdad.
“Ningún país que haya vivido lo que ha vivido Colombia va a estar preparado para la verdad, por eso tienen que haber procesos pedagógicos y sociales que nos permitan acercarnos a esas verdades para dialogarlas y confrontarlas. Hay que salirnos del absoluto o de que hay una única verdad o una única memoria. Si es que no estamos preparados, pues debemos generar las condiciones para podernos escuchar”, afirma Adriana Arboleda.
Aunque el país no esté preparado y quizás ninguna sociedad nunca lo esté, el momento que vive Colombia frente a la verdad y la memoria no es excepcional.
Muchas iniciativas de explicación de la violencia previa a los acuerdos con las Farc han estado ligadas a momentos de relativa calma, que permitieron un acercamiento en perspectiva a lo ocurrido, como en el caso del clásico (y pionero) informe sobre el periodo de La Violencia, elaborado por Eduardo Umaña y Orlando Fals Borda (1962), pero principalmente estos esfuerzos han aparecido como producto de procesos de negociación con grupos armados.
Muestra de ello han sido la Comisión de Estudio de la Violencia, de 1987, producto del proceso de paz con las Farc en La Uribe (Meta), que dio origen a la apuesta política de esta guerrilla, conocida como la Unión Patriótica; la Comisión para la Superación de la Violencia, de 1991, resultado de las negociaciones de paz con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame; y la Comisión para el Establecimiento, Reparación y Sanción de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, de 1994.
Entre las iniciativas más recientes se encuentran informes como el ¡Basta Ya! Colombia (2013), producido por el CNMH, y la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas en Colombia (2012), compuesta por doce académicos que compendiaron sus ensayos explicativos del origen de la violencia en el país y los presentaron tres años después, en el marco de las negociaciones de paz con las Farc en La Habana.
A pesar de este importante camino recorrido, Germán Valencia, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, advierte que estos han sido ejercicios producidos desde la academia y que apenas con la Comisión de la Verdad se está empezando a incluir, de manera importante y decidida, a las víctimas y victimarios, con lo que se puede alcanzar otra perspectiva sobre lo ocurrido.
“Desde la academia hemos estado un poco más preparados para la verdad, pero la sociedad colombiana no, porque apenas estamos aprendiendo sobre los informes y hay un temor muy grande para hablar y discutir. Además, porque los informes sobre otros periodos y situaciones han sido confrontaciones menores en comparación con la envergadura y complejidad que tuvo los más de 50 años de guerra con las Farc”, añade el profesor Valencia.
Independientemente de que sea un camino nuevo, la vinculación de la sociedad civil a procesos actuales como la Comisión de la Verdad es un paso decisivo para la reconciliación nacional. Muestra de ello son los 1.200 testimonios de víctimas –y en menor medida de victimarios– que la Comisión de la Verdad ha recopilado, en sus dos años de funcionamiento, solo en Antioquia, y los más de 30 informes aportados a esta instancia por parte de diferentes organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos, sindicatos y universidades que se atrevieron a compartir sus relatos y memorias como ingredientes básicos para la construcción de verdad.
“El riesgo que corre el proceso de paz en caso de que no se satisfaga el punto de la verdad es que los ciclos de enfrentamientos y odios se repitan. Si no hay verdad ni justicia, la gente puede volver fácilmente a la venganza. Puede haber grupos de víctimas y victimarios que recalen en odios y confrontaciones. La verdad y la justicia son las que rompen y hacen que la gente se baje de esos ciclos y empiece a pensar de otra manera”, destaca Patricia Nieto.
Por su parte, miles de víctimas, como las integrantes del colectivo Mujeres caminando por la verdad, que a través de su lucha han logrado recientes decisiones como la declaración de medidas cautelares por parte de la JEP en sitios como La Escombrera o el Cementerio Universal en Medellín, donde se presume hay víctimas de desaparición forzada, siguen esperando la verdad como un proceso que desencadene la superación definitiva del conflicto.
“Cuando hay verdad, entiendo qué pasó, por qué pasó y por lo menos la justicia tiene a alguien a quien juzgar y yo a alguien para perdonar y reconciliarme. Si hay justicia y reconciliación existe una mayor probabilidad de reparación y entre todos podemos aportar para que lo sucedido no vuelva a repetirse”, dice Gloria, integrante de Mujeres caminando por la verdad, quien prefiere cambiarse el nombre por motivos de seguridad.
Publicado originalmente en Equal Times
